CONFLICTO La expectativa que genera la JEP a las víctimas
El tribunal especial que juzgará los hechos enmarcados en el conflicto inició tareas entre la esperanza y las dudas.
Con la expectativa de poder llegar a un cierre y de participar efectivamente en los procesos, se declararon algunas víctimas del conflicto armado luego que la Jurisdicción Especial para la Paz abriera las puertas al público esta semana.
La puesta en marcha de la JEP, histórica como su misma creación en el Acuerdo de Paz con las Farc, es el inicio de un proceso que durará 10 años, con posibilidad de extenderlo cinco más, para investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario.
En un país que tiene ocho millones de víctimas registradas oficialmente y la oprobiosa cuenta de 1.892 masacres cometidas en el marco del conflicto, según el Centro Nacional de Memoria Histórica, tanto por las Farc como por paramilitares, la justicia especial de paz se convierte en un mecanismo inédito a nivel mundial para brindar justicia restaurativa a las víctimas.
La JEP entra en marcha con tres salas: la de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad; la de Amnistía e Indulto y la de Definición de Situaciones Jurídicas. Igualmente, inicia labores con 6.094 integrantes de las Farc, 1.792 de las Fuerzas Armadas y 40 civiles: seis personas relacionadas con actos de protesta social y 34 por agentes del Estado diferentes a los miembros de la fuerza pública. Todos han firmado las respectivas actas.
Lo crucial por el momento es que la Jurisdicción necesita para su trabajo que entidades como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría, la Justicia Penal Militar, la jurisdicción indígena, el Consejo Superior de la Judicatura y las organizaciones sociales y de derechos humanos le entreguen informes sobre el conflicto armado colombiano. Ese es su punto de partida.
La Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, creada por la Ley de Víctimas de 2011, indicó a través de su coordinador, Odorico Guerra, que no han tenido contacto con los integrantes de la JEP.
“Eso (el informe) aun ni siquiera se ha discutido porque eso nos tomó por sorpresa. No se han tomado la molestia de enviarnos una carta de algo”, señaló.
Para Guerra, la principal preocupación es que hay una efectiva participación de las víctimas en las diferentes etapas que tendrán los procesos.
A su vez, Ángela Giraldo, hermana del diputado del Valle Francisco Javier Giraldo, secuestrado y asesinado por las Farc en el 2007, señaló que su expectativa es que la JEP sancione y que se cree un sistema riguroso de verificación del cumplimiento de las penas.
A su juicio, la participación política de las Farc debió quedar supeditada primero al paso por la JEP.
El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado y el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo han pedido que la JEP contribuya “al esclarecimiento de la verdad y reconocimiento de responsabilidad del Estado Colombiano en las violaciones masivas, sistemáticas e históricas de persecución y exterminio cometidas contra el movimientos social, popular, de oposición política, que compromete la responsabilidad de agentes del Estado”