EDITORIAL
Año a año, en la última década, esa región de Norte de Santander sufre “paros cívicos y armados”, choques entre ilegales, emergencias humanitarias... y un etcétera de problemas que no se resuelven.
“Año a año, en la última década, esa región de Norte de Santander sufre “paros cívicos y armados”, choques entre ilegales, emergencias humanitarias... y un etcétera de problemas que no se resuelven”.
Colombia tiene hoy en el mapa dos regiones en las que se escenifica una violencia frente a la cual el Gobierno Nacional pareciera incapaz de proveer soluciones: Tumaco y Catatumbo, en los extremos Suroccidental y Nororiental del país. La última semana ha sido bastante dura para la población civil en Norte de Santander, dada la confrontación entre facciones del Eln y los llamados “Pelusos” o “Epl residual”. La reacción desde Bogotá resalta por su ausencia o, si la hay, por su debilidad manifiesta.
Los problemas complejos y variados del Catatumbo, que componen una mezcla explosiva de insatisfacciones, frustraciones y hostilidades, tienen una página asegurada de noticias de muertos y delitos, mes a mes, año a año, en la prensa colombiana. El Catatumbo es lugar común de orfandad institucional y de ineficacia en el control del territorio por parte de las Fuerzas Armadas y de los organismos de gobierno en todas las escalas.
La guerra a muerte que se declararon el último mes el Eln y el Epl, según datos de Naciones Unidas, deja 5.000 personas con su movilidad restringida y 11.836 estudiantes y 553 docentes con limitan- tes y amenazas para atender sus jornadas educativas. Incluso los líderes consultados por este diario se abstuvieron de dar detalles sobre la situación, que califican de gravísima.
Hay desplazamiento de familias en la zona rural de los municipios que conforman el Catatumbo: San Calixto, El Tarra, Teorama, Convención, Tibú y Hacarí. Los factores que desencadenaron el enfrentamien- to resuenan de memoria: el control de los cultivos ilícitos y de la población civil y sus actividades, utilizados como escudo y fuente de financiación mediante extorsiones y despojos.
En diciembre de 2017 el vicepresidente Óscar Naranjo se reunió con los alcaldes del Catatumbo. Se planteó la gestión de recursos directos con los ministerios para redes de electrificación, acueducto y alcan- tarillado, infraestructura educativa y vial. Además, a comienzos de febrero pasado se hizo una feria para mostrar otra faceta de los municipios de esa provincia de Norte de Santander, bajo el lema con olor a caña y café.
No obstante esa visión esperanzadora y decidida a deshacer los estigmas que carga el Catatumbo, estuvo presente la idea de que “en la re- gión siempre hay un problema potencial de orden público”. Lo refrenda la actual disputa entre guerrillas y bandas que nubla el hecho de que de allí salga el 45 % de la producción agrícola de Norte de Santander. Es decir, tantas oportunidades son espantadas por los fusiles y la ilegalidad.
Aunque la Fuerza Pública garantiza que no hay vías bloqueadas en los 11 municipios de la subregión y que están en marcha planes de control, se trata de 17 mil personas atrapadas en el fuego cruzado de las bandas criminales y las guerrillas llamadas residuales.
No hay que olvidar que el Catatumbo es parte de la extensa frontera con Venezuela, y que allí se amplían los problemas propios del desplazamiento forzado de decenas de pobladores locales y de los migrantes del país vecino.
Esta extendida e indefinida afectación de un territorio tan importante de Colombia merece soluciones estructurales (de largo plazo y contenido social), pero también respuestas puntuales (inmediatas y de orden público) que permitan sacar al Catatumbo del conflicto desastroso y lamentable que lo sacude, casi que a diario, y que desgasta a su gente