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Seis departamentos han padecido en lo que va de 2018 el desplazamiento de sus comunidades.
3.703 desplazados en Colombia en 83 días de 2018. ¿Qué pasa?
Los primeros 83 días de 2018 han sido de zozobra para 3.703 personas que, según el último informe de la Defensoría del Pueblo, abandonaron sus tierras por los enfrentamientos entre los grupos armados que coparon los territorios tras la desmovilización de las Farc.
Los datos registrados por la entidad señalan que en Colombia, en los tres primeros meses, se han presentado 16 desplazamientos masivos en Antioquia, Nariño, Córdoba, Guaviare, Norte de Santander y Chocó, y afectaron a 1.206 familias (ver gráfico), razón por la que el defensor del Pueblo, Carlos Negret, lanzó las primeras alertas tempranas para que el Gobierno atienda la emergencia humanitaria.
Ingrid Rusinque, Delegada para Derechos de la Población Desplazada de la Defensoría del Pueblo, enfatizó que desde enero, cuando se detectaron los éxodos masivos, encendieron las alarmas para activar todos los mecanismos de protección y prevención.
“Es necesario que las personas desplazadas sean atendidas con prontitud y se les garantice las condiciones de retorno, siempre y cuando ellos tengan la voluntad de hacerlo y que haya garantías reales de seguridad para volver a los territorios”, dijo Rusinque a EL COLOMBIANO.
La Defensoría ve con preocupación el aumento de esta afectación y explicó que en enero de 2017 hubo un éxodo en Tumaco con 107 familias, y entre enero y marzo de 2017 hubo cinco desplazamientos con 913 familias afectadas.
¿Quiénes los desplazan?
La expulsión a la fuerza de los campesinos de sus tierras, es una práctica que recuerda los años más fuertes del conflicto armado cuando los datos registraron los más altos índices de salidas de los territorios. Tan solo en el 2002, según datos de la Unidad para las Víctimas, fueron sacados 761.479 personas de su tierra, siendo este el pico más alto del desplazamiento forzado en el país desde 1985 a marzo 1 de 2018.
La diferencia entre esa época y la coyuntura actual, la explica el analista del conflicto armado, Juan Carlos Ortega, es que “en ese entonces, cuando se vivía la confrontación entre las guerrillas y los grupos paramilitares, el mayor protagonismo de desplazamiento y despojo de tierras lo tuvieron las autodefensas”.
Desde ese 2002 ( salvo en los años 2005, 2007, 2011, 2012 y 2013 donde se presentaron aumentos) ha habido un descenso vertiginoso de este flagelo. Sin embargo, como lo explicó Marco Romero, director de la consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, las nuevas dinámicas del conflicto que incluyen nuevos actores ilegales como las disidencias de las Farc, las disputas por territorio y los corredores importantes para las economías
ilegales, han permitido que este tipo de violencia vuelva a afectar a la población civil.
“Hemos denunciado dos tipos de fenómenos que configuran la continuidad de la crisis humanitaria en el país y en las zonas donde persisten dinámicas del conflicto armado. Allí hay recomposición en el control de los territorios o en zonas donde hay disputas de economías ilegales. El problema radica también en que en las zonas dónde se presentan estos nuevos fenómenos de violencia hay una presencia ineficaz de la institucionalidad estatal”, indicó Romero.
A este panorama, agregó el director de Codhes, se suma que los desplazados en el país se han emprobecido aún más por el desarraigo, se han presentado nuevas víctimas y ha sido difícil su registro por nuevos requisitos exigidos para incluirlos en la reparación.
No obstante, Romero asegura que no es que el proceso de paz no haya servido, es que con la salida de las Farc llegaron nuevos actores a atormentar a los habitantes de las regiones.
Se han atendido las víctimas
Ante el llamado de atención al Gobierno para atender la crisis humanitaria hecha por la Defensoría, la oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas en Colombia, OCHA, y entidades como Codhes, el Gobierno indicó que sí se ha cumplido con la atención.
Así lo dijo a EL COLOMBIANO Ramón Rodríguez, encargado de la atención a los desplazados de la Unidad de Víctimas. “Le hemos dado cumplimiento a la ley 1448 con respecto a la atención a la población desplazada. Hemos cumplido con la inmediatez y en la atención con planes de contingencia como la entrega de las ayudas en zonas donde hay desplazamiento”.
Aunque un éxodo masivo de civiles como el de este 2018 no se presentaba hace 16 años, entre los desplazamientos de esa época y los de ahora hay pocas diferencias, pero una de ellas marca la similitud: el subregistro y la diferencia de datos (ver claves) hacen de este flagelo un problema más difícil para resolver