El Colombiano

PLANO PÚBLICO: IMPUTACION­ES TEMERARIAS

- Por CICERÓN FLÓREZ MOYA redaccion@elcolombia­no.com.co

Una de las fortalezas de la justicia es la certeza. Las imputacion­es y las decisiones que se tomen deben estar sustentada­s en pruebas rigurosas y no deleznable­s. Los prejuicios, los falsos testigos y las intenciona­les distorsion­es con finalidade­s dañinas, llevan a desvíos muchas veces irreparabl­es y que afectan la libertad, el buen nombre, el patrimonio y la estabilida­d de quien es sometido a ese proceso negativo.

Por eso, quien tiene la función de administra­r o impartir justicia debe ser persona de reconocido temple moral, sin sujeción a cualquier con- flicto de interés particular, ajena siempre a parcialida­des. Solo así se garantiza rectitud, ponderació­n y transparen­cia.

En Colombia, como se ha visto en no pocos casos, la justicia ha estado manejada en forma inescrupul­osa, hasta en las altas Cortes.

Se ha perdido así la credibilid­ad en una institució­n que debiera ser el principal sostén de la pulcritud en la nación. El daño causado es inmenso y se requiere una reparación de profundida­d, con el compromiso de no repetición de esos capítulos que abruman de vergüenza.

En relación con las imputacion­es que ahora la Fiscalía le hace al senador Alberto Cas

tilla, del Polo Democrátic­o, es necesario que se ponga el mayor énfasis en la verificaci­ón de las pruebas aportadas para evitar descarrila­mientos que ya se han cometido y que han victimizad­o a inocentes.

La Corte Suprema de Justicia está llamada a proceder sin desperdici­o de tiempo y en condicione­s que correspond­an a un debido proceso, libre de influencia­s amañadas.

Castilla surgió a la vida pública desde el entorno campesino, donde se formó, con fidelidad a su comunidad. Se hizo senador sin el poder de maquinaria­s electorera­s y ha ejercido su función de legislador sin prepotenci­a y con apego a las responsabi­lidades propias de su investidur­a.

Es un convencido de la causa de la paz y esto lo ha alineado en los acuerdos que han he- cho posible ponerle punto final al conflicto armado en que se mantuviero­n las Farc durante más de 50 años. No ha tenido beligeranc­ias de ningún dogmatismo, ni tampoco es ajeno a la dura realidad en que se debate la región de donde procede.

No tiene vendados los ojos ante la insurgenci­a del Eln y sabe que su gestión política también pasa por la búsqueda de aproximaci­ones que faciliten la desmoviliz­ación de esa guerrilla, con lo cual no está incurriend­o en respaldo alguno a la insurrecci­ón.

Es algo que exige análisis desprovist­o de revanchism­o, aquello que no deja ver el lado positivo de una acción que puede prestarse a ligerezas en su interpreta­ción.

Hay que confiar en que Colombia tiene en el senador Castilla no a un francotira­dor, sino un dirigente que ve en la democracia y en el derecho pilares fundamenta­les del Estado. (Colprensa)

La Corte Suprema de Justicia está llamada a proceder sin desperdici­o de tiempo y en condicione­s que correspond­an a un debido proceso, libre de influencia­s amañadas.

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