Erradicar mercurio, la deuda que Colombia empieza a saldar
Se ratificó el Convenio de Minamata, pero aún falta sanción presidencial y revisión de la Corte Constitucional. El reto está en la minería ilegal.
Colombia y Japón están separados por poco más de 14 mil kilómetros, pero los une una lucha que, para este caso, va dirigida a proteger la salud y el medio ambiente. Así lo han asumido ambos países –y otros 90– que se unieron a través de un convenio para erradicar y controlar el uso del mercurio en actividades tradicionales, como la minería de oro.
Se estima que 193 toneladas de mercurio se liberan en Colombia cada año, para emplearlo fundamentalmente en la minería y extracción de metales, aunque está presente en otros productos. Sin embargo, el gran problema proviene de la extracción ilegal de oro, que no tiene ningún control y, aunque la tarea está en enfrentarla, es una lucha que pareciera perderse - de acuerdo con el último informe de la Contraloría- dejando una estela de contaminación en los ríos del país.
Para hacerle frente, Colombia busca ratificar el Convenio de Minamata del que hacen parte 92 países del mundo, que se unieron para erradicar el uso de este metal, que afecta principalmente el medio ambiente, pero que de ser consumido por el hombre, puede provocar intoxicaciones que podrían llevar a la muerte.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), mostrando las dimensiones del riesgo al que se enfrenta el mundo con el uso del mercurio, plantea que “solo la minería expone hasta 15 millones de trabajadores, en 70 países, al envenenamiento. Hasta 8.900 toneladas de este metal se emiten anualmente en el mundo. Puede ser liberado de forma natural por el desgaste de rocas que lo contienen, incendios forestales y erupciones volcánicas, pero la mayor parte de las emisiones son procedentes de la actividad humana, particularmente de la quema de carbón y la minería de oro de pequeña escala”.
Así funciona
El convenio, aunque se formalizó en octubre de 2013, tuvo su origen en Japón, en 1956, luego de que dos hermanas de dos y cinco años fueron diagnosticadas con envenenamiento por mercurio. Tras estos hallazgos, se encontró que otras 900 personas fallecieron y tres mil más sufrieron algún grado de afectación provocada por este metal. Así se lee en el convenio.
“En los decenios siguientes, esta historia fue contada muchas veces, convirtiéndola en símbolo de decenas de miles de adultos, niños y neonatos que padecían lo que ahora se conoce como la enfermedad de Minamata”, así lo manifiesta la promulgación del convenio. Además, resalta el documento, “se establece un período de 15 años para terminar con la minería primaria de mercurio existente” en el mundo.
Aunque en teoría su uso es legal y permitido, ocasiona, como está claro, contaminación y daños a la salud. Por esta razón, la Contraloría General de la Nación, en un informe publicado en enero, reveló que el país no hace un control preciso de este metal, razón por la cual los índices de contaminación estaban desbordados, por su exposición a los seres humanos y su constante contacto con el agua, la flora y la fauna –la Contraloría dijo que lo mismo pasaba con el asbesto, que también buscan erradicar, pero el tema está quieto en el Congreso–.
La radiografía es clara: “el país no cuenta con una política articulada para el control y uso del mercurio”, Así lo concluye la auditoría de cumplimiento adelantada por la Contraloría, a través de su Delegada para el Medio Ambiente”. Colombia también empezó la tarea desde 2013, cuando se indicó, vía proyecto de ley, que había un plazo máximo de cinco años para eliminar este metal de la minería - se cumple en julio próximo- y 10 para erradicarlo de la industria.
¿Qué se ha hecho?
Pese a estos los reportes y cuestionamientos, el Ministerio de Minas afirma que sí se ha hecho un control al uso de mercurio de manera legal, pero reconoce que el gran desafío está en la ilegalidad, que se hace incontrolable. Mónica María Grand, directora de Formalización Minera del Ministerio de
Minas y Energía, manifestó que los trabajos se están haciendo. No obstante, resaltó que el uso de este metal por parte de ilegales ha hecho incontrolable la problemática, por lo que los esfuerzos deben complementarse a través de operativos con las Fuerzas Armadas contra este fenómeno que campea en las riberas de los ríos, como el Cauca, señala el Ministerio.
“Es un problema tan grande como el narcotráfico”, reseña la directora de Formalización del Minminas. Sin em-
“La realidad es que faltan compromisos reales del Ministerio para proteger el medio ambiente de Colombia”. NELSON VIVAS Ambientalista
bargo, la Contraloría también evidencia desinterés de las autoridades. En su auditoría reveló que hubo 24 hallazgos administrativos, de los cuales seis tienen presunta incidencia disciplinaria y dos con presunta incidencia penal, “con relación al cumplimiento del Plan Único Nacional de Mercurio se evidenció que no se ha establecido quién estará a cargo de su liderazgo o coordinación”. Otra tarea que se ha hecho es la de la ratificación del Convenio ante el Congreso, labor alcanzada hace dos semanas, tras dos años dar vueltas por las curules y las sesiones del Congreso.
Ese día, el representante a la Cámara por el Partido Liberal Luciano Grisales manifestó que “en estos momentos, en los que muchos entendemos que debemos cam- biar el modelo económico, hoy basado en la extracción de hidrocarburos y metales, son importantes logros como reafirmar el Convenio de Minamata. Debemos unirnos en torno al bien común: la vida”, que es el principal mensaje que se envía con este convenio.
Sin embargo, aquí es necesario aclarar que aún hace falta la sanción del presidente Juan Manuel Santos y la revisión de la Corte Constitucional. Posteriormente, de acuerdo con el ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, explicó que la Cancillería colombiana pedirá un segundo concepto de no objeción de las entidades con competencia en el tema, para finalmente hacer el depósito del instrumento de ratificación. “Si bien este es
un gran paso, se requieren unos esfuerzos adicionales para unirnos a este importante tratado internacional”.
La idea entonces sería cambiar radicalmente el uso del mercurio por otras alternativas, al respecto Grand señala que hay técnicas gravitacionales para separar los metales pesados de los livianos, para atrapar el oro sin necesidad de usar mercurio y evitar la contaminación y efectos negativos en la salud. Otro proceso que se emplea, por ahora como investigación, es el uso de alcoholes, similar a como se hace en la extracción de plomo y cobre.
A pesar de que el Plan Estratégico Sectorial para la Eliminación del Mercurio estimó $83.639 millones para emplear en esta labor, hasta el momento se han invertido $47.500 millones. Ambientalistas y analistas coinciden en que la cifra podría ser mayor, teniendo en cuenta la dimensión del reto que representa eliminar el mercurio de la cotidianidad del país.
Lo que resulta claro es que este metal, como herramienta para la explotación minera ya no es una opción, pero más allá de la prohibición, hay un problema de fondo: el estrecho vínculo entre la ilegalidad y la minería