En deuda frente a derechos de la comunidad LGBTI

Muerte, rechazo y discriminación es a lo que se ven expuestos los miembros de las comunidades LGBTI en Colombia.

Prueba de ello es que solo entre 2014 y 2016 asesinaron a 440 de ellos, es decir, un homicidio cada tres días, según el informe que recolectó información de alrededor de 40 entidades. “Al menos 148 corresponden a homicidios motivados por el prejuicio hacia la orientación sexual o la identidad de género”, se lee en el informe denominado “Situación de derechos humanos y derechos humanitarios en Colombia 2013- 2017”, finalizado en octubre del año pasado, pero publicado el pasado miércoles.

Gustavo Adolfo Pérez, coordinador del área de Derechos Humanos de Colombia Diversa, sostiene que aunque hay jurisprudencia que vela por sus derechos, como la pensión de sobreviviente en parejas del mismo género (Corte Constitucional en 2013), el cambio de nombre por segunda vez por motivos de identidad de género, la corrección del sexo en los documentos de identidad o la adopción igualitaria, aún persisten focos de homofobia. “La discriminación se mantiene en la sociedad, y es evidente porque se mantienen estos hechos”.

Entre los factores que evalúan como determinantes, Colombia Diversa y la Fundación Plataformas, que trabaja en el Eje Cafetero, se destacan las bajas condiciones socioeconómicas, dificultades de acceso y permanencia en el sistema educativo.

“Se han dado pasos”

José Giraldo, presidente de Plataformas, reconoce que sí hay avances. Sin embargo, “no se cumplen del todo”. “Es un problema social histórico, que no podemos cambiar en la sociedad de la noche a la mañana, pero lo que hacemos es apostarle a la educación y a sensibilizar a las comunidades para que se abra la puerta hacia el respeto”.

Otra tarea que se ha resuelto, aunque no de manera ágil, hechos de violencia policial contra personas LGBTI se registraron entre 2013 y 2016.

es la investigación de los delitos contra las personas LGBTI, promovidas desde la Fiscalía y Medicina Legal. “Han desarrollado programas para que las investigaciones sean con un enfoque diferencial, pero no ha sido lo suficientemente efectivo”, concluye Pérez.

Vale recordar las excusas públicas que debió ofrecer el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, para cumplir una orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que consideró que a una interna de la cárcel La Picota le habían vulnerado su derecho a la visita conyugal de su pareja mujer