EDITORIAL
Dice el vicepresidente Naranjo que fue por la carta de los embajadores que se enteraron de que algo estaba pasando en el manejo de los fondos para el posconflicto. ¿Dónde están los controles?
“Dice el vicepresidente Naranjo que fue por la carta de los embajadores que se enteraron de que algo estaba pasando en el manejo de los fondos para el posconflicto. ¿Dónde están los controles?”.
El 18 de agosto del año pasado, durante el foro “Transparencia e integridad en tiempos de paz”, en Bogotá, el presidente Juan Manuel Santos afirmó lo siguiente: “Queremos que este posconflicto sea un ejemplo de transparencia: los recursos de cooperación internacional, las platas que estamos invirtiendo en las zonas más afectadas por el conflicto, los proyectos que se están adelantando, que todo eso se haga con absoluta transparencia”.
Y a renglón seguido señaló que “algo que me produce mucha satisfacción es que ya el proceso de paz, en materia de transparencia, también se ha convertido en un ejemplo para el mundo”.
Si el proceso de paz con las Farc como tal es o no un ejemplo para el mundo, será más bien asunto de opinión y el Gobierno está en su derecho de querer presentarlo así. En cambio, en lo de la transparencia en el uso y destinación de los fondos aportados por países y organizaciones extranjeras para la implementación del posconflicto, no va a encontrar consenso.
Se reveló la semana pasada que tres embajadores acreditados en Colombia -los de Suiza, Suecia y Noruega- han enviado memorandos a altos funcionarios del Gobierno Nacional, no solo pidiendo explicaciones por el manejo de fondos que el país ha recibido para el posconflicto, sino solicitando explicaciones de los criterios usados para vincular y desvincular a los responsables de ejecutarlos.
Uno de los memorandos de los embajadores pide “establecer una ruta clara para que la ejecución de los recursos no tenga más dilaciones y se dé de una manera completamente transparente” (El Tiempo, 2 de abril de 2018). La respuesta del Gobierno, la semana pasa- da, no dejó de ser desconcertante: que los embajadores pidan transparencia no quiere decir que duden del uso de los fondos. Pero para mayor sensación de despiste, lo dicho ayer por el vicepresidente, Óscar Naranjo, en entrevista radial: “la primera noticia muy difusa de lo que estaba pasando vino por cuenta de la carta de los embajadores” (RCN Radio). Es decir, el equivalente a “nos acabamos de enterar” del escándalo Odebrecht en la campaña presidencial de 2014 y, como parece ya habitual, por advertencia de otros países.
En todo caso, hubo reunión el pasado viernes con embajadores de países aportantes y ayer mismo el vicepresidente Naranjo reconoció que “después de haber escuchado las sugerencias de los embajadores” se decidió retirar de su cargo a la directora del Fondo Colombia en Paz, Gloria Ospina.
Este es apenas uno de los muchos fondos creados para recibir y administrar recursos de cooperación internacional, coo- peración que, según aspiraciones del Gobierno Santos, sería del orden de US$3.300 millones hasta 2020. Una cifra que hoy parece poco realista.
Mucho más explícito que los embajadores fue el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. En carta de la semana pasada, no solo recuerda que le había informado personalmente las irregularidades al presidente de la República, sino que las concreta así: la asignación de los contratos no están cumpliendo los requisitos legales, “algunos se están direccionando”, hay opacidad en los procesos de selección, y existe una red de intermediarios que, a cambio de asignación de contratos, cobran porcentajes.
Más que las declaraciones políticamente correctas del vicepresidente Naranjo, y no obstante estar la atención puesta en las campañas presidenciales, los partidos de oposición con representación en el Congreso deben citar cuanto antes a un debate de control político, en tanto los entes de control -Procuraduría y Contraloría- y la Fiscalía -en su competencia penal- dilucidan las responsabilidades y determinan el alcance de las denuncias. Es inconcebible que a la falta de credibilidad ciudadana en el proceso, se le añada la desconfianza internacional por mal uso de los dineros que aportan