Reclutamiento de jóvenes, un problema sin rostro
Se adelantan estrategias entre diferentes organismos municipales y nacionales para enfrentar este fenómeno.
Medellín, existen dificultades para consolidar estadísticas sobre los menores de edad afectados por este fenómeno.
“El año pasado tuvimos 12 casos, pero pueden haber muchos más que no han sido reportados, por tratarse de un tema invisibilizado. Por eso queremos que tenga rostro y que podamos tener una inter- vención en prevención y atención, así como una línea judicial que evidencie esta situación”, indica Arcila.
De acuerdo con el informe de Derechos Humanos 2017 de la Personería de Medellín, uno
de los principales inconvenientes en términos del problema de reclutamiento y uso de menores de edad en actividades delincuenciales en la ciudad es la inexistencia de un plan claro de atención para la desvinculación de las víctimas de esos grupos. Alejandro De Bedout, secretario de la Juventud de Medellín, afirma que de los 554.000 jóvenes que habitan la ciudad, el 11 % (66.000) se encuentran en situación de riesgo. La principal estrategia para enfrentar el reclutamiento, indica el secretario, es la implementación de una alerta temprana para atender los casos de mayor riesgo. Alexandra Virviesca, delegada de la Unidad para la Protección del Interés Público de la Personería de Medellín, explica que, junto con el reclutamiento comercial (mendicidad, ventas callejeras), se han fortalecido modalidades de vinculación para encargarlos de la distribución de sustancias psicoactivas dentro de las instituciones educativas y surgido otras, como el reclutamiento con fines sexuales.
Un fenómeno complejo
Andrés Felipe Lopera Becerra, politólogo de la Universidad de Antioquia, explica que algunos de los factores principales que inciden en el reclutamiento, utilización y vinculación de niños y adolescentes en grupos ilegales son la presencia de dichas organizacio-
nes en sus barrios, la precarización económica, la falta de acceso a bienes y servicios básicos y las dificultades de acceso a la justicia en territorios donde los actores armados comienzan a apoderarse de espacios que, originalmente, debería ocupar el Estado local.
Adicionalmente, Lopera señala que una situación que pone en mayor riesgo a los menores de edad es que, por lo general, los reclutadores son personas cercanas a las víctimas y no agentes externos.
“No hay una diferencia tajante entre las personas que componen estas organizaciones armadas y los chicos a los cuales reclutan. Son del mismo territorio, muchas veces son vecinos o conocidos”, advierte.
Dentro de las funciones asignadas a los menores de edad se encuentran operaciones como suministro de información, cobros de extorsiones y tráfico de estupefacientes. “Están en la primera línea, donde pueden ser desechables o son más baratos” para estos grupos, asegura.
El politólogo enfatiza en que uno de los obstáculos para contabilizar a las víctimas es que no se habla solo de reclutamiento, sino también de vinculación y utilización y que estas modalidades se convierten en zonas grises que, a veces, no se abordan.
“No está muy claro cuántos están realmente reclutados, cuántos vinculados y cuántos utilizados. Asisten muy pocos jóvenes a las denuncias que se ponen en la Unidad de Víctimas. La mayoría es porque los desplazaron del territorio y necesitan una ayuda humanitaria”, aclara