Primer round en la Corte por las consultas mineras
La Corte Constitucional se apresta a decidir si preguntarle a las comunidades será determinante para la explotación de recursos.
El futuro de las consultas populares, como mecanismo definitivo para regular la actividad minera en el territorio colombiano, empezó ayer su debate en el recinto de la Corte Constitucional.
A raíz de la tutela interpuesta por la empresa indochina Mansarovar Energy, cuyos intereses mineros en jurisdicción del municipio de Cumaral, Meta, fueron bloqueados por el 97 % de la población que votó en contra del proyecto de extracción de petróleo, en el alto tribunal se vieron las caras los principales exponentes del país sobre el tema, a favor y en contra.
A favor
Quienes consideran un recurso definitivo la consulta popular para los proyectos de impacto ambiental coinciden en que esta es una solución al centralismo, poco conectado con las necesidades de las regiones y los pueblos.
Así lo expresó el representante del Concejo de Cumaral, Luis Arturo Ramírez, quien enfatizó que “desde Bogotá no conocen las necesidades de las comunidades”.
Lo secundó Gilberto Toro, presidente de la Federación Colombiana de Municipios, quien advirtió que “los entes territoriales tienen competencia para regular el territorio y los usos del suelo”.
Ahora bien, quien tomó la decisión para permitir la con- sulta en este municipio llanero, el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta, ratificó su decisión ante la Corte por medio de la magistrada Teresa Herrera, quien aseveró que la comunidad sí puede tomar esa decisión por cuanto tiene la potestad de “adoptar medidas para la protección del ambiente, por lo que puede prohibir restringir o permitir actividades mineras”.
Es de anotar que tanto la Procuraduría como la Defensoría secundaron esta potestad. Vale recordar que desde 2016, cuando la Corte protegió este mecanismo, se han realizado nueve consultas. Todas han resultado negativas para los proyectos.
En contra
El reclamo de los entes del Estado como las agencias de minería (ANM), de hidrocarburos (ANH), el Ministerio de Minas y el propio Ministerio de Ambiente, consideraron que las exigencias previas para todo proyecto son garantía para la protección del territorio, además de que el dinero que genera es significativo.
Más allá, el MinMinas calificó de “detrimento patrimonial” los proyectos que han sido bloqueados por las consultas, tasándolo en 230 mil millones de pesos, que habría sido “destinado para salud, educación y vivienda para todos los colombianos”.
“Se debe asegurar una participación ciudadana, pero no prohibir actividades constitucionalmente permitidas”, recalcó la presidenta de la ANM, Silvana Habib Daza.
Lo mismo consideró el di- rector de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Luis Guillermo Vélez: “La participación ciudadana no puede generar una grave afectación de los intereses de la Nación”.
¿Ahora qué?
A partir de ahora, la Corte, máximo órgano de decisión sobre la Carta Magna, tendrá por lo menos tres meses para tomar su decisión, sobre si mantiene el mecanismo o lo regula en favor de los proyectos de explotación.
A cargo de la ponencia quedó la magistrada Cristina Pardo, quien tomará lo dicho ayer y elaborará una exposición para la Sala Plena, que la discutirá y fallará