Aprueban la acusación a Malo, pero el tiempo está en contra
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia Gustavo Malo será acusado por la Cámara de Representantes ante la Comisión de Instrucción al Senado por cinco delitos relacionados con el cobro de dinero a políticos a cambio de torcer sus casos en el alto tribunal, en lo que ha sido llamado el cartel de la toga.
Así lo decidió la Cámara ayer, tras una larga sesión que tomó dos días por una serie de impedimentos que sustentaron varios legisladores.
Sin embargo, tras aprobar solo cinco de estos (justamente elevados por representantes que han sido investigados por Malo), la votación concluyó con 82 votos a favor de acusarlo, por dos en contra.
El paso a seguir será que la Comisión de Instrucción elabore una ponencia para que la Plenaria del Senado tome la decisión sobre Malo, que
puede estar entre la destitución, la privación temporal o la perdida absoluta de sus derechos políticos.
En este caso, ya sin fuero, el proceso penal contra Malo seguirá en su antiguo lugar de trabajo, la Corte Suprema.
Solo en ese punto, se tocará el tema de la libertad del magistrado cartagenero.
No obstante, el tiempo no está a favor del proceso, pues las sesiones ordinarias del Congreso finalizan el 16 de junio y si no se alcanza a abordar el caso, tendrá que ser tomado por los congresistas electos que entran en función el próximo 20 de julio.
Entretanto, el cerco a Malo se ha venido cerrando desde la propia judicatura, pues ayer se conoció que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial le suspendió su sueldo, tasado en 31,3 millones de pesos.
La razón reside en una sentencia de la Corte Constitucional, que considera que el servidor público no tiene derecho a la remuneración por los días no laborados sin justificación legal, y por el Decreto 1737 de 2009, que establece las condiciones para el pago de sueldos a funcionarios.
El magistrado continuará recibiendo sus aportes a seguridad social, aunque no el millonario salario.
Aunque desde el pasado 3 de abril, Malo está suspendido de sus funciones en la Corte Suprema, esta es una decisión administrativa. De prosperar el juicio en el Congreso, el magistrado perdería su dignidad como togado del máximo ente judicial del país