“En Medimás prorrogamos la medida de vigilancia especial”
Luis Fernando Cruz, superintendente de Salud, asegura que en San Andrés se han abierto cuatro investigaciones.
Enfrentar la corrupción en el sistema de salud ha sido una de las tareas que más reclama la sociedad y, para buscar estrategias que permitan identificar los focos, la Superintendencia de Salud, El Ministerio de Salud y la Universidad de Antioquia, presentaron el pasado miércoles las conclusiones del estudio “Corrupción y opacidad en el sistema de salud”.
Para conocer cómo avanza la vigilancia en Medimás, la crisis de salud en San Andrés y las respuestas ante las peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos contra las EPS (167.485 entre enero y abril), hablamos con el superintendente de este sector, Luis Fernando Cruz.
¿Qué dice el informe hecho por las tres entidades?
“Es el resultado para mitigar los riesgos de corrupción en el sistema, lo que nos permitirá evaluar los niveles de riesgo y así beneficiar al usuario, pues permitirá optimizar el uso de los recursos. Encontramos que hay que promocionar más y fortalecer la participación ciudadana, las veedurías y reforzar los canales de comunicación con las denuncias de las regiones, algo en lo que ya hemos trabajado, a través de los diálogos regionales”.
Las quejas miden las dificultades del sistema, ¿cómo está la situación?
“El año pasado fueron 480 mil quejas, frente a un total de 700 millones de atenciones, algo relativamente poco, pero cualquier queja es importante y por eso tenemos activado todos los días el grupo de Soluciones Inmediatas para so- lucionarlas y que no se comprometa la vida del paciente”.
Medimás ha sido un caso especial desde que empezó a operar, ¿cómo va esa vigilancia sabiendo que este año lleva 22.838 quejas?
“Acabamos de prorrogar la medida de vigilancia especial, incluso designando un contralor, lo que permitirá monitorearla más estrictamente. Hemos presenciado que el pico de quejas, que se presentó a comienzos de la operación, se había contenido; pero en abril incrementó de nuevo. Aquí hay que recordar que tenemos dos investigaciones, una con sanción y una a punto de concluir, pero no puedo dar detalles”.
San Andrés está en crisis de salud y no es algo nuevo, ¿qué ha hecho la Superintendencia?
“Igual que en Quibdó, Tumaco y Leticia... estuvimos allá identificando los problemas. De esas visitas resultó la apertura de cuatro investigaciones que hoy se están adelantando; dos contra la Secretaría de Salud, por presuntos incumplimientos de sus deberes en prevención y vigilancia, y hay una investigación a la EPS Universitaria y Salud Global Partners, que están adelantándose. Por ahora se estabilizó la atención hasta octubre y la idea es que sea una solución definitiva”.
¿Qué ha pasado con la sanción de un juez de Barranquilla, que obliga a la Superintendencia a asumir una responsabilidad por $85 mil millones, en el caso de empresas que no dieron garantías a los pacientes?
“La estamos discutiendo jurídicamente. No estamos de acuerdo, porque la Súper, al vigilar a una entidad, no se hace responsable de lo que esa entidad realice. Estamos absolutamente dispuestos a seguir discutiendo la decisión, porque es un precedente nefasto, en la medida en que se pueda exigir a la Superintendencia obligaciones de prestadores privados con entidades privadas que entraron en liquidación. Hay en riesgo $85 mil millones, que es dine-
ro de todos los colombianos”.
¿Cuál es la posición de la Superintendencia en el caso de la EPS Savia Salud?
“Tiene socios de lujo: Gobernación, Alcaldía de Medellín y Comfama y, en ese orden, la invitación es a que desde adentro se solucione. Hemos acompañado y manifestando el compromiso en ese ejercicio de reorganización, pero la solución está adentro, porque no se pueden afectar los derechos de 1.700.000 afiliados”