Unidad de Protección, a indemnizar familia de periodista asesinado.
A Cervantes le quitaron la escolta y lo asesinaron días después. El Juzgado determinó que se cometieron fallas en su protección.
ALuis Carlos Cervantes, el llamado “periodista más amenazado del país”, le retiraron el esquema de protección con el que había sobrevivido cuatro años de amenazas el 24 de julio de 2014 y, menos de un mes después, el 12 de agosto, fue emboscado por sicarios del Clan del Golfo que lo balearon en el barrio Eduardo Correa de Tarazá, Antioquia. Solo tres días antes de quedar desprotegido le habían dicho que lo iban a matar.
Casi cuatro años después del asesinato, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del Circuito de Medellín encontró a la Unidad Nacional de Protección culpable de haber desprotegido la vida de un hombre amenazado, lo que llevó a su posterior muerte, y le obliga a pagarle una suma de dinero a la compañera permanente, hijo, madre y los 13 hermanos.
Argumenta la sentencia, expedida el pasado martes, que “puede concluirse que existió una falla en el servicio por parte de la Unidad Nacional de Protección, UNP”.
Este dinero se sustenta en los perjuicios morales, materiales y “daño a la vida de relación causados por la muerte”.
La cadena de errores
El 31 de agosto de 2010 inició el calvario para Cervantes, quien entonces laboraba como director de la emisora Morena FM y corresponsal de Teleantioquia en Tarazá. Ese día le dijeron, por mensaje de texto al celular, que lo iban a matar.
Las amenazas venían de alias Morroco, jefe de finanzas del frente Virgilio Peralta Arenas del llamado Clan Úsuga.
Como periodista denunció el carrusel de alcaldes, en el que descubrió que el mandatario de la época, Miguel Ángel Gómez, tenía nexos con esa banda criminal.
Tras hacer las denuncias, se califica su situación de riesgo como extraordinaria, en noviembre de 2010 y se le asignó un escolta, al que se le sumó otro más, un carro especial y un chaleco antibalas.
Sin embargo, en lo que fue considerado por el juez como un error, la UNP retoma el caso de Cervantes y desmonta su protección.
El argumento fue que hacía más de un año, no laboraba en la profesión del periodismo y se limitó su perfil al de programador musical. No se contempló que había dejado de dar noticias por el calibre de las amenazas.
Cuando volvieron los mensajes amenazantes, la UNP habría fallado en la celeridad al iniciar un estudio de su condición, y más aún si se considera que la amenaza venía de la misma fuente.
Tal demora hizo que Cervantes tomara la decisión de irse de Tarazá. No obstante, la anticipada amenaza se cumplió antes de ponerse a salvo
EL COLOMBIANO se comunicó con Diego Mora, director de la UNP, quien respondió que no conocía la sentencia, que esperaba un monto mayor, pero no dio detalles al argumentar que era necesario estudiar la decisión.