Parapolíticos piden pista en JEP pero les deben a víctimas
Les deben miles de millones a las víctimas, pero sustentan estar quebrados. ¿Hay gato encerrado?
La Justicia Especial para la Paz, JEP, se ha vuelto un atractivo judicial poderoso para los políticos condenados o procesados por nexos con los paramilitares. Tan solo en la pasada semana, los exsenadores David Char, Álvaro Ashton y el exalcalde de Magangué, Jorge Luis Alfonso López, conocido como el hijo de La Gata, Enilce López, han pedido su ingreso, entre los 30 que se rumora que estarían pidiendo pista. Todos ofrecen su aporte a la verdad y anuncian contar lo que saben en aras del esclarecimiento de lo ocurrido en episodios de violencia en el país.
Al menos los dos primeros ya fueron rechazados bajo la lógica de que su asociación tuvo motivaciones políticas y personales, al margen de los hechos del conflicto.
Asimismo, reside cierta contradicción entre un compromiso con la verdad, cuando los deberes con las víctimas han sido incumplidos ya que de los 37 políticos que fueron condenados por beneficiarse de los nexos con los grupos paramilitares, ninguno ha pagado la multa que acompañó su condena. Peor que eso, todos se han declarado insubsistentes.
Según el reporte del Fondo para la Reparación de las Víctimas, con corte a diciembre pasado, la cartera de la parapolítica supera los $130 mil millones.
Pero ese no es el único inconveniente, según afirman desde esa entidad adscrita a la Unidad para las Víctimas, el nivel de pago de cada condenado es tan bajo, que contrario a descender, cada año la cifra sube por cuenta de los intereses moratorios.
Lo grave aquí es que esta situación desnuda una grieta en el sistema de cobro que tiene la Unidad de Víctimas y en general, las instituciones del país, pues las herramientas que tienen a la mano flaquean cuando un condenado oculta sus bienes a través de testaferrato.
Este fue el caso del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, que fue capturado la semana pasada luego de que la Fiscalía le encontrara un patrimonio de más de $15 mil millones que habría ocultado por medio de testaferros.
Según el ente acusador, el coronel (r) reconocido por haberle dado muerte al narcotraficante Pablo Escobar en 1993 puso 33 bienes, que habría conseguido gracias al apoyo del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, a nombre de familiares cercanos como su exesposa y exsuegra.
Aguilar, como todos los demás parapolíticos, se declaró en quiebra y tras aseverar que subsistía únicamente con su
pensión como coronel retirado de la Policía, contó en 2015 que había llegado a un acuerdo de pago de solo $500 mil.
Esto no es del todo cierto. Según le contó la directora de la Unidad de Víctimas, Yolanda Pinto, a EL COLOMBIANO en octubre del año pasado, no existe tal cosa como un acuerdo de pago: “ellos se ponen un monto de pago mensual y abonan lo que les da la gana (...) como se declaran insubsistentes, les recibimos lo que aporten, pero la deuda no prescribe”.
La misma opinión la comparte Mabel Monroy, directora del Fondo para las Víctimas, quien es enfática en que “tenemos que aceptar lo que él ofrece, uno o dos millones es mejor que nada, porque es lo que él presenta y esas deudas son obligaciones civiles. Estamos atados porque no podemos llegar a los bienes que no le conocemos”.
A Pinto y a Monroy las avalan las cifras del año pasado. Al revisar el estado de las deudas al terminar 2017, se encuentra que en total fueron abonados $70 millones 769 mil por parte de ocho condenados.
Se trata de cinco parapolíticos: el propio Aguilar, el exsenador Oscar Josué Reyes, el exalcalde de Frontino, Antioquia, Gilberto Rodríguez Celis, y los exrepresentantes Jaime Cervantes Valero y César Augusto Pérez García; más dos condenados por paramilitarismo y uno por hacer parte de Bandas Criminales.
Los pagos no son mensuales ni uniformes. El exgober-
nador de Santander fue el que más pagó con $51 millones 531 mil, dividido en un pago de $300 mil, 27 pagos de $500 mil, 12 de un millón, 5 de dos millones, dos de cinco millones y uno de $5,7 millones.
El segundo que más abonó fue Reyes, político tradicional de Santander, que abonó a su deuda de $3.683 millones 26 pagos de $300 mil para un total de $7,8 millones.
La situación es apremiante, pues el dinero de esa cartera morosa, que llega a un total superior a los $5,5 billones sumando las condenas a exmiembros de las Autodefensas, de las Farc, el Eln, las Bandas Criminales e incluso las mismas fuerzas armadas, está destinado a reparar a las víctimas del conflicto armado.
Cada centavo que se deje de pagar debe ser afrontado por la billetera del Estado.
La grieta en el sistema
La directora del Fondo para las Víctimas es enfática: si un deudor no tiene dinero a su nombre, no pueden hacer nada. Es un callejón sin salida tan claro que si a otro parapolítico se le ocurre, como a Aguilar, salir a pasear en público en un Porsche o un Ferrari, si este no tiene su nombre en la propiedad, nada ocurrirá.
Es en este punto en el que la Fiscalía y entes de control como la Contraloría y la Procuraduría cobran importancia, pues gracias estos sí se tienen las herramientas para rastrear los bienes que podrían estar ocultando los condenados por medio de testaferros.
“Tenemos convenios con las oficinas de registro y bancarias para rastrear el patrimonio de estas personas, pero si no tienen nada a su nombre, nos ata de manos. Hasta ahí podemos llegar”, recalcó la directora Monroy, antes de agregar que “si la Fiscalía encuentra otros bienes, ahí sí podemos meternos. Por eso es tan importante esa colaboración”.
Aun así, si bien la Fiscalía ha mostrado avances importantes en el rastreo de bienes a testaferros como lo hizo con Aguilar o en otros escándalos como el de Interbolsa, donde halló propiedades por más de $20 mil millones que estarían ocultando los directivos de esa empresa para no reparar a las víctimas, para estos parapolíticos no sería tan fácil, pues sus casos están en teoría cerrados, pues ya fueron condenados y tienen una sentencia.
Para que la Fiscalía pueda revisar si detrás de cada declaración de insolvencia está un caso de testaferrato, tendría que abrir una nueva línea de investigación por cada sujeto; es decir, serían 37 solo contando a los parapolíticos.
La magnitud de la tarea se antoja “titánica” y “muy complicada”, explicó Francisco Bernate, abogado experto en te- mas penales, al explicar que existen dos formas para que estas indagaciones inicien.
La primera, como fue el caso de Aguilar, que haya una denuncia formal que de pie a un rastreo de bienes. La segunda sería que la Fiscalía “tenga una hipótesis de testaferrato”, que puede nacer desde la solicitud de la misma Unidad de Víctimas, explicó Bernate.
“Es complicado. Se ha intentado promover que el multado no obtenga la libertad hasta que pague, pero son iniciativas que no prosperan”, concluyó.
Complicaciones heredadas
Con las manos atadas ante casos de testaferrato, la labor de la oficina de cobro coactivo del Fondo para las Víctimas se ha puesto a la tarea de trabajar para que ningún proceso prescriba, a la espera a que alguno dé papaya, como con el caso del Porsche.
Sin embargo, el dinero presenta un enredo a la hora de elaborar los estados financieros de la Unidad para las Víctimas, pues las deudas inflan los pasivos y generan un desbalance.
“Lo que se logra secuestrar se monetiza mientras sale la extinción de dominio y de ahí le pagamos a las víctimas”, explica Monroy.
Los bienes que llegan al alcance del Fondo entran a hacer parte de una bolsa común de recursos con los que se les gira el dinero de la indemnización.
Con eso se asegura que las víctimas de los condenados con más habilidades de escapismo no pasen años esperando.
Para este año, Pinto confesó que aunque solicitó recursos por cerca de $2,6 billones, “se nos aprobaron $1,8 billones. Aunque para el tema de la reparación integral se nos disminuyeron recursos, con lo asignado podemos seguir atendiendo pero es urgente aumentar la cifra destinada a indemnizaciones”, enfatizó.
Según el presupuesto de la Unidad, para las reparaciones a las víctimas por vía administrativa (las que concibe la Ley de Víctimas) se destinaron $468 mil 703 millones, mientras que para la vía judicial (la que concibe las demandas de los parapolíticos) son $96 mil 600 millones.
De recuperar este “talonario”, se podrían cubrir los compromisos del año.
Cómo se elabora la deuda
Las deudas que contienen las sentencias de la Corte Suprema de Justicia no son elegidas de forma aleatoria. Responden a un proceso de investigación judicial en el que participan todos los entes investigadores.
Así lo explica Jaime Arrubla, expresidente de la Corte Suprema de Justicia: “dentro del proceso debe estar acreditado el perjuicio y el daño que se hizo; teniendo en cuenta las obligaciones se procede a condenar a la reparación. Esto con base a las cifras que se recopilan en el proceso”.
Cuando un parapolítico es juzgado, si este no pone sobre la mesa su patrimonio para reparar (en aras de conseguir beneficios en su condena), el propio sistema entra a rastrear el patrimonio y con base en lo que encuentre, se estima el dinero que debe pagar.
Por eso, Arrubla es crítico con lo que se ha descubierto en este tema: “El aparato investigativo debe tener formas de seguir ese patrimonio, como se hace hoy con las Farc”.
Al jurista no le cabe duda de que “todos los delincuentes tienen escondido su patrimonio, no le quepa duda. Si la persona está ilíquida es una condena que queda para enmarcar”