Lo que va de Santos a Duque en la paz
Hoy podría votarse la JEP, eje del Acuerdo de Paz; pero se esperan planteamientos del nuevo presidente.
La Jurisdicción Especial de Paz (JEP), los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional y los ajustes al Acuerdo con Farc son propuestas que pondrá en marcha el presidente electo, Iván Duque. Este es el panorama.
El largo camino de la paz, recorrido durante cuatro años de negociación con las Farc, vuelve a enfrentarse a una etapa cuesta arriba por los posibles cambios que traerá el presidente electo, Iván Duque, y el ritmo desacelerado del Congreso para aprobar los temas fundamentales en la implementación del Acuerdo.
Lo cierto es que los parlamentarios, que poco han avanzado en la implementación, ya no acogen las recomendaciones del presidente Juan Manuel Santos o de su ministro de Interior, Guillermo Rivera. El domingo fue elegido un nuevo mandatario y a él están obedeciendo.
Son varios los puntos sobre los que Duque tiene reparos y que, a 44 días de su posesión como mandatario, piensa implementar en el país.
“Esa paz que añoramos, que reclama correcciones, las tendrá para que las víctimas de verdad sean el centro del proceso y garanticemos verdad, justicia, reparación y no repetición”, dijo Duque.
JEP, primera a evaluar
De esos puntos el primero a evaluar es la Justicia Especial para la Paz, JEP, concebida como el eje central del Acuerdo de paz con las Farc porque contiene el tipo de penas para los delitos cometidos por excombatientes.
El sí definitivo a la JEP ha tenido obstáculos que no han permitido que el proyecto vea la luz: la falta de quórum para su aprobación, la declaratoria de inhabilidades de varios congresistas a la hora de votar; y posponer la votación.
Esta cadena de aplazamientos tiene asidero, según lo expresado por varios congresistas y el mismo presidente electo, Iván Duque, en los cambios que a su juicio debería tener este sistema de justicia transicional.
“La reglamentación que se está adelantando es una ley estatutaria que no ha pasado por la revisión de la Corte Constitucional. Si el Congreso reglamenta una ley inexistente hay un vicio de forma”, señaló Duque.
Algunos congresistas se adhirieron a esa premisa de buscar los nuevos cambios expresados por Duque incluso antes de la campaña presidencial. Para tal efecto se creó una subcomisión que se reunió ayer con el nuevo presidente para conciliar las inconsistencias y llevar hoy lo conciliado al Congreso.
El senador Luis Fernando Velasco expresó que lo más probable es que la votación del sistema de justicia transicional se de en la próxima legislatura, situación con la que él dice no estar de acuerdo.
“Tengo la impresión que de alguna manera el proyecto ha tomado un ritmo más lento esperando el nuevo Gobierno. Si lo retrasa el Centro Democrático es coherente con lo que ha sido su debate, pero si lo rechazan sectores de la Unidad Nacional que votaron afirmativamente la reforma constitucional, es una actitud oportunista, lambona, que no se ve bien”, dijo Velasco.
Ante el panorama de un posible aplazamiento y con las vacaciones de los congresistas a la vuelta de la esquina, el presidente Juan Manuel Santos indicó que de no aprobarse hoy el proyecto para el funcionamiento de la JEP convocaría a sesiones extras porque en palabras del mandatario: “La paz tiene que estar por encima de cálculos políticos”. No obstante,
los congresistas estarían obligados a discutirla, pero no a aprobarla y la reglamentación no se hundiría porque, al haber sido aprobada en primer debate, puede seguir su trámite en la nueva legislatura del 20 de julio.
Así mismo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, le respondió al presidente Duque la aprobación del sistema transicional puede darse porque la JEP no depende de la Corte “tiene vida gracias a la Constitución”.
Acto seguido indicó que las mayorías del Senado excluyeron la votación del proyecto para la JEP pese al llamado del Gobierno a su aprobación con mensaje de urgencia e insistencia, y expresó que “refleja la indolencia con las víctimas”.
ELN, el segundo caso
Más allá de la JEP, el Eln es otro de los puntos de la agenda que tendrá revisiones según Duque, quien expresó que la única forma de negociar con este grupo guerrillero es si ellos se
concentran y cesan todas las hostilidades, acciones que serían verificadas por una comisión internacional.
“Debemos tener tiempos claros y mirar cuáles pueden ser los elementos de transicionalidad que pueden implicar una reducción sustancial de penas pero no la ausencia de las mismas. Cualquier proceso tiene que implicar que no haya violencia”, dijo Duque.
Conocidas las intenciones del nuevo mandatario, alias Pablo Beltrán, jefe negociador de esa guerrilla en Cuba, explicó a Duque que hay avances en la agenda y que espera que después del 7 de agosto, cuando se posesione, continúe con esta mesa de negociación.
Frente a las correcciones propuestas por Duque al Acuerdo, Beltrán aseveró en entrevista a AFP: “Esa es una costumbre perversa de esta élite. Hace acuerdos pero luego los renegocia para dejarlos más chiquitos. Si le dicen a la guerrilla: dejen de ser un grupo ar- mado rebelde, es cambiar de esencia, pero ellos (el próximo gobierno) no quieren cambiar”.
¿Esperan al otro gobierno?
El aplazamiento de la aprobación al proyecto de la JEP es, para los expertos, una muestra de que este Congreso ya no le apuesta a la paz de Santos sino a las ideas de Duque.
Enrique Serrano, politólogo y profesor de ciencia política de la Universidad del Rosario, considera que esta acción involucra tanto al Gobierno de Juan Manuel Santos como al mismo Congreso.
Para el experto lo que hay es un oportunismo “para tratar de pagar el costo político más bajo porque cualquier control a la JEP causará acusación en contra de la paz”.
Para Kenneth Burbano Villamarin, director del Observatorio Constitucional de la Universidad Libre, el presidente electo no tiene otra alternativa que continuar con lo acordado con Farc, porque sus exintegrantes se desmovilizaron y se acogieron al Acuerdo y eso tiene respaldo constitucional, razón por la cual no pueden haber modificaciones, “solo en la implementación legal, sin que haya regresividad en materia de derechos humanos y sin violar lo acordado”