¿Qué tan blindado está el Acuerdo firmado entre Gobierno y Farc?
El nuevo presidente Iván Duque no tiene fácil la posibilidad de cambiar lo acordado en Cuba.
“Acabo de reiterar el mensaje de urgencia para la JEP. La paz tiene que estar por encima de los cálculos políticos”. JUAN MANUEL SANTOS Presidente de la República
El compromiso del blindaje del Acuerdo de paz con las Farc, que incluye la protección de lo acordado por tres periodos presidenciales, fue parte esencial para el desmonte y desarme de la que se consideró hasta el 2016 la guerrilla más antigua del continente americano.
Hoy, siete meses después de firmado ese Acuerdo, el blindaje genera dudas con la propuesta del presidente electo Iván Duque quien, como promesa de campaña, indicó que se harán modificaciones porque lo acordado lo amerita y de esta forma “poner a las víctimas en el centro”.
Ante la inseguridad jurídica expresada por los excombatientes de las Farc si no se le da cumplimiento a lo pactado, y para disipar dudas, el presidente Juan Manuel Santos indicó que “el Acuerdo está blindado jurídicamente, no hay posibilidad de echar para atrás el proceso”.
Por esta razón, el camino que el nuevo mandatario de los colombianos escoja para realizar estos cambios no es tan claro y expedito. Los expertos aseguran que para hacer los cambios propuestos por Duque deberá contar con mayorías, y recorrer un camino que pasa incluso por una reforma constitucional, opción que tardaría hasta un año en consumarse.
¿Puede o no modificarse?
Alejo Vargas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Nacional considera que Duque sí puede modificar el Acuerdo, sin embargo, no es un trámite fácil porque implica una refor- ma constitucional que conlleva dos legislaturas.
“Esos cambios tendrían un alto costo internacional por el compromiso de Colombia con el Consejo de Seguridad y con Suiza, garante del DIH, además, el respeto como Estado a los compromisos empeñados”, comenta Vargas.
Esta visión es compartida
por León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación, quien dijo que no se puede olvidar que el Acuerdo, tal y como está, pasó por un proceso que incluyó la no aceptación en el plebiscito, la incorporación de los cambios solicitados por la oposición y la nueva firma en el Teatro Colón en noviembre de 2016.
“El conjunto de los acuerdos tuvo una refrendación en el Congreso, luego tuvo una validación en la Corte Consti-
tucional, de manera que cubrió todas las instancias legales y constitucionales, y en esa medida tiene fuerza constitucional y una fuerza de ley que lo blinda”, asevera Valencia.
El analista político precisa que otros aspectos derivados del propio Acuerdo, como la JEP, el tema de las víctimas, la reforma rural integral y la participación política, fueron tramitadas por Fas-Track, por medio de un acto legislativo o por decreto presidencial “y ahí hay un blindaje”.
Aún así, explica León Valencia, algunos puntos sí podrían cambiarse si se sigue el trámite adecuado y este es realizando una reforma constitucional que podría tardar hasta un año, con los ocho debates reglamentarios y con las mayorías a favor.
La posición de Carlos Antonio Lozada, excomandante de la guerrilla y ahora líder político de Farc es que “a menos que el presidente electo quiera violar la Constitución, tendrá que respetar el Acuerdo. Modificarlo es un imposible jurídico y político”.
Pese a los inconvenientes con respecto a la aprobación de la Jep y otros asuntos con el Acuerdo, el ministro del Interior, Guillermo Rivera, envió ayer un mensaje: “La paz no se puede ir de vacaciones y este Gobierno trabajará hasta el último momento por la implementación del Acuerdo”