Negocios digitales, a pagar impuestos en Chile
Cómo cobrar tributos a plataformas como Airbnb, Netflix o Uber, ese es el reto que enfrentan varios países en Latinoamérica.
El ministro de Hacienda chileno, Felipe Larraín, anunció que el gobierno comenzará una reforma para que las empresas de la economía digital paguen impuestos. La nueva tributación impactaría a plataformas como Uber, Netflix, Airbnb, AliExpress y Spotify. Según Larraín, “todo el comercio digital debe tributar aportando al desarrollo y nivelando la cancha con sus competidores”.
Con esto, Chile se suma a la lista de países que implementarán impuestos a los negocios que son nativos digitales, como Colombia y Argentina.
El crecimiento de estas plataformas es tan grande que desde 2014 la OCDE reconoció que “es difícil separar el radio de acción de la economía digital del resto de la economía a efectos fiscales”. Además, se trata de un negocio en constante evolución.
El reto
Expertos señalan que este tipo de cobros son necesarios porque las plataformas recaudan mucho dinero. Luis Fernando Agudelo, profesor de la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Medellín, explica que hay un serio problema de igualdad porque estos negocios están absorbiendo una gran cantidad de recursos de los países en unas condiciones que hacen que un competidor local esté en desventaja”.
Al respecto, Alejandro Useche, docente de la escuela de Administración de la U. del Rosario, indica que es positivo que los impuestos de las empresas de la economía digital se equiparen con los que deben pagar las empresas tradicionales ya que “mandan un mensaje claro a los emprendedores de que la forma de evadir los tributos no es creando plataformas digitales”.
Sin embargo, aunque la propuesta es aplaudida por los analistas, esta tiene el gran reto de buscar cómo se determinará el cobro de los tributos a plataformas como Airbnb, Netflix o Spotify porque se trata de negocios que, si bien prestan servicios en muchos países, no cuentan con una sede física en cada lugar, hecho que hace que para el Estado sea más difícil fiscalizarlos.
Por ahora la propuesta está en la agenda de varios países latinoaméricanos, la pregunta es ¿cómo la implementarán?