EDITORIAL
El problema de las bandas criminales es creciente en varias capitales del país. En la última semana unas 47.000 personas en Medellín fueron afectadas por un paro de transporte debido a amenazas.
“El problema de las bandas criminales es creciente en varias capitales del país. En la última semana unas 47.000 personas en Medellín fueron afectadas por un paro de transporte debido a amenazas”.
Si algo hay que reconocerle al alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, es que desde su posesión no le ha temblado la mano para enfrentar una delincuencia de la que advirtió su complejidad, en buena parte sustentada en estructuras con décadas de existencia; enorme poder económico derivado de actividades como el narcotráfico, la extorsión y su capacidad intimidatoria; control de territorios y tentáculos criminales regionales, nacionales e incluso internacionales.
El alto número de capturas, 107 jefes y 2600 integrantes de combos e identificación de las estructuras de las 10 odines que operan en la ciudad, desmantelamiento de bandas, plazas de vicio y presencia de autoridad en zonas complejas, todo con apoyo de la Fiscalía, Ejército y Policía, dan cuenta de la efectividad de su campaña por devolverle la seguridad a la ciudadanía.
Sin embargo, el tema va más allá de los esfuerzos de uno o varios alcaldes y exige una acción real del Estado porque el problema de las bandas criminales crece en la mayoría de las capitales. Es una guerra de hordas, con fines económicos, contra la población civil.
Las zonas más deprimidas, no solo en Medellín, también en Cali, Bogotá, Barranquilla, Pereira, Bucaramanga y otras ciudades, las están convirtiendo en escenarios de confrontación armada entre organizaciones de bandidos que han creado fronteras privatizando las calles, el espacio público, plazas de mercado y convirtiéndolas en escenario de escarnio, extorsión y exigencias a todos los ciudadanos. Así someten a buseros, taxistas, chanceros, vendedores ambulantes, reciclado- res, tenderos, pequeñas industrias o cualquier otra actividad productiva de subsistencia.
De hecho, la última semana ha sido especialmente crítica para cerca de 47.000 personas en varios sectores del occidente y noroccidente de la ciudad debido al paro de varias rutas de buses y microbuses por amenazas de combos contra los conductores y empresas que se negaron a pagar las de- nominadas “vacunas”.
No obstante la respuesta oficial con pie de fuerza, captura de cabecillas, identificación de delincuentes y presencia del alcalde en algunas de las rutas afectadas, varios conductores prefirieron renunciar a sus puestos de trabajo para evitar futuros ataques y el problema solo se resolvió ayer cuando los afectados comprendieron el control que se ejercía, de parte de las autoridades, contra quienes los intimidaban.
Se espera que el componente de seguridad del nuevo gobierno tome nota del mismo, y no contemple este como un asunto insular o residual, y le haga frente con normas y acciones adecuadas.
Está demostrado que estos desafíos de la delincuencia a la institucionalidad no se resuelven con grandes asaltos policiales, militares y de Fiscalía porque las bandas simplemente pasan de un lugar a otro. Esto requiere presencia del Estado en seguridad, salud, educación, vías, servicios, normas adecuadas y eficientes y actuaciones judiciales contundentes e inteligencia policial.
Hay toda una cadena de errores en la política pública de la seguridad que está dando al traste con los programas de paz y convivencia ciudadana en el país. Si hace diez años el Estado hubiese entendido y enfrentado, como debió ocurrir, el afianzamiento de la criminalidad en las ciudades no hubiese llegado tan lejos.
No son necesarios más estudios, ni diagnósticos, ni análisis sobre causas y razones de los conflictos urbanos, ya se sabe qué los causa. En consecuencia, se necesita que el Estado actúe con la prontitud y la contundencia requeridas