El problema de la doble instancia
En enero se dio vía libre a la doble instancia para juzgar a parlamentarios. No está reglamentado y los procesos pueden ir a tribunales internacionales.
Pese a que es una garantía internacional que haya dos etapas en un proceso, hasta principios de este año Colombia implementó esa medida para los congresistas. Explicamos la coyuntura que se presenta.
No se ha posesionado el nuevo Congreso y tres de sus miembros van a ser investigados por la Corte Suprema de Justicia. En la lista están: la conservadora Aída Merlano, el senador de Cambio Radical Fabián Castillo y la representante del Centro Democrático Margarita Restrepo.
A los tres se les acusa cometer delitos contra los mecanismos de participación democrática. Así mismo, miembros de todos los partidos que repiten curul en el Congreso están siendo investigados por el alto tribunal.
Las pesquisas tienen que ver con los escándalos que han golpeado al país en los últimos años: parapolítica, el cartel de la toga, Odebrecht, y la indagación por supuestamente recibir incentivos para aprobar proyectos de ley a favor del Gobierno.
En el limbo
Sin embargo, aún es incierto cómo serán juzgados, todo gracias a la reforma constitucional que instauró la doble instancia para congresistas (derecho que tienen todos los ciudadanos) que tuvo el aval en enero de este año. Los investigados reclaman este derecho y están tomando acciones para evitar que los procesos avancen hasta que tengan certeza.
Cuando fue aprobada la norma quedó claro que se debían crear nuevas salas de instrucción y juzgamiento de primera instancia pero aún no existen. Sin embargo, en su momento, se advirtió que los procesos no se congelarían. Según el magistrado de la Cor- te Suprema de Justicia Fernando Castro, hasta que la doble instancia se implemente el alto tribunal “debe seguir conociendo casos, pues la administración de justicia no puede quedar al garete, ni expuesta a una parálisis”.
Cabe anotar que los magistrados que hoy adelantan los procesos de primera instancia en la Corte serán, más adelante, quienes lleven los procesos de segunda.
A juicio de Iván Cancino, quien ha representado a parlamentarios ante el Alto Tribunal “en la norma sí hay un va- cío legal porque se trata de un derecho, se reglamentó pero no ha pasado de fondo. En el caso del exrepresentante Pedro Muvdi pedí segunda instancia y me dijeron que no, cuando ya se había pronunciado la Corte Constitucional al respecto y está vigente”. Para el abogado, están dadas las cosas para ir ante la CIDH.
Los antecedentes
De hecho, la Corte sentó un precedente en el caso de Mario Salomón Náder quien apeló su condena por ‘parapolítica’ argumentando que la do- ble instancia había sido aprobada. El alto tribunal dejó claro que “el Acto Legislativo rige desde 18 de enero de 2018. La condena fue en 2012, y los efectos no son retroactivos”.
El exsenador Álvaro Ashton involucrado en el cartel de la toga y en parapolítica también hizo el intento. El pasado 29 de mayo presentó una demanda para suspender su juicio. Según su defensa “se le está violando el debido proceso, pues se le debería aplicar la segunda instancia a la que tienen derecho los aforados”. La Corte no le dio la razón.
El constitucionalista Juan Manuel Charry sostiene que los procesos de primera instancia no se pueden parar simplemente porque la segunda no está lista “la etapa posterior del proceso es una garantía para que la decisión tomada sea revisada y no implica la suspensión”.
Aunque los procesos no se han congelado, existe la posibilidad de que lo congresistas demanden ante tribunales internacionales, pues a falta de doble instancia, pueden reclamar que en Colombia no hubo garantías de juzgamiento.