EDITORIAL
Sea que lo siga investigando la Corte o lo haga la Fiscalía, el trabajo tiene que ser imparcial. Su retiro del Senado priva a un amplio sector de la sociedad de su representante ante las instituciones del Estado.
“Sea que lo siga investigando la Corte o lo haga la Fiscalía, el trabajo tiene que ser imparcial. Su retiro del Senado priva a un amplio sector de la sociedad de su representante ante las instituciones del Estado”.
Tanto el llamado a indagatoria de una sala de la Corte Suprema de Justicia, como la posterior renuncia a su curul en el Senado por parte del expresidente Álvaro Uribe, son dos hechos de profundas consecuencias, políticas y jurídicas. Las políticas son forzosas e inevitables, cuya hondura puede afectar el trámite mismo del expediente que se le sigue al expresidente en la Corte Suprema, y del que se espera –derecho irrenunciable no solo del investigado, sino de la sociedad– un examen estrictamente jurídico, apegado al derecho y al debido proceso.
La decisión de llamar a indagatoria al expresidente la toma una Sala de Instrucción. No es la Sala Penal. Y lo hace dentro del período de investigación. El expresidente ni ha sido acusado ni menos llamado a juicio. Con la entrada en vigencia de la reforma constitucional de enero de este año, las personas con fuero, como los senadores, son investigados por una Sala de Instrucción, que de encontrar mérito para acusar por la comisión de delitos, lo hará ante otra Sala Especial de Primera Instancia. Y si las pruebas son contundentes, llega el expediente a la Sala Penal.
Las consecuencias jurídicas están por verse. Los magistrados de la Sala de Instrucción aseguran que están efectuando una “rigurosa indagación previa” para determinar la posible responsabilidad del expresidente Uribe y del congresista Álvaro Hernán Prada en los delitos de soborno y fraude procesal, conductas punibles contra la administración de justicia. Dicen los magistrados que hay hechos posteriores al 16 de febrero de 2018 que indican que “al parecer con su consentimiento”, personas allegadas al expresidente “habrían empren- dido nuevos actos de manipulación de testigos”.
Aunque en un principio se interpretó la renuncia de Uribe Vélez al Senado como el ejercicio de una opción –legítima por demás– para que su proceso lo asumiera la Fiscalía, ayer él mismo dijo que debe ser la Corte Suprema la que conserve la competencia. Será la propia Corte la que lo decida –hay antecedentes jurisprudenciales en ese sentido– fundamentando tal medida con argumentos que no admitan dudas sobre su finalidad, que en todo caso debe ser la aplicación de la ley, y no el ejercicio de motivos políticos.
La renuncia de Uribe al Senado priva a un gran sector de la sociedad colombiana de su representante ante las instituciones del Estado. Su representatividad y su peso político van mucho más allá de los 855.000 votos que obtuvo en marzo como cabeza de lista al Senado. Hay un sector de la clase política y de opinión que no está de acuerdo con su pensamiento y sus actuaciones, que se le han opuesto con severidad, y al considerarlo imbatible en política, al no poder apartarlo mediante el proselitismo y los votos, han buscado a toda costa hacerlo por la vía judicial penal.
A los contradictores políticos se les debe reconocer la legitimidad de su ejercicio, con objetividad, sin sevicia. Y por tanto, hacerles un llamado al buen juicio y la sensatez, pues hay formas de hacer oposición que generan hondas fracturas en la sociedad colombiana y en el momento actual de polarización del país, jugar con fuego puede tener consecuencias indeseables para todos.
De allí el llamado insistente a los magistrados para que su único norte de acción sea la aplicación del derecho, con imparcialidad absoluta que no admita tacha ninguna. Que tengan plena conciencia de su alta responsabilidad. El expresidente debe contar con todas las garantías de defensa. No partir de prejuicios que invierten la carga de la prueba. Aquí no basta con que los jueces cumplan su labor de forma correcta. La tienen que hacer impecable, lejos del ruido que les pide cobrarse venganzas o tomar decisiones que tienen objetivos distintos al de la justicia