¿Billetera desbordada? Las dudas en la ejecución pública
Regalías y subsidios, dos temas en la mira de la Contraloría por el uso que se les ha dado a los recursos.
En menos de tres meses, la Contraloría General de la República le ha jalado las orejas dos veces al Gobierno por la manera como ha utilizado sus recursos para beneficiar a los colombianos.
La primera ocasión ocurrió el pasado 3 de mayo, cuando el contralor, Edgardo Maya Villa
zón, informó que un 40 % de las obras que fueron financiadas con las regalías, entre 2015 y 2017 en todo el país, quedaron inconclusas, en abandono o terminadas pero que no se usan. Es decir, se convirtieron en elefantes blancos.
La segunda fue hace dos semanas atrás. El 5 de julio, el mismo funcionario aseguró que el gasto público en subsidios del Estado alcanzó en 2017 una cifra que equiparó la misma recaudación de impuestos de ese año.
En un avance de un estudio que aún no se ha terminado, Maya anticipó que en 2017 se destinaron 118,5 billones de pesos para sostener subsidios de distinto tipo. La cifra supera los 115,1 billones de recaudos de impuestos por actividad económica interna reportados por la Dirección de Impuestos y Aduanas, Dian.
“Existen fallas no solo en la misma ejecución sino desde los mecanismos diseñados para entregar los subsidios, el control que deben ejercer los responsables de ejecutar los diferentes programas y ordenadores del gasto cuestionados por corrupción”, le aseguró el contralor a EL COLOMBIANO (Ver entrevista).
Aunque el Departamento Nacional de Planeación, DNP, protestó porque sus cuentas del gasto en subsidios suman 72 billones de pesos, sigue siendo un monto considerablemente alto, que llega a un 9 % del Producto Interno Bruto, PIB, del país.
Al margen de la discusión sobre cómo se hicieron las cuentas, en el aire queda la duda de si la billetera del Estado ha ayudado a que en todo el país se cubran los propósitos sociales a un costo razonable y se mejore la distribución del ingreso para generar equidad.
Más aún porque la ausencia del Estado ha sido un factor que han destacado organizaciones sociales a la hora de explicar fenómenos de pobreza y violencia en sectores en donde había dominado las Farc antes de la firma del Acuerdo de paz. La crisis social denunciada constantemente en el Catatumbo y Chocó son solo dos ejemplos de ello.
Tan solo la semana pasada, organizaciones sociales como el Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó, y las Diócesis de Apartadó, Istmina-Tadó y Quibdó denunciaron que la falta de institucionalidad en el departamento ha dejado a la comunidad a merced de la guerrilla del Eln y las bandas criminales.
Vale anotar que la entrada del país a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) le exigirá que la inversión que realice ayude a la sociedad a superar sus problemas y no solo a sobrellevarlos.
¿Cómo estamos?
Según información provista por el DNP, los 72 billones de pesos se destinan a un total de 62 programas dispersos en todo el Gobierno. Algunos de los más conocidos son Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor.
Desde 2010, con la llegada de Juan Manuel Santos, el monto de los subsidios que se entregan en el país se ha incrementado en un 45% y según el DNP, la educación y las pensiones son los ítems en los que más se invirtió.
Sin embargo, los indicadores en cuanto a la reducción de la brecha social y la desigualdad muestran que existe un 26,9% de la población considerada pobre, 7,4% está catalogada en pobreza extrema y hay 65% de la población rural que vive en condiciones de pobreza, según el Dane.
Aparte, un informe publicado este año por el Centro Latinoamericano para el Desa-
rrollo Rural reveló que Colombia es uno de los países con mayor brecha social entre regiones, solo superado por México y Guatemala. Eso quiere decir que existen una distancia cada vez mayor de bienestar entre departamentos prósperos (Antioquia) y otros con debilidades (La Guajira).
Para Gilberto Toro, director de la Federación Colombiana de Municipios, “la persistencia de disparidades regionales en
los servicios sociales básicos da cuenta de serios problemas en la efectividad que ha tenido el gasto que subsidia el régimen de salud, por ejemplo, o el acceso al agua potable, por señalar dos competencias típicamente municipales”.
Para Toro, el problema reside en que estos subsidios han sido diseñados “homogéneamente” desde Bogotá, y por tanto “sin considerar diferencias geográficas. El próximo Go-
bierno debe abordar con urgencia una reforma constitucional y legal del Sistema General de Participaciones, con el que justamente se financian de manera significativa estos sectores”.
Agregó que esta reforma debe ampliar el margen de autonomía sobre el gasto financiado, “de tal manera que los recursos se ejecuten con mayor concordancia frente a realidades y características locales y por tanto logren mayor efectividad”.
En su defensa, el Gobierno argumentó que en ninguno de los indicadores de pobreza se han reportado retrocesos en los últimos ocho años.
¿Sostenible?
Las cifras expresadas en temas de subsidios responden a un discurso muy cercano a la línea del Banco Mundial, según la cual la mejor inversión para el desarrollo es la infraestructura, sumada a la presencia del Estado, que serían la inversión social.
Así lo explicó Jorge Iván Cuervo, Investigador del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales de la Universidad Externado: “Puede que con un subsidio la gente no se muera de hambre, pero tampoco hay movilidad social. Eso significa que en 10 años, la gente va a seguir recibiendo del Estado, pero no va a haber más empleo y todo queda en las mismas”, expresó.
Para Cuervo, una política basada en subsidiar la vida no resuelve el problema de fondo y da cabida a la corrupción.
Esta idea se muestra en casos como el de Tauramena, Casanare. En esta población de 22 mil habitantes, la Contraloría detectó un elefante blanco en la construcción de su acueducto, que no entrega agua potable y sí costó 17.248 millones de pesos del erario.
“En ese caso, los subsidios de Familias en Acción llegan, pero no ayuda a superar la pobreza si la gente no tiene agua limpia”, aseguró.
Por su parte, el contralor Maya Villazón advirtió que “teniendo en cuenta la posible disminución en los ingresos, la inflexibilidad de buena parte del gasto y que se requerirán recursos adicionales para el posconflicto, se hace necesario blindar los recursos destinados a Gasto Público Social para que sean progresivos y eficaces. Es necesario identificar el gasto que no cumple con estos requisitos para efectuar las correcciones pertinentes. También se requieren políticas públicas que promuevan los valores y el comportamiento ético a todos los niveles de la sociedad para lograr un desarrollo con equidad”.
Ejecución en riesgo
Entre 2015 y 2017, la Contraloría hizo un barrido general de obras sustentadas con regalías para elaborar el informe con el que se sustentó una aparente debilidad en la ejecución de estos recursos.
En esos dos años, se identificaron 62 obras en todo el país catalogadas como “elefantes blancos”. Son 336 mil millones de pesos los que se habrían gastado en estas.
Al revisar en dónde se encuentran estas edificaciones, sobresale el departamento del Meta, con 32 de estos hallazgos. Le sigue Casanare (8), Huila (7), Boyacá, Córdoba, Chocó, Sucre, Valle del Cauca ( dos cada uno), y Arauca, Caquetá, Cauca, Cesar y Vichada (uno).
“En el Sistema General de Regalías, los Ocad (órgano que viabiliza los recursos) se han convertido en una talanquera y no cumplen con el objetivo de garantizar la transparencia, pues ocurre que, en algunos casos, se hacen acuerdos previos para seleccionar los proyectos priorizados”, aseguró el contralor.
Para 2018, aún no hay hallazgos que puedan considerarse certeramente elefantes blancos, sin embargo, la Contraloría identificó 30 proyectos que están en riesgo de serlo. En estos, hay comprometidos 182.736 millones de pesos de la Nación.
No es solo el hecho de que no hayan podido ver la luz obras básicas para el bienestar de una comunidad, como por ejemplo, las obras de la planta de tratamiento de agua potable en el municipio de Arauca, en donde se habrían perdido más de 10 mil millones de pesos, sino que distintos actores sociales han denunciado que esto se ve reflejado en una falta de garantías en el papel del Estado en ciertas regiones.
Por ello, Cuervo resalta que el camino inevitable conduce a que Colombia deba replan- tearse toda su política de subsidios y obras, de tal modo que haya un mejor control sin caer en el centralismo y que se blinden en el tiempo, para que no hayan intereses ligados a la corrupción de los cambios de los gobiernos locales