LOS ESCENARIOS JUDICIALES QUE QUEDAN

La entidad competente para investigar el caso del expresidente Álvaro Uribe aún no está clara. Solo hasta que el Senado decida discutir la renuncia del senador del Centro Democrático, la acepte y la formalice ante la Corte, la Sala de Instrucción adoptará la decisión que corresponda frente al juez. Entretanto, siguen las discusiones entre quienes consideran que al perder su curul y los delitos de los que se le acusa (fraude procesal y soborno) no son conexos con su actividad legislativa, Uribe perdería su fuero y el caso pasaría a la justicia ordinaria, es decir a la Fiscalía General. En ese caso, Juan Carlos Álvarez, docente de Eafit y magíster en derecho penal, explicó que ese ente tiene un periodo de dos años para investigar y decidir si mantiene el llamado o precluye el caso. “Si la Corte pierde competencias, tiene la obligación de enviar el material de su investigación al ente competente, pero la Fiscalía tiene la autonomía de evaluar con su criterio y usar su propia investigación para tomar decisiones”, explicó. Por otro lado, el catedrático fue enfático en que quien tiene la decisión final es la Corte, que conoce los detalles y establece la competencia. Existen casos de la parapolítica en que la renuncia no fue impedimento para mantener la competencia. El propio Uribe se mostró partidario a responder ante ese alto tribunal en un trino publicado ayer: “La acusación sobre testigos que me hacen la basan en hechos realizados a tiempo que ejerzo como senador, lo cual mantiene la competencia de la Corte”, tuiteó. ¿Qué ocurriría en este caso?, lo primero, explicó Álvarez, es que el llamado a indagatoria no tiene plazos para efectuarlo. Cuando se realice, la Corte tiene un término de 10 días para definir la situación jurídica del acusado y definir si detenerlo o no detenerlo, explicó el abogado penalista Iván Cancino. Una vez surtido este trámite, el tribunal tendrá 180 días para decidir si las respuestas ameritan continuar la investigación o archivarla.