¿Se está desmoronando la institucionalidad en Perú?
La depuración de la justicia tras el escándalo de corrupción, por el contrario, la fortalece.
El escándalo que golpea al Poder Judicial peruano no merma su avance, y ya salpica no solo a las altas cortes —que han visto en las últimas semanas numerosas renuncias—, sino al principal ente investigador de la democracia, el Ministerio Público.
El recientemente elegido fiscal general, Pedro Chávarry, aparece en nuevas grabaciones de audio difundidas en los últimos días, en los que presuntamente concerta un intercambio de favores con el ya suspendido juez César Hinostroza.
Dicho magistrado, quien hasta su suspensión se desempeñaba como presidente de la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia, es uno de los principales implicados en el escándalo, toda vez que la evidencia muestra que ejerció tráfico de influencias y recibió sobornos, a cambio de penas reducidas o conmutación de las mismas para políticos corruptos o violadores de niños.
En las conversaciones entre ambos, se habla sobre “retirar” al director de la Academia de la Magistratura, Luis Pacheco Mandujano, por estar “molestando ya”, según Chávarry. Más aún, Hinostroza pidió al hoy fiscal general su ayuda para archivar las pesquisas que ya había en su contra. “(Quiero) las resoluciones de archivos de todas las denuncias y una constancia de que no tengo ninguna denuncia en trámite a la fecha”, le dijo.
El escándalo es tal que la mayoría de partidos políticos, exceptuando de momento al fujimorista Fuerza Popular, informaron ayer que adelantarán un juicio político contra el fiscal general para forzar su salida. A esa iniciativa se sumó también el ministro de Justicia del gobierno de Martín Vizcarra, Vicente Zeballos, para quien “Chávarry debe dar un paso al costado”.
Efectos políticos
Estas novedades se suman a renuncias históricas, como la del presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez (19 de julio), y el juez de la Corte Suprema Luis Cevallos (ayer), quienes también fueron salpicados.
Mientras la mayoría de bancadas en el Congreso toman distancia, la ciudadanía no prevé frenar su agenda de manifestaciones en las calles de las principales ciudades del país, clamando por una depuración de las instituciones, en tiempos en los que no parece confiar en nadie. mil denuncias por corrupción registró Perú en 2017, según la propia Corte Suprema.
¿Qué efectos ya se anticipan de esta coyuntura en la que tanto políticos y empresarios como jueces están perdiendo su legitimidad ante los peruanos?
En diálogo con EL COLOMBIANO, José Carlos Requena, reconocido analista político del país y socio propietario de la firma de consultoría 50+1, explicó que “además de las dos grandes marchas que han convocado a decenas de miles de personas solo en Lima, se prevé una gran movilización nacional para el viernes 27, en la víspera de nuestro aniversario patrio, pero la principal presión no viene de la calle sino de la opinión pública y los medios”.
El resultado, para el experto, es que el antifujimorismo de izquierda se está fortaleciendo, mientras que hay dos grupos de afectados: un gobierno de Peruanos Por el Kambio ya debilitado tras la crisis que sacó a Pedro Pablo Kuczynski del poder, y una fujimorista Fuerza Popular que, aunque se creía fortalecida en torno al liderazgo de Keiko Fujimori, ahora es para Requena la mayor perdedora tras la vinculación de esta al caso (ver Paréntesis).
“El escándalo coincide con las elecciones para renovar la mesa directiva del Congreso (hoy 26 de julio). Si en los primeros dos años el fujimorismo logró estos cargos tras una votación reñida, ahora la previsión es que pierda la presidencia del Legislativo porque acudirá sola a esa elección”, agregó.
¿Se derrumba el Estado?
Requena recalcó el carácter histórico del escándalo que sacude a la justicia, ya que configura
“una crisis institucional que no se veía desde el año 2000, aunque de momento sin cambio de régimen”. Con él coincidió Rodrigo Cruz, periodista político del diario limeño El Comercio:
“No recuerdo que haya sucedido en la historia reciente del Perú la renuncia de un presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, entre otros altos magistrados. Los peruanos hemos visto la confirmación de un secreto a voces: los jueces se manejan no tanto en virtud de la ley, sino de compadrazgos y conexiones corruptas”.
¿Está la institucionalidad del país en riesgo de colapsar? Requena respondió: “con lo desalentador que es este escándalo para el país, lo positivo es que todo está siendo procesado por los canales institucionales. Las escuchas no son ilegales, sino ordenadas desde operadores judiciales, y han sido un buen fiscal y una buena juez los que han permitido evidenciar este grado de corrupción. Eso permitirá fortalecer la institucionalidad, pero dependerá de la madurez de los actores políticos”