El drama de los que compraron casa y terminaron estafados

No hay cálculo de afectados ni de “proyectos siniestrados”, pero hay alerta por estafas inmobiliarias.

Deshabitado y a medio construir está el edificio San Miguel que desde hace cinco años debía ser el hogar de Gustavo Mon

toya, en el sector de La Milagrosa. Su familia debió desalojar la casa en la que creció —comprada por el padre luego de décadas de trabajo en Coltejer— para dar paso al Tranvía de Ayacucho. El dinero que recibieron del Metro como pago fue invertido en dos apartamentos que hoy no están terminados.

Hammer Morales vive una situación parecida. En 2013 decidió que era el momento de tener casa propia. Su esposa estaba embarazada y ambos tenían trabajo. Buscaron un proyecto en San Antonio de Prado (Prado Campestre), de la constructora GIC, y empezaron a pagar las cuotas. Cinco años después, la obra ni siquiera ha empezado, él sigue pagando arriendo y la firma no ha sabido explicarle por qué no se ha pegado ni un solo ladrillo.

Aurora Piedrahíta no conoce a Hammer y a Gustavo. Sabe lo que sienten, su drama es parecido. Hace más de 10

años invirtió 5 millones de pesos que tenía ahorrados y se afilió a una Organización Popular de Vivienda (OPV, ver recuadro) para acceder a una casa nueva con subsidios del Instituto de Vivienda de Medellín, Isvimed, en el proyecto Villa Jesusita, en Manrique.

Pero la obra lleva más de cuatro años parada. La licencia de construcción ya se venció y varios de los compradores, cansados de esperar, se fueron a vivir a los edificios que no tienen puertas, ventanas, vías ni servicios públicos.

Millonarias estafas

José Nicolás Duque Ossa, secretario de Gestión y Control Territorial, reconoció que en la ciudad se han presentado varios fenómenos de estafas inmobiliarias y que los afectados se cuentan por cientos: “No tenemos una cifra consolidada, pero de una sola constructora (Invernorte) tenemos denuncias de la gente que pagó hasta 1.000 millones de pesos”. (Lea en la edición de mañana la ampliación de este caso).

La situación es tan crítica que la misma Secretaría interpuso seis demandas ante la Fiscalía General por supuestas estafas inmobiliarias para que se establezcan responsabilidades penales.

“Hemos detectado construcciones sin licencia, proyectos donde empiezan a vender y captar dinero sin tener las respectivas autorizaciones, empresas que reciben dinero en cuentas personales y proyectos que llevan años sin terminarse”, dijo.

Los seis casos denunciados a los que se refiere la Alcaldía son Invernorte, OPV Villa Fico, edificio Guadalupe, proyecto La Madre Laura, Instituto Prado y una edificación en Belén, cuyo nombre no fue detallado por la administración municipal.

Duque dijo que no se ha podido calcular a cuánto ascienden las estafas porque hay proyectos en los que sólo algunos compradores denunciaron. Por eso invitó a los afectados a acudir ante la justicia para aportar elementos probatorios que permitan agilizar las investigaciones y dar con los culpables.

“Desde nuestra oficina esta- mos indagando varias cosas: visitamos proyectos para verificar licencias y hemos cotejado quiénes le están debiendo a la ciudad dinero en compensaciones urbanísticas porque esa es otra afectación que sale de todo este negocio”, aclaró.

Incluso en el Concejo de Medellín se creó una comisión accidental para hacer seguimiento a las denuncias y asesorar a los afectados. Bernardo

Alejandro Guerra, concejal líder de la comisión, aseguró que la situación es alarmante y que las modalidades se repiten. “Estamos pidiendo a la Personería y a la Fiscalía que pongan la lupa porque los ciudadanos se están quedando sin vivienda y sin plata, por cuenta de empresas que salen de la nada y terminan manejando hasta 60 proyectos a la vez”, declaró.

Faltan controles

Los constructores también están preocupados con la situación, pues la imagen del gremio y la confianza inversionista se ven afectados por el creciente número de estafas.

Eduardo Loaiza, gerente para Antioquia de la Cámara de Construcción, Camacol, aseguró que el boom inmobiliario ha llevado a que profesionales de otras áreas empiecen proyectos de construcción sin tener conocimiento, experiencia o estructura operativa y financiera para afrontar pro- yectos de vivienda.

“Son personas que ofrecen precios hasta 30 por ciento por debajo del valor del mercado, que subcontratan toda la obra, no tienen estructura empresarial y eso llama la atención porque si ofrecen valores tan bajos es porque algo están dejando de poner”, dijo.

El dirigente gremial aseguró que en la mayoría de estafas se repiten patrones: manejan dinero por fuera de fiducias, cálculos de la obra sin tener asegurados los materiales y recursos, y por eso cualquier cambio en el precio del dólar o hasta un paro de camioneros terminan disparando costos y excediendo presupuestos.

“Muchos funcionan con un esquema de carrusel, empiezan un proyecto y con la plata de un segundo construyen el primero y así. Pero cuando cualquier condición del mercado los afecta, se quedan sin recursos y el proyecto termina siniestrado, abandonado y creando un desprestigio para el sector. “Hemos emitido varias alarmas, pero la gente sigue siendo ingenua”, advirtió