Uribe, entre la Corte y la Fiscalía
Al sonado caso del expresidente aún le falta un juez. Le describimos aquí los panoramas.
El caso judicial más sonado del año ni siquiera tiene juez aún. A seis días de conocerse el llamado a indagatoria de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno, se desconoce si la competencia del proceso la mantendrá el alto tribunal o será de la justicia ordinaria.
Tal acertijo jurídico inició el mismo martes de la citación, el exmandatario anunció la renuncia a su curul de senador para no mezclar su labor legislativa con la defensa de las acusaciones de compra de testigos, que surgen de una investigación iniciada el 22 de febrero pasado.
En ese momento, surgieron dos posiciones al respecto.
SI EL CASO SIGUE EN LA CORTE
Si la Corte Suprema de Justicia mantiene su competencia, la norma indica que en máximo 10 días después de la indagatoria, cuya fecha depende de los magistrados, la Corte deberá definir la situación jurídica del expresidente. Sin embargo, en este punto entra en funcionamiento el Acto Legislativo 01 de 2018, que creó la segunda instancia para aforados. Su aplicación tiene un problema: aún faltan por elegir siete de los nueve magistrados que integrarán las dos nuevas salas que se crean para permitirles a los aforados la posibilidad de apelar sus condenas. ¿Como ya es una obligación aplicar la norma, existe la posibilidad de que la investigación de Uribe se congele? Para Fernando Velásquez, profesor de derecho penal de la U. Sergio Arboleda, “mientras no se elijan esos magistrados, la Sala sigue actuando de forma normal; el procedimiento es el contenido en la Ley 600 que es la aplicable. Así lo han dicho en otros casos”. Para Kenneth Burbano, coordinador del Observatorio Constitucional de la U. Libre, desconocer el derecho de la doble instancia “violaría el debido proceso y la igualdad frente a la ley. Si aún no se han establecido las salas o no se han designado los magistrados ese problema instrumental no se le puede trasladar al procesado”. En ese sentido, reconoció que el caso solo se podría adelantar en los procesos que no violen garantías de segunda instancia.
La primera, sustentada por abogados como Iván Cancino, argumentan que Uribe pierde su fuero porque los delitos no habrían tenido motivación o causa en su actividad política. Por tanto, la competencia de su acusación pasa a la Fiscalía General de la Nación.
La otra, que sustentan penalistas como Francisco Bernate, parten de la base de que las personas no pueden escoger su propio juez, y por ello la Corte mantiene su competencia, así como lo hizo en algunos casos de la parapolítica.
Aunque se esperaba que el miércoles pasado se abordara la renuncia de Uribe en la sesión plenaria del Senado, finalmente la carta no llegó y su discusión se aplazó para el próximo martes.
No se espera una sesión tranquila, pues desde ambas orillas ideológicas se le pidió reconsiderar su decisión.
Entretanto, la Corte informó que una vez se formalice la renuncia, su Sala de Instrucción analizará el caso y tomará la decisión frente a quién asume el expediente. Su análisis no tiene plazos y solo hasta cuando se decidan, se sabrá quién tomará esta “papa caliente” política y judicial.
SI EL CASO SE VA A LA FISCALÍA
De llegar a la Fiscalía, el proceso empezaría de cero, prácticamente. Así lo explicó el exfiscal General de la Nación Alfonso Gómez Méndez, quien consideró que el proceso terminará en el ente acusador. “Si el caso se mantiene en la Corte, se procesa por la ley 600 (de procedimiento penal), pero si va a la Fiscalía, se aplica la ley 906 (sistema penal acusatorio). En este cambio, no hay indagatoria sino interrogatorio y el proceso tendría que volver a comenzar”, explicó. Así las cosas, para Gómez Mendez, la tarea del actual fiscal, Néstor Humberto Martínez, sería determinar a qué nivel del ente que dirige asigna una investigación de esa naturaleza. “Ese fiscal designado adelanta y decide. Él mira si hay lugar a audiencia de imputación y luego a una imputación. Solo en ese punto, volvería a la Corte Suprema de Justicia, a la Sala Penal”, explicó. Toda la investigación de la Corte, la tomará ese funcionario sin ningún compromiso. Así lo resaltó Jaime Arrubla, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia: “El proceso pasa a la autoridad competente, que decide si se continúa el proceso que venía en la corte o se aplaza. Este toma las decisiones propias”. El jurista fue enfático en que, aunque la norma establece un periodo de dos años para tomar decisiones, “ese plazo no se está cumpliendo”.