EMBARGOS Y OBRAS A MEDIAS

La familia de Gustavo Montoya dio $100 millones a cambio de dos apartamentos que serían entregados seis meses después en el edificio San Miguel, del barrio La Milagrosa. Según Montoya, los constructores fueron la familia Chica Gutiérrez que en los registros de la Cámara de Comercio aparecen como cabezas de las empresas Tecnocasa Antioquia E.U. (en liquidación) y de Constructores al Rescate. “La empresa de la familia Chica Gutiérrez llegó al barrio recomendada porque había tenido proyectos con Viva (la empresa de Vivienda de Antioquia)”, contó Montoya. La familia relata que después de que consignaron el dinero, la entrega de la casa empezó a postergarse y nadie les daba explicaciones sobre el estado de la obra. “Esa gente enreda un duende, le digo pues. Luego de mucha espera y cuando ya estábamos molestos, a mi papá, que tiene 89 años, le ofrecieron un lote en Santa Fe de Antioquia como parte de pago, para quedar a paz y salvo. Él aceptó y cuando intentamos vender el lote, no pudimos porque los compradores que se enteraban de su origen nos decían que eso era mal habido”, agregó Gustavo. Hoy los enredos siguen: el lote está a punto de ser rematado y la familia está embargada porque adeuda el pago del predial del lote, pues aseguran que no tienen dinero para cubrirlo. Y como si fuera poco, hace algunos meses se enteraron que tanto el edificio como el lote habían sido hipotecados a un mismo hombre. “Ese señor, al parecer, le presta plata a la familia Chica y como ellos no le cumplieron, él hizo efectiva la hipoteca. Hemos tratado de buscarlo para negociar, pero es imposible”, aclaró Gustavo. EL COLOMBIANO intentó comunicarse con dos de los integrantes de la familia Chica Gutiérrez y con las oficinas de Tecnocasa, pero no obtuvo respuesta. Quien sí accedió a hablar, a condición de anonimato, fue otro hombre que le prestó dinero a los Chica con base en la hipoteca de algunos inmuebles que supuestamente estaban en construcción por fuera del Valle de Aburrá. El problema es que las unidades residenciales en cuestión no existen y, según información que el hombre obtuvo de la Alcaldía de ese municipio, tampoco se construirán por restricciones de ordenamiento territorial. Ambos casos están demandados desde hace varios años ante la Fiscalía.