LOS PROYECTOS PARADOS DE LAS OPV
En Medellín desde hace varios años funcionan las Organizaciones Populares de Vivienda, conocidas como OPV, que trabajan mediante procesos de economía solidaria: tienen socios que hacen ahorros, y se juntan para obtener ayuda del Estado y construir viviendas de interés social prioritarias (casas que tienen un valor máximo de 70 salarios mínimos o 54,6 millones de pesos). El Instituto de Vivienda de Medellín participa desde 2013 aportando dineros para estas viviendas (un máximo de 23 salarios para cada una). En los primeros años de operación, varias de estas OPV presentaron problemas que aún siguen sin resolverse. Uno de los casos más sonados es el de Villa Jesusita 2, en Manrique. El concejal Jesús Aníbal Echeverri explicó que las obras están paradas por problemas con el lote, que estuvo embargado: “Hoy el problema es que tenemos una invasión (propietarios que decidieron habitar el edificio a pesar de que no estaba terminado) y que se construyó una casa sin licencia en donde se supone que estaría la vía de acceso”. Aurora Piedrahíta, una de las socidas de la OPV, aseguró que hasta la fecha la representante legal del proyecto ha dado la cara y está buscando soluciones para reanudar la obra. José Nicolás Duque, secretario de Gestión y Control Territorial de Medellín, aclaró que ya está lista una orden de desalojo para las más de 20 familias que están en el proyecto, y que además se está asesorando a la OPV en la renovación de la licencia para termianar el proyecto. Manuela García Gil, directora del Isvimed, explicó que este año y luego de las irregularidades presentadas en varios proyectos, la administración reglamentó las condiciones con las que se les entregan dineros a estas asociaciones. “Hoy ellos tienen que cumplir requisitos legales y sólo se desembolsa contra avance de obra. “En lo que va de este gobierno hemos entregado más de 819 millones de pesos a cuatro OPV que tienen avances de más del 70% en la obra y que hoy son modelo para las demás: Santa María de los Ángeles, Villa Jesusita La Milagrosa, Villa María y Villa Canela I y II”, declaró la funcionaria. Además, aclaró, que desde el año 2015 el Instituto decidió solo pagar subsidios cuando se escrituren los apartamentos, “para asegurar la correcta inversión de recursos”.