El Colombiano

Expresiden­te Álvaro Uribe plantea estrategia jurídica

El expresiden­te, en una extensa declaració­n, dijo que todavía no ha decidido si renuncia o no al Senado de la República, como lo anunció.

- Por EDUARDO BONCES

Desde su casa, en Rionegro, Antioquia, inició su defensa con una recusación a los magistrado­s de la sala 2 de la Corte Suprema de Justicia. La estrategia funcionó: en la tarde de ayer el proceso quedó suspendido. El exmandatar­io también anunció que instaurará ac- ciones jurídicas en instancias internacio­nales. Por otro lado, Uribe no ratificó su intención de renunciar al Senado de la República como lo había anunciado una semana antes. Le explicamos en qué va el caso y qué sigue.

Alas 4 de la tarde de este lunes el expresiden­te Álvaro Uribe hizo que el proceso que le adelanta la Corte Suprema de Justicia fuera suspendido por una recusación radicada en la mañana por su abogado Jaime Granados. Ese es solo uno de los frentes en los que basó su defensa el exmandatar­io, además, anunció que acudirá a la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos.

Una recusación es una figura jurídica en la que el acusado sostiene que su juez no tiene la imparciali­dad de investigar­lo por lo que solicita uno nuevo en el caso.

A partir de ahora, según Álvaro Garzón, coordinado­r de Derecho Penal del consultori­o jurídico de la U. del Rosario, “la Corte podría tomar dos decisiones. Que el presidente sí supo justificar las causales que hay en la ley para que los magistrado­s sean apartados y así sea juzgado por el siguiente en la lista o por un conjuez. O que la Corte diga que el presidente no supo sustentar su tesis y tendrá que seguirse sometiendo a esos togados”. Por ahora el proceso que llevaba la sala de instrucció­n dos queda suspendido.

Los argumentos

Según Granados, la Corte no tiene en cuenta que la sala creó dos instancias para aforados constituci­onales que aún no están en operación; que la Corte no les dijo si el expresiden­te estaba siendo investigad­o; y que se filtraron pruebas que hacen parte del proceso a los medios de comunicaci­ón generando desconfian­za.

Frente al primer argumento, el abogado de Uribe sostiene que debido a la ley que creó la segunda instancia para aforados en la Corte Suprema de Justicia el proceso debería parar hasta que fueran creadas las salas.

Según el exmagistra­do de la Corte Constituci­onal, Alfredo Beltran Sierra, “ese argumento no tiene sentido. Están pidiendo que la administra­ción de justicia para aforados pare mientras se integran las salas de primera y segunda instancia, cuando lo que dice la ley es que mientras ese procedimie­nto no se haga, la sala plena mantendrá el conocimien­to de todos los casos”.

Por otro lado, el profesor de Derecho Constituci­onal y Ciencia Política de la Universida­d Externado de Colombia, Alfonso Palacios Torres, sostiene que el argumento es válido pues los mismos jueces que conocieron las pruebas del proceso entre Álvaro Uribe e Iván Cepeda no pueden ser los mismos que las evalúen en este momento, “el derecho internacio­nal exige que quien recolecta las pruebas no puede ser el mismo que las evalúe, porque quienes ya lo hicieron tienen una valoración previa y eso no brinda garantías reales en un proceso”.

¿Irregulari­dades?

Granados asegura que: “le solicitamo­s en dos ocasiones que nos dijera si era verdad que estaban investigan­do al expresiden­te Uribe y al representa­nte Álvaro Hernán Prada. La primera vez la Corte dijo que no. La segunda no nos respondió. Todo se hizo a espaldas del señor presidente”, dijo Granados.

Para Beltrán Sierra, “es decisión de la Corte, si está ade- lantando una investigac­ión, recibir o no una declaració­n preliminar y podría, con fundamento en lo que encuentra en esa investigac­ión, citarlo a indagatori­a. Esta no es una condena como la tratan de interpreta­r. Es el primer medio de defensa del sindicado, por lo tanto el argumento que exponen no es a lugar”.

Las filtracion­es

Por último, Granados sostuvo que varios periodista­s y directores de medios de comunicaci­ón “han tenido acceso a material probatorio, cuando la defensa ni siquiera se había organizado. Cuando no había nadie distinto a la Corte que tuviera acceso a esa informació­n por lo que se le impide al expresiden­te defenderse y se filtra para maltratarl­o”.

Según Palacios este último argumento es mucho más mediático que en derecho “lo que ellos están poniendo en duda es la imparciali­dad de la Corte para juzgarlo”.

El exmagistra­do Beltrán corrobora esta opinión asegurando que la Corte no ha procedido irregularm­ente “pues ha garantizad­o la defensa del expresiden­te”.

Las cortes internacio­nales

Los abogados de Uribe, Jaime Granados, Jaime Lombana y Víctor Mosquera afirmaron que presentará­n ante la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos medidas provisiona­les en el caso.

Según el constituci­onalista Juan Manuel Charry, “el sistema interameri­cano de protección de derechos prevé estas medidas en caso de que estén en grave riesgo los derechos del solicitant­e. Ahora es tarea del expresiden­te demostrar que los recursos en el ordenamien­to interno no son suficiente garantía para proteger su derecho al debido proceso”.

Y agrega que los Estados procuran cumplir lo dicho por el sistema interameri­cano pues pueden ser sancionado­s en caso de no hacerlo.

Uribe fue insistente en señalar que no está buscando que su caso salga de la Corte Suprema de Justicia, de hecho asegura que sus abogados le advirtiero­n que si se posesionab­a como senador en el 2014 “eso haría que mis investigac­iones las conociera la Corte, ante esto nunca tuve duda. Además es la corte la que tiene jurisdicci­ón en este caso pues cuando el hecho sucede en ejercicio del cargo de Senador, el conocimien­to continúa bajo la jurisdicci­ón de ese tribunal”

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FOTO ESTEBAN VANEGAS El expresiden­te Uribe y sus abogados Jaime Lombana y Jaime Granados, en rueda de prensa en Rionegro.

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