EDITORIAL
La consulta popular anticorrupción, de ser aprobada, será el inicio de un proceso no solo jurídico, sino sociológico y cultural. Y no acaba, por sí misma, con las múltiples conductas corruptas.
“La consulta popular anticorrupción, de ser aprobada, será el inicio de un proceso no solo jurídico, sino sociológico y cultural. Y no acaba, por sí misma, con las múltiples conductas corruptas”.
Para el próximo 26 de agosto está convocada la consulta popular contra la corrupción, aprobada por el Senado en la pasada legislatura y que contiene siete puntos (algunos de ellos con más de una pregunta) que, por sí solos y de ser aprobados por los votantes, no tienen fuerza para modificar la Constitución y las leyes.
Lo que dice la Carta Política es que las consultas populares se convocarán para consultar al pueblo “decisiones de trascendencia nacional”, y que la determinación del pueblo “será obligatoria”.
La consulta no será sometida a votación como paquete único, sino que hay que votar por cada uno de los siete temas propuestos. Unos se podrán hacer afirmativamente, otros negativamente. Para que la consulta sea válida, deberán votar por ella 12.075.756 ciudadanos, y que el respaldo por el sí a los temas sea superior a 6.038.000 votos válidos.
Entre lo que se propondrá a quienes opten por votar están los siguientes puntos: Si se reducen los salarios de los congresistas y altos funcionarios del Estado. Si se prohíben los beneficios especiales carcelarios a los condenados por corrupción, y si quedan imposibilitados para volver a contratar con el Estado. La obligación de que la ciudadanía sea convocada para decidir “el desglose y priorización” del presupuesto de inversión de entidades públicas. Si los congresistas deben rendir cuentas de su gestión y publicar sus declaraciones de renta. Si se limita a tres períodos los que puede estar alguien en el Congreso o entidades territoriales.
Vale la pena, entonces, que los colombianos no solo se enteren de qué es lo que van a votar, sino que se pregunten si puede ser cierto que al aprobar estas medidas, y tal como prometen los promotores de esta consulta, se van a erradicar los corruptos.
Hay que tener en cuenta que esta es una consulta que tiene una finalidad política, e incluso electoral, innegable. Eso no la descalifica, no obstante. Si es cierto que la Alianza Verde ha sido su principal promotora y que la votación servirá para que se posicionen política y electoralmente sus líderes más visibles, también lo es que si al final concurren los más de doce millones de votantes, los puntos aprobados tendrán efectos, en cuanto se considera que el pueblo generó un mandato para que el Congreso y el Gobierno obren de conformidad y hagan las reformas normativas correspondientes.
El punto central de esta consulta, por tanto, es la posibilidad de valorarla como mecanismo para que la población manifieste su hartazgo con la corrupción, los corruptos y el clima de degradación ética que golpea al país no solo en el sector público.
Ahora bien, ¿dirán los promotores de la consulta, en caso de no lograr el umbral o de no aprobar el temario, que el país está conforme con la corrupción? Sería una interpretación sesgada, como lo es decir que quien no está de acuerdo con la consulta es porque apoya a los corruptos. Un raciocinio de la misma pobreza argumental que el que tachaba de “enemigos de la paz” a quienes se oponían a lo negociado con las Farc en La Habana.
La consulta tiene sus complejidades jurídicas. Pero no es solo un proceso legal. Es también sociológico y cultural. Manifestar mediante el voto el rechazo a prácticas corruptas quedaría a medias, o sería directamente irrelevante, si ese voto no va correspondido con una actitud ética en la vida diaria, de no transigir ni con la ilegalidad ni con los corruptos, pues qué duda cabe que hay amplias manifestaciones de tolerancia con ellos. El voto en contra de la corrupción no es definitorio en tanto no se acompañe con el compromiso activo de no aceptar conductas corruptas ni en la empresa privada ni en el servicio público