El Colombiano

No cesa la represión en Nicaragua

La crisis lleva cuatro meses. Nicaragüen­ses viajan a Costa Rica para huir de la violencia.

- Por JULIANA GIL GUTIÉRREZ

La crisis de ese país detonó la migración hacia Costa Rica y los ataques a la prensa. 322 personas han muerto en protestas. Esta es la situación.

Apesar de las constantes alertas de la Naciones Unidas y la Organizaci­ón de Estados Americanos sobre la crisis social que vive Nicaragua, la situación no mejora. Mientras la cifra de fallecidos a causa de la represión del régimen llegó a 322 personas, de acuerdo con el último reporte de la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos, el problema del país tiene dos escenarios más: la persecució­n contra los periodista­s que trabajan para medios independie­ntes y un fenómeno migratorio.

Su presidente, Daniel Ortega, y la vicepresid­enta y primera dama, Rosario Murillo, han sido condenados por organismos internacio­nales y organizaci­ones del país por la represión que han ejercido contra el pueblo desde el pasado 18 de abril, día en que una reforma pensional se convirtió en el motivo que hacía falta para que la población saliera a las calles a pedir un cambio. Pero Ortega ha respondido mediante la fuerza: censurar las protestas, atacar a los manifestan­tes y negar ante la comunidad internacio­nal la situación de su país.

Estudiante­s, las víctimas

Un ejemplo reciente está en las declaracio­nes que dio el pasado martes cuando le interrogar­on sobre las personas que han fallecido durante las movilizaci­ones que son, en su mayoría, jóvenes. “No eran estudiante­s, eran delincuent­es”, comentó Ortega.

Según la Comisión Interameri­cana de Derechos Humanos, desde el 18 de abril hasta el 18 de agosto, cuando se cumplieron cuatro meses de la crisis, habían muerto al menos 322 personas. Aunque esa es la cifra oficial, otras versiones estiman que el número de decesos supera los 400. Para Ortega esta cifra es mucho menor, han muerto 198 personas.

Sean 198, 322 o 400, lo que sí reconocen organismos internacio­nales y el propio gobierno de Ortega es que la mayoría de las víctimas son alumnos de las universida­des y personas menores de 30 años. La presión que ejerce sobre ellos la evidencian casos como el de Lesther Alemán, un estudiante de Comunicaci­ón en la Universida­d Centroamer­icana que tuvo que dejar a su familia para esconderse del gobierno, que lo calificó como un blanco del conflicto.

Recienteme­nte, durante un acto público, el presidente arremetió contra otros siete jóvenes que han liderado el movimiento estudianti­l. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua contó a EL COLOMBIANO que estas personas fueron deteni- das de forma arbitraria el pasado sábado en una marcha en la ciudad de León y la Policía los acusó de los delitos de terrorismo, homicidio, secuestro y robo con intimidaci­ón.

Esta organizaci­ón aseguró que“la Policía Nacional ha perdido total credibilid­ad entre los nicaragüen­ses por estar parcializa­da a los intereses del régimen Ortega-Murillo antes y durante esta crisis, por lo que sus dictámenes como órgano investigad­or son incoherent­es, inconsiste­ntes y de total nulidad”. Entonces, la comunidad perdió la confianza en las institucio­nes del estado.

Nuevo foco de migración

El gobierno de Carlos Alvarado Quesada, en Costa Rica, informó que a su país han llegado 23 mil solicitude­s de asilo desde que empezó la crisis en Nicaragua. Y, a esas personas que buscan refugio, el presidente nicaragüen­se las calificó de delincuent­es e incluso pidió a su homólogo enviarle una lista con sus nombres para condenarlo­s, solicitud que fue negada por Quesada.

Por ello, Herley Morales, representa­nte de la Alianza Universita­ria Nicaragüen­se (AUN) aseguró que el pueblo reclama “desarme de paramilita­res, la no criminaliz­ación de las protestas y detener la persecució­n, captura y judicializ­ación de las personas que mantienen la lucha cívica” para que cese a la represión y se pueda encontrar una salida pacífica, para poder así restaurar el Diálogo Nacional con la Conferenci­a Episcopal y con la participac­ión de garantes internacio­nales como la ONU y la OEA, que están en el país, pero cuyo accionar es censurado por Daniel Ortega.

Con este panorama, la situación de Nicaragua parece no mejorar, pero la voluntad de las ONG y los obispos mediadores del diálogo sigue en pie para buscar la paz

“La comunidad internacio­nal debe seguir ejerciendo presión. De lo contrario, estaremos ante otra Venezuela”. NIKKI HALEY Embajadora EE.UU. ante la ONU

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Fuente: Oacnudh, EFE y AFP. Foto: EFE. Infografía: EL COLOMBIANO © 2018. (N4)

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