RADIOGRAFÍA DEL PROYECTO
El edificio tiene 18 pisos, pesa más de 700 toneladas. La primera torre fue construida y los apartamentos empezaron a ser habitados en 2016. La segunda torre apenas se levantó hasta el tercer piso. En febrero de 2017 se evacuaron 10 familias que habitaban el proyecto. Casi todos los apartamentos estaban en trabajos de obra blanca. Los estudios de la U. Nacional revelaron que la estructura tiene insuficiente resistencia en vigas y columnas, y que no se cumplen las normas de sismorresistencia y contra incendios.
Lo más grave es que la constructora ni siquiera acudió a la reunión, por lo tanto no hubo otras propuestas para resolver el problema que hoy tiene a más de 60 familias sin hogar.
Por esa razón, será el Comité de Gestión del Riesgo de Rionegro el que tome las decisiones sobre el futuro de la edificación. “La opción que más toma fuerza es la de una demolición, porque la constructora no da la cara y ni siquiera fue capaz de presentar los estudios de patología que le pidió la Alcaldía”, le dijo a EL COLOMBIANO una fuente de ese Comité que pidió reserva de su identidad.
El secretario Álvarez confirmó que Sincc no ha dado respuesta a ninguno de los requisitos que le pidió la Alcaldía. “Hasta ahora todo lo ha tenido que pagar la Administración porque hay un problema de riesgo. Ya después miraremos los mecanismos para recuperar ese dinero”, apuntó.
Víctimas en el limbo
El abogado Cristian Ospina, que representa a más de 40 de los 90 compradores del proyecto, aseguró que la constructora ya no le da la cara. “Es una empresa constituida con $2 millones, que captó más de $15.000 millones con este proyecto, y hoy sus representantes dicen que no tienen recursos para responder ni arreglar, declaró.
Según cálculos de los propietarios, el reforzamiento estructural puede costar entre $400 y $500 millones. “¿El edificio se puede repotenciar? Posiblemente, pero hace falta un nuevo estudio que los copropietarios le pidieron al Municipio. La decisión la tomarán ellos”, agregó Ospina.
En la Fiscalía ya hay demandas contra Sincc por estafa y captación ilegal