Regiones dudan del nuevo PAE
Aún hay puntos por resolver, aunque tendrá más cobertura, inversión y creación de veedurías de padres.
El Gobierno presentó modificaciones al Programa de Alimentación Escolar con más recursos y cobertura. Mandatarios regionales dicen que lo debe asumir el gobierno central. ¿Qué viene?
Que la Procuraduría tenga 180 investigaciones abiertas es síntoma de que el Plan de Alimentación Escolar (PAE) no funciona plenamente. Por esto, y para enfrentar la corrupción, el gobierno presentó los ajustes que realizará, enfocados en más financiación y fortalecimiento de los controles.
Entre las estrategias se destacan la creación de pliegos tipo para realizar toda la contratación, la creación de un banco de oferentes y un sistema de vigilancia conformado por 14 entidades, entre las que se destacan la Fiscalía y la Procuraduría General.
¿Qué hay de nuevo?
En total son cinco las líneas (ver informe) por las que se regirá el programa que este año cuenta con un presupuesto de $1,7 billones, mientras que para 2019 tendrá $2,1 billones, entre la suma de recursos de los gobiernos nacional, municipal y departamental.
Sobre los cambios, el presidente, Iván Duque, manifestó que busca convertirlo en “un programa eficiente, transparente, equitativo, que permita que los niños de Colombia reciban una alimentación que les permita tener los micronutrientes para su aprendizaje”.
La ministra de Educación, María Victoria Ángulo, destacó que no descuidarán ningún estudiante, pero que se enfocarán en la primera infancia (0-6 años), que son los que más requieren componentes nutricionales. Además, crearán un catálogo con recetarios que diferencien las necesidades de cada región. “Será una lucha diaria con los organismos de control”, dijo Ángulo.
Bien, pero no tanto
Aunque la decisión de modifi- carlo ha sido bien recibida por distintos sectores, en especial desde los organismos de control, la puja por la financiación del programa sigue vigente pues, como está el PAE, seguirá cofinanciado entre las entidades y el gobierno central, algo con lo que no están de acuerdo los gobernadores.
“Reiteramos nuestro compromiso, por lo cual los recursos que hemos tenido que asumir los departamentos ($700 mil millones), para cubrir el hueco causado por la falta de recursos, los podemos invertir en la financiación de infraestructura y dotación, para la prestación de un servicio de calidad”, dice el comunicado de la Federación Nacio- nal de Departamentos, firmado por todos los mandatarios.
“Llevamos un año y nueve meses, solicitándole al gobierno que administre y ejecute el programa”, agregó el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya.
Por otra parte, pero en la misma línea, reaccionó la Federación colombiana de trabajadores de la educación (Fecode). Rafael Cuello, secretario general, manifestó que no son cambios trascendentales y que habrá que esperar que los corruptos sí sean identificados y no suceda como en Bogotá, que se pagaron pechugas a $40 mil.
Ante esto, y destacando los esfuerzos, el procurador, Fernando Carrillo, destacó que ahora, entre gobernadores y Presidencia, deben avanzar en soluciones y asumir responsabilidad, porque “hay que pensar en su sostenibilidad financiera y blindarlo”