Bonos de agua, golpe al bolsillo de municipios paisas
En Antioquia, 16 municipios tienen recursos comprometidos, varios con deudas millonarias y sin acueducto.
Los bonos de agua, una polémica que se creyó zanjada hace cinco años, volvió para atormentar la vida de su creador y ministro de Hacienda del actual gobierno, Alberto Carrasquilla, y para poner de nuevo la lupa en los 117 municipios que los adquirieron y terminaron endeudados y sin las obras que prometían pagar con ellos.
Tal como fue recalcado en el debate de control político que le adelantó el Senado esta semana, en citación de Jorge Robledo, este negocio resultaba lesivo para las finanzas de los entes locales por la forma como fue diseñado, aunque no existe hasta el momento una presunción de ilegalidad.
En resumen: los bonos de agua nacieron en 2009 y consistían en celebrar con los municipios un contrato de fiducia mercantil irrevocable a 19 años y con una tasa UVR+11% para solventar proyectos de agua potable y saneamiento básico, que luego serían descontados por las vigencias futuras a las que podían acudir dentro del Sistema General de Participaciones, SGP.
A pesar de que el ministro Carrasquilla se ha defendido diciendo que no hubo ninguna irregularidad y que las condiciones de la deuda no eran cosa extraordinaria tomando en cuenta la realidad económica de la época, esta semana el contralor Carlos Felipe Córdoba indicó que está en marcha una Actuación Especial de Fiscalización sobre la emisión de los bonos de agua.
“Estamos revisando qué es lo que ha sucedido con los recursos que se debían invertir. Y esperamos, próximamente, tener resultados de esta actuación”, sostuvo.
No es el único. El procurador Fernando Carrillo también se sumó a las renovadas dudas sobre la actuación en este paquete celebrado por 400.000 millones de pesos. “Estamos acabando de recoger la evi- dencia. El debate que hay que hacer en Colombia exige que haya claridad y no puede haber confusión entre interés privado y público. Aquí hay que regular el conflicto de intereses. Eso no configura necesariamente un delito, pero en este país, lamentablemente, funciona una puerta giratoria sin ninguna restricción”.
La última en sumarse ha sido la Fiscalía. Esta semana se anunció una investigación penal por lo ocurrido en 27 municipios con los bonos. Se investiga la ejecución presuntamente irregular de este dinero, el cambio en la destinación de los recursos y el no cumplimiento. Este caso empezó hace 6 años tras la denuncia del propio Ministerio de Vivienda.
Según el informe de monitoreo al uso y ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, para agua potable y saneamiento básico a los municipios que adquirieron crédito por medio de bonos de agua, publicado en 2013 por el Ministerio de Vivienda, solo 29 de los municipios tienen obras ejecutadas, terminadas y funcionales; en 34, las obras están terminadas pero no funcionan; en 45, las obras están sin terminar, y en 9 no existe reporte.
Según ese mismo informe, tan solo en 12 municipios se determinó que los recursos cumplieron con el fin para lo cual fueron tramitados los crédito y se hizo una adecuada ejecución de los mismos.
¿Qué falló? El Minvivienda recalcó el hecho de que los municipios no adelantaron procesos de selección que garantizaran la pluralidad de oferentes para las obras, sino que prefirieron seleccionar a dedo los bonos de agua, sin contar con “estudios y documentos previos que permitieran verificar la idoneidad, experiencia y capacidad de las entidades contratadas”.
El panorama en Antioquia no es menos grave que en el resto del país, pues 16 municipios suscribieron estos créditos y 11 tienen comprometidos más del 50% de sus vi- gencias en el Sistema General de Participaciones.
EL COLOMBIANO analizó seis casos en el departamento, tres en el Valle de Aburrá, que adquirieron bonos y tienen tanta deuda como precariedad en sus acueductos