LA AGENCIA FEDERAL QUE ALIMENTA LA CRISIS DE OPIOIDES
Todos los días, casi 200 personas en todo el país mueren por sobredosis de drogas. Los opioides han sido el principal impulsor de esta calamidad: primero como analgésicos recetados, luego heroína y, más recientemente, fentanilo fabricado ilícitamente. El número de muertos ha aumentado constantemente en las últimas dos décadas.
La Drug Enforcement Administration (DEA), la agencia que supervisa más directamente el acceso a los opioides, tiene gran parte de la culpa por estas muertes. Debido a su incompetencia, la crisis de los opioides ha ido de mal en peor. La solución: revisar la agencia, o incluso deshacerse de ella por completo.
El problema comienza con mal diseño. Una idea original de la “guerra contra las drogas”, de Richard Nixon, la agencia trató de cortar el suministro de drogas en el mercado negro, aquí y en el extranjero. Pero al aprobar la Ley de Sustancias Controladas de 1970, el Congreso otorgó a la agencia amplia autoridad sobre cómo se clasificaban, producían y distribuían los opioides recetados y otras sustancias controladas. Se suponía que la agencia debía frenar el uso problemático de drogas, pero no lo hizo porque sus tácticas nunca fueron informadas por la salud pública o la ciencia de la adicción.
A pesar de la inversión de cientos de miles de millones de dólares de pagadores de impuestos y los esfuerzos sinceros de miles de empleados, el historial de la DEA es pésimo. La agencia ha sido incapaz de equilibrar el acceso legítimo y el control de las drogas prescritas. La extensa sobre dependencia de los opioides, junto con las benzodiazepinas, anfetaminas y otros medicamentos programados, ha creado un mercado negro en auge.
Las estrategias de cumplimiento de la agencia, y el apoyo que ha brindado a departamentos de policía locales y estatales, también han alimentado tácticas policiales abusivas que incluyen varias incursiones sin aviso y la evaluación por perfil étnico de los conductores. Ha erosionado las libertades civiles mediante la expansión de la vigilancia sin orden judicial y ha supervisado las incautaciones arbitrarias de miles de millones de dólares de propiedad privada sin ninguna conexión clara con los delitos relacionados con las drogas. Estas acciones se han dirigido desproporcionadamente a personas de color, lo que contribuye a las disparidades en el encarcelamiento masivo, la propiedad confiscada y el trauma colectivo.
Comenzando tarde en la década de los 90 la manufactura, distribución y prescripción de opioides comenzó a crecer rápidamente. Muertes por sobredosis aumentaron dado que tantas personas tenían prescritos opioides y muchos los mezclaron con alcohol y otras drogas sedantes. Mientras tanto, los tratamientos con opioides que salvan vidas que la DEA regula de cerca, como la metadona, siguen siendo extremadamente difíciles de obtener.
Una década en la crisis, más y más usuarios de drogas de prescripción recurrieron al mercado negro. Aunque la DEA ha tratado de “eradicar” las drogas ilícitas por casi 50 años, usuarios fácilmente podrían comprar pastillas robadas y contrabando, junto con una opción más barata, la heroína. Pronto, algunos empezaron a inyectarse. Siguieron brotes de VIH y hepatitis C.
Necesitamos reimaginar urgentemente cómo nuestra nación regula las drogas. ¿Cuáles deberían ser nuestros objetivos? ¿Cómo podemos diseñar instituciones y métricas de desempeño para lograrlas?
Las respuestas se encuentran a nivel local y estatal. En Rhode Island, las sobredosis de opioides están disminuyendo porque las personas que se encuentran tras las rejas tienen acceso a tratamiento efectivo. Massachusetts ha implementado centros de acogida que ofrecen tratamiento, naloxona y otros servicios. San Francisco y Seattle planean abrir espacios de consumo seguros