“No se equivoca el Gobierno Nacional al considerar una amenaza nacional el aumento desbordado de los cultivos ilícitos. Sin plata para la sustitución, el negocio y la violencia de las mafias avanzan”.
No se equivoca el Gobierno Nacional al considerar una amenaza nacional el aumento desbordado de los cultivos ilícitos. Sin plata para la sustitución, el negocio y la violencia de las mafias avanzan.
Las conclusiones que salieron del último informe de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sobre el comportamiento de los cultivos ilícitos y el narcotráfico en Colombia son terribles: el 68 % de esos plantíos, en el mundo, están en nuestro territorio. Y el 74 % de la cocaína que surte el mercado ilegal, en el planeta, sale del país. La nación nada en coca, pero el problema más inquietante es que amenaza con hundirse si no se actúa de inmediato, sin tregua.
Nunca antes hubo tanta siembra ni tanta producción de alcaloide, se advirtió en el análisis publicado el jueves en este diario. Se trata de 171 mil hectáreas verificadas a diciembre 31 de 2017. Pero son más, según otras agencias e informes que tasan las áreas cultivadas en más de 200 mil ha.
Los hallazgos de la ONU explican que la producción de cocaína aumentó porque los productores, de 2012 a 2017, lograron pasar de 5,2 toneladas a 8,2 toneladas extraídas a cada hectárea, por año. Con “agricultura inteligente”: abonos y cultivos controlados y variedades mejoradas.
A lo largo de 2018 hemos publicado una serie de editoriales que enfatizan en que esta economía ilegal —sus circuitos y tentáculos, su influjo nefasto sobre las comunidades campesinas y sus conductas sociales y entables agrarios— es perversa para el presente y futuro de la nación.
Ese “modelo traqueto” que desdibuja y difumina las fronteras entre legalidad e ilegalidad, lleva progresivamente a que se levanten más y más barreras contra la institucionali- dad y la oferta estatal. A que se fortalezca una mentalidad de corrupción, dinero fácil y justicia por manos propias. Un paraestado en el que se autodestruyen los valores más caros de la economía y la cultura campesinas.
Lo más grave, advierten los reportes citados, es que no hay recursos: los 2,7 billones que se requieren para pagarles a las 77 mil familias que se comprometieron a sustituir los cultivos ilícitos por siembras legales. Se tiene la estructura institucional, pero “no existe partida presupuestal para ello”. Así, contra la oferta voyante, millonaria de las mafias, la periferia rural está en las peores manos.
Antioquia recibe en este contexto muy malas noticias: el 64 % del incremento de los cultivos ilícitos se da en su suelo y en Putumayo, Norte de Santander y Cauca. Nariño es otro “paraíso” de la producción cocalera.
No debe ofender sino preocupar, y mucho, que se diga que “Colombia hoy es un país traquetizado”. De ahí la persistencia y resistencia de los grupos armados organizados como el Clan del Golfo, los Pelusos, los Caparrapos y las guerrillas residuales que, según reciente informe de The New York Times, tiene en las Farc un engendro de cerca de 2.500 hombres que pretenden rehacer una organización siempre nefasta para la seguridad nacional.
Por eso la insistencia en la hondura y gravedad de esta amenaza que son los cultivos ilícitos y el aparato criminal que los rodea. Se espera lo más pronto un plan del presidente Iván Duque y su equipo para afrontar un problema de proporciones mayúsculas, si se entiende en la perspectiva de un mercado creciente, con un dólar caro y redes mafiosas ampliadas en Asia y Oceanía.
Estados Unidos ya activó la alerta y Europa ve con preocupación caer embarques récord de cocaína. Los temores son fundados y no queda tiempo para solo mirar aquel tapete de droga. Hay que empezar a barrerlo ya