Así es la conexión entre “la Terraza” y policías corruptos
Doce servidores públicos, de la Policía y CTI, han sido detenidos por nexos con esa banda desde el año pasado.
Cuando le contaron que la Policía allanó el parqueadero del barrio Campo Valdés de Medellín, el 22 de enero de 2017, un escalofrío estremeció a William Moscoso Monsalve, alias “el Chivo”, cabecilla de la banda “la Terraza”. En ese sitio escondían una tractomula procedente del departamento de Cauca, con 2,3 toneladas de marihuana cripa para distribuir en la ciudad.
En el operativo fueron arrestadas 19 personas y decomisada la mercancía, dentro de la cual había 400 libras de “el Chivo”. La situación lo tenía estresado y temía a lo que pudiesen confesar los detenidos. Tenía que asegurarse que tuvieran la boca cerrada, y debía hacerlo en persona.
A los capturados los llevaron a un calabozo del búnker de la Fiscalía, en el barrio Caribe. Para cualquier mortal, entrar a esas instalaciones implica un tedioso proceso de registro de seguridad, pero para sortear ese obstáculo, “el Chivo” contaba con “don Gato”.
Este era un funcionario del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), llamado Gustavo Alexis Bermúdez Osorio. Laboraba en el Área de Vigilancia del búnker, mas de manera secreta fungía como un espía de “la Terraza”.
Su idea fue disfrazar a Moscoso con un uniforme del CTI y conducirlo por los pasillos de la sede judicial. Fue así como uno de los peces gordos más perseguidos por la Fiscalía, entró “como Pedro por su casa” a sus instalaciones, sin que nadie se percatara.
“El Chivo” llegó hasta el calabozo, donde permanecían los detenidos del parqueadero. Les advirtió lo que podía pasarles si aflojaban la lengua y prometió ayudarles con dinero para menguar el trago amargo de la prisión.
Durante varios años, Moscoso sobrevivió en el mundo del hampa gracias a dos cosas: los contactos heredados de su tío José Leonardo Muñoz Martínez (“Douglas”), el máximo líder de “la Terraza”; y el respaldo proporcionado por varios servidores públicos sobornables.
A pesar de eso, no hay secretos eternos y la suerte le duró hasta el pasado 7 de noviembre, cuando la Dijín lo arrestó en el barrio Los Colores. La investigación de sus actos, adelantada por la misma Policía y por la Dirección de Fiscalías contra la Criminalidad Organizada, permitió descifrar una compleja trama de corrupción institucional.
En los últimos 11 meses han sido capturados 12 miembros de las fuerzas del orden por nexos con “la Terraza”, y los investigadores aseguran que esta olla podrida sería más honda de lo que parece.
¿Ese gato sí sirvió?
“La Terraza” es una de las principales bandas que integran la confederación ilegal de “la Oficina” en el Valle de Aburrá. Tiene influencia en las comunas de Manrique, Aranjuez y La Candelaria, de Medellín. Se dedica al narcotráfico, sicaria-
to, extorsión, desplazamiento forzado, amenazas, desapariciones y cobro de deudas mafiosas, entre otros delitos.
Para ocultar sus operaciones, los integrantes actúan al abrigo de varios funcionarios públicos de doble moral. Según los expedientes, conocidos por EL COLOMBIANO, uno de los enlaces era el subintendente Gabino Antonio Murillo Grajales, adscrito al Grupo de Carabineros de la Policía Antioquia.
De acuerdo con la Fiscalía, era la mano derecha de “el Chivo” para reclutar y coordinar a los agentes corruptos, se reunía con ellos y les repartía las coimas. Fue detenido el pasado 8 de noviembre y luego condenado por concierto para delinquir.
Uno de los contactos que frecuentaba era el funcionario del CTI, Gustavo Bermúdez (“don Gato”). Desde la sala de cámaras del búnker, este personaje vigilaba los movimientos de fiscales y agentes que perseguían a “la Terraza”.
A hurtadillas entraba a los despachos, esculcaba papeles, sustraía y fotografiaba documentos. Entregaba placas de vehículos oficiales y nombres de empleados, a cambio de $3 millones mensuales.
“Una noche de septiembre de 2016, se reunió en el cerro El Volador con Gabino Murillo y ‘el Chivo’, entregándoles una memoria USB con más de mil fotos de actos investigativos, como órdenes de interceptación de comunicaciones, seguimientos y vigilancias realizadas por el CTI. A cambio le dieron $10 millones”, reza el informe del caso.
A “don Gato” lo apresaron el 30 de noviembre, allá mismo en el búnker. En el estrado aceptó su responsabilidad por los cargos de concierto para delinquir y concusión.
Los peones del “rey”
Uno de los negocios más lucrativos de “la Terraza” es el tráfico de cripa, traída desde el norte de Cauca y distribuida en las plazas de vicio de Mede-
llín. Los encargados de ese comercio ilícito eran Eladio Correa Villegas, apodado “Ramón” o “el rey de la marihuana”; y su socio Andrés Misas Botero (“Aguacate”).
Para las autoridades, ellos son responsables de inundar la metrópoli con las decenas de toneladas de cannabis que vienen entrando desde 2016, incluyendo aquel cargamento del parqueadero de Campo Valdés. Tras sus capturas (03/9/17), los investigadores le siguieron el rastro a los policías que, al parecer, permitían el expendio de esa droga en el centro de la capital paisa.
Como consecuencia, el 13 de diciembre capturaron a siete patrulleros de las estaciones Candelaria y Aranjuez, señalados de recibir un millón de pesos mensuales de parte de “Ramón”, desde 2012. Ellos fueron: Carlos Soto Alfaro (“el Gordo”), Fidel Vertel Escobar (“el Cholo”), Luis Valderrama Ibargüen (“Valderrama”), Yhonier Arteaga Morales (“Arteaga”), Rafael Pérez Díaz (“Care Niña”), Hency Granobles Arce (“Robocop”) y Benlly Cartagena Aguirre (“Cartagena”).
Los uniformados rechazaron la acusación, por lo que conservan la presunción de inocencia, y el próximo mes tendrán la audiencia preparatoria para el juicio oral.
La contrainteligencia
Como parte de un preacuerdo firmado con la Fiscalía, “el Chivo” fue condenado a siete años de prisión por concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes.
La cooperación que estableció con las autoridades permitió propinar el pasado 13 de septiembre el golpe más reciente contra la trama de corrupción de “la Terraza”.
Ese día fueron capturados en distintas ciudades el capitán Diego Alexánder Ardila Sánchez y el intendente James Armando Vasco Pulgarín, quienes trabajaron en el Gaula Metropolitano de la Policía; y el subintendente Juan David Caro Diosa, de la Seccional de Inteligencia Policial (Sipol).
En la audiencia de imputación, la Fiscalía señaló que estos funcionarios tenían la misión de desviar las investigaciones contra los miembros del grupo armado y detalló lo ocurrido en dos reuniones clandestinas.
La primera fue en enero de 2016, en una cafetería del barrio Carlos E. Restrepo. El entonces teniente Ardila acudió con el intendente Vasco, quien en el Gaula era el encargado de investigar a los combos del Centro, denominados “convivir”, varios de los cuales trabajan con “la Terraza”.
En la cita, los policías le informaron a “el Chivo” y a Gabino Murillo que había un proceso investigativo en el que mencionaban el alias del cabecilla; que la indagación apenas estaba empezando y había tiempo de torcerla.
Cobraron $20 millones para alterar el informe del caso y, presuntamente, indicar que el tal “chivo” del que hablaban las fuentes era un integrante de la banda “los Chivos”, que delinque en el corregimiento Altavista. El soborno habría sido pagado por Gabino en el estacionamiento de un almacén de Envigado.
La segunda reunión se concertó en julio de 2016 en un centro comercial de El Poblado. El subintendente Caro, de la Sipol, le habría contado a “el Chivo” que varias agencias de seguridad estaban pidiendo información sobre él.
Para que su nombre fuera borrado de los reportes, el cabecilla desembolsó $27 millones por medio de Gabino.
Siguiendo la exposición de la Fiscalía, por otras gestiones, que incluían filtrar datos confidenciales y advertir sobre operativos, el intendente Vasco recibía $400.000 mensuales y el subintendente Caro $2 millones.
Los tres procesados rechazaron los cargos de concierto para delinquir agravado y cohecho propio, declarándose inocentes, y un juez los envió a la cárcel.
Otro policía llegó a tener una relación tan estrecha con la banda que, al retirarse en 2008, se convirtió en uno de
sus cabecillas. Se trata de Carlos Marín Ospina (“Tombolín”), arrestado el 5 de febrero de 2017 en Envigado.
Las autoridades aseveraron en su momento que llegó a tener el mando de 300 hombres de la facción y que incluso estaba viajando a México para coordinar negocios con carteles de la droga.
Uno de los hechos por los cuales procesaron a este expatrullero fue por su participación en el asesinato de un compañero, el agente Rodolfo Gaviria Barragán, abaleado por sicarios en la puerta de su casa del barrio Aranjuez (25/10/08).
La Policía aduce que está haciendo su trabajo, depurando a la Institución de malas influencias (ver la columna).
La investigación contra “la Terraza” apunta a demostrar que estos actos de corrupción hacen parte de un sistema complejo, enquistado en las agencias de seguridad de Medellín. No es un caso más de algunas “manzanas podridas”
“Seguiremos trabajando para detectar a aquellos funcionarios que van en contra de nuestras directrices”. CORONEL YOLANDA ARTEAGA Inspectora de Policía para la Región 6.