Hay que proteger ecosistemas claves
Científicos plantean temas esenciales para asegurar el desarrollo bajo la nueva realidad nacional.
Entre los años 1500 y 2000 Colombia pasó de perder 100 kilómetros cuadrados de selvas a 2.300 cada año. En la región andina ya se removió el 80 % de la cobertura boscosa y en el año siguiente al Acuerdo de Paz con las Farc la deforestación aumentó 44 %. Hoy la selva cubre solo 30 % del territorio.
La paz es una oportunidad y, a la vez, una amenaza para los ricos ecosistemas colombianos y sus habitantes sino se protegen los ecosistemas de actividades ilegales o mal planeadas.
Por eso, un grupo de 20 científicos colombianos y extranjeros, reconocidos en sus medios y campos, exploraron diversos escenarios futuros para el país y encontraron cinco temas vitales, planteando recomendaciones no solo al gobierno sino a los tomadores de decisiones y autoridades ambientales.
El trabajo fue publicado en Frontiers i n Ecology and the Environment, una de las revistas líderes en este tema, y surgió de un encuentro a finales de 2016 a instancias de Alejandro Salazar, investigador postdoctoral en Islandia (entonces en la Universidad de Purdue), con colaboración de este centro universitario y las universidades Eafit y de Antioquia.
Aunque el grupo insurgente sembró coca, los territorios donde estuvieron están mejor protegidos. Los mapas de los bosques actuales y de la presencia de los guerrilleros casi se superponen.
Si a la presión que se evidencia ya sobre áreas de gran riqueza biológica se le suman escenarios previstos por el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático, distintas regiones sufrirán más las consecuencias. El país será más caliente y tendrá déficit de agua en algunas zonas. Si no hay mitigación aumentará el calor y declinará la lluvia en regiones como la Amazonia y La Guajira.
Todo esto hará difícil cumplir la promesa del país bajo el Acuerdo de París de reducir las emisiones de gases de invernadero 20 % a 2030.
La otra promesa al mundo, bajar a cero la deforestación de la Amazonia a 2020, parece imposible de cumplir en este momento.
Una reunión productiva
En esa cita, en la que cada uno expuso su trabajo en su área, actividad abierta al público, y luego en un taller se analizó la situación ambiental nacional. “La idea era conversar acerca del potencial impacto del cambio climático en el país y en los ecosistemas de los Andes”, recuerda Juan Camilo Villegas, investigador de la Escuela Ambiental de la U. de A.
Y la meta, relató Salazar, “era producir un artículo”. Como la reunión coincidió con la firma del Acuerdo, se vio la “pertinencia de analizar las posibles implicaciones para el medio ambiente, por ejemplo en el caso de la deforestación”.
No solo se plantearon los cinco factores que influencian de gran manera el futu- ro ecológico y socioeconómico del país, sino que lanzaron una red de monitoreo de los ecosistemas mediante sensores remotos y satélites, de modo que se rastree la respuesta de los ecosistemas al cambio climático y los cambios en los usos del suelo.
Las cinco claves
El primer punto considerado es el de los usos de la tierra.
Salazar dice que “puede ser perverso continuar con prácticas no sostenibles, como la minería descontrolada, la expansión ganadera o por la presión internacional: demanda de productos que favorecen la deforestación”.
En este tema la prioridad es proteger las áreas boscosas que quedan. Y Villegas explica que el desarrollo se debe concentrar en aquellas que no tienen bosque.
Con las fuerzas del mercado incentivando la extracción de recursos, la minería descontrolada y la expansión de la frontera agropecuaria son amenazas claras.
La Amazonia es la región que más se puede afectar, pero el cambio climático podría pasarle factura alta a la degradada y deteriorada región andina, afectando la productividad agroindustrial, afirma Salazar.
El segundo punto es el de las migraciones: la nueva realidad política y el clima pueden afectar la dinámica poblacional. Personas que migraron por el conflicto pueden retornar y encontrarse con una situación diferente por efectos del cambio climático, hecho que haría más difícil su vida o los obligaría a desplazarse de nuevo, sostiene Villegas.
Todo bien en el papel
Los instrumentos de la política ambiental actual y futura es el otro tema analizado.
En el papel el país cuenta con una extensa legislación y políticas ambientales, pero el nuevo contexto nacional genera inquietudes sobre cómo manejar las promesas en preservación de la biodiversidad y la mitigación y adaptación al cambio climático.
Mucho del futuro de esas políticas depende del manejo, el desarrollo o la preservación que se les dé a las áreas rurales afectadas por el conflicto.
Lograr las metas en deforestación y reducción de emisiones “depende mucho de decisiones en uso de la tierra y el desarrollo rural”, comenta Salazar.
Una recomendación más es tomar decisiones con base en evidencias científicas sólidas, para lo cual se requiere mayor financiación en el monitoreo y estudio de “zonas que no se conocen, que apenas se redescubren, y de las que falta información detallada de cómo van a responder al cambio climático”.
Villegas es contundente al indicar que los científicos están prestos a colaborar, pero esperan ser tenidos en cuenta. Los investigadores recuerdan que acá se hace buena ciencia, hay trabajo, pero con frecuencia las decisiones se toman en otro sentido.
En este orden, la red de monitoreo es una contribución más que debería servir para la toma de decisiones y definición de políticas.
La participación, precisan, debería involucrar las vícti-
mas del conflicto, las comunidades afectadas, los gobiernos y los excombatientes.
Para el grupo de científicos, el desarrollo rural podría ser la clave de un futuro más promisorio y es el quinto punto que tratan en el artículo.
Lo más importante, enfatiza Salazar, es dónde hacer el desarrollo y tener en cuenta a la población.
Un sector bien orientado generará oportunidades para los pobladores del campo y reducirá la presión sobre las atiborradas áreas urbanas.
Aparte de incentivos para manejar y proteger los bosques, se podrían generar programas locales para conectar espacios fragmentados y asegurar la conservación de más áreas.
Está en juego un mejor futuro para los colombianos y la protección de su rica biodiversidad y los variados ecosistemas que la albergan