Policía y Fiscalía, a depuración
Inquieta la constante (sistemática) y profunda corrupción que afecta los organismos de seguridad e investigación judicial. Sin servidores honestos, una delincuencia tan organizada tiene la ventaja.
La imagen de un funcionario del CTI que logra ingresar a un jefe de una de las más peligrosas bandas delincuenciales de Medellín a los calabozos del búnker de la Fiscalía, produce tanta preocupación como desconfianza sobre el nivel de corrupción y penetración del crimen organizado que afecta hoy a las entidades de seguridad e investigación judicial de la región y del país.
Alias “don Gato” ( Gustavo Alexis Bermúdez) lleva disfrazado de funcionario, a las celdas del complejo, a William Moscoso Monsalve, alias “el Chivo”, para que pueda amenazar cara a cara, para que no abran la boca, a algunos de sus compinches capturados en un operativo antidrogas.
Pero si esta es una escena reveladora de los vínculos de los delincuentes con agentes de la seguridad y la investigación judicial, otras más de policías que integran o apoyan redes de microtráfico en el Centro de Medellín acaban por desvirtuar y horadar la confianza ciudadana en la Fuerza Pública y el Estado.
Resultó de gran preocupación un informe aparecido en este diario el pasado lunes 24 de septiembre, que registró en detalle las conexiones entre miembros de la Fuerza Pública y otras entidades con la banda la Terraza, una de las estructuras de mayor recorrido en el hampa urbana y parte de la ya vieja confederación criminal conocida como “la Oficina”. Desde noviembre de 2017 han sido capturados 11 policías y un agente del CTI de la Fiscalía por nexos con ese grupo.
Uno de los propósitos del plan de gobierno del alcalde Federico Gutiérrez era, precisa- mente, la depuración de las instituciones encargadas de combatir todas las modalidades de la delincuencia urbana: desde el robo de celulares, pasando por el de vehículos y la venta ilegal de autopartes, hasta la extorsión, el microtráfico y la explotación sexual.
Pero resulta bastante difícil y cumplible una tarea de esas proporciones, en Medellín, con semejante nivel de conta- minación del crimen organizado en las filas oficiales. Desde el comienzo de esta administración municipal se señalaron filtraciones en la Fiscalía y en la misma Policía, circunstancias que hoy se corroboran.
Varios exagentes policiales, además, han terminado como integrantes de las cúpulas del crimen organizado en el área metropolitana: caben ejemplos como el de alias “Tombo- lín” y alias “Orión” (asesinado en el contexto de retaliaciones de “la Oficina”), lo cual habla de la necesidad de fortalecer el control interno de estas instituciones, en materia de formación y sanciones efectivas, como en un trabajo de contrainteligencia capaz de reducir a niveles mínimos la corrupción que hoy afecta el cuerpo de patrulleros y oficiales y de agentes rasos e investigadores de alto nivel en la Fiscalía.
Sin filtros en la selección del pie de fuerza y del cuerpo de investigaciones de esos entes, será habitual (ahora y en el futuro) que se presenten fugas de información, confidencial y estratégica, para adelantar capturas y allegar pruebas.
Los lectores del citado informe lo expresaron en el foro de lectores de nuestra edición digital: “así, ¿en qué autoridad puede creer el ciudadano? ¿Quién se atreve a denunciar con el riesgo evidente de ser ubicado por los criminales?”.
La tarea de depuración debe ser tan urgente como amplia y profunda. Con estos síntomas de corrupción y descomposición se hace imposible una tarea efectiva y creíble de desarticulación de las superestructuras que gobiernan el crimen urbano, con persistencia histórica y lamentable