MISILES, POBREZA Y SOBERANÍA
Según dijo esta semana Defensa.com (órgano del Grupo español Edefa S.A.) las Fuerzas Militares colombianas pretenden adquirir un sistema de misiles tierra-aire de fabricación israelí, que cuesta 667 millones de dólares, para lo cual el ministro de Defensa (el mismo que quiere criminalizar, a como dé lugar, todo tipo de protesta social) hizo la solicitud ante las comisiones económicas conjuntas del Congreso de la República. Semejante información atrae a potenciales vendedores del mercado internacional en esa materia que, muy bien, cautiva la citada organización española; y, obvio es decirlo, a los intermediarios (muchos de ellos cercanos o vinculados al alto gobierno) que se lucran con las comisiones de estas jugosas compras, máxime si el pretexto esgrimido es la necesidad de defender la soberanía nacional ante los reiterados ataques militares recibidos desde el otro lado de la frontera con Venezuela (la nueva provincia cubana en el continente).
Pero mientras el país anuncia su participación en esta absurda carrera armamentista, las universidades públicas están al borde del colapso porque para su viabilidad y crecimiento sostenible requieren más de 18 billones de pesos. Incluso, muchos municipios (algunos víctimas de los patibularios Bonos del Agua Carrasquilla, cuyo impresentable mentor sigue campante en el ministerio de Hacienda) no tienen dinero para construir acueductos, alcantarillado, sistemas de tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos sólidos; también, el sistema de salud se ha convertido en un mercado burdo que trafica con el dolor y el sufrimiento, pues para 2017 el déficit era de $ 5,5 billones y la deuda con hospitales y clínicas superaba los $7 billones.
Y qué no decir del sistema de pensiones también al borde del síncope (su faltante estimado para 2017 era de 38 billones de pesos), por lo cual el BID a través del informe Bosch señaló, en 2015, que era imperativa una reforma del régimen para solucionar estos problemas: falta de cobertura, alta inequidad del diseño, potenciales riesgos de sostenibilidad fiscal dada la transición demográfica, competencia desigual entre el régimen de prima media (RPM) y régimen de ahorro individual con solidaridad (RAIS) y mejora del funcionamiento de las instituciones relacionadas con el régimen. Por todo eso, Roberto de Ber
nardi representante de la Unicef para Colombia dice, en su Informe de 2017, que aquí se observa “…la prevalencia de la pobreza, las desigualdades, la exclusión y el surgimiento o intensificación de otros tipos de violencia, (que) causan sufrimiento extremo y podrían incluso amenazar la sostenibilidad de los acuerdos de paz en el largo plazo” (que añadimos, tiene un costo estimado superior a los 200 billones de pesos para los próximos quince años). Y completa: “las regiones más pobres de Colombia, donde vive la mayoría de las comunidades indígenas y afrodescendientes, sufren de violencia perpetrada por otros grupos armados no estatales, derivada de actividades económicas ilegales, incluyendo la explotación y el tráfico sexual de niños, niñas y adolescentes”; por eso, dicho documento recuerda: “Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales de América Latina y del mundo” (págs. 4 y 7). Por supuesto, tampoco se debe olvidar -como señala ese Informe- que Colombia es un terruño altamente vulnerable a los desastres naturales; por ello, según datos oficiales, durante 2017 “aproximadamente 100.719 familias resultaron afectadas y 471 personas fallecidas, principalmente en los departamentos de Putumayo, Caldas, Córdoba, Cauca y Antioquia”; y “se destaca el desastre ocurrido en Mocoa, Putumayo, donde una avalancha ocurrida en la madrugada del 1 de abril causó más de 300 muertes y afectó aproximadamente a 17.000 personas”.
En fin, se podría seguir con este amargo inventario de flaquezas y debilidades -las de un país con quince millones de pobres, que tiene una deuda externa total de más de 126000 millones de dólares, y unos contribuyentes al borde de la asfixia- para concluir que el panorama es sombrío. Por eso, la pregunta obligada es: ¿además vamos a gastar dos billones de pesos en armamento?
Mientras el país anuncia su participación en esta absurda carrera armamentista, las universidades públicas están al borde del colapso.