Las claves del decreto antidrogas
Según explicó el presidente, Iván Duque, la medida es de tipo administrativa y no penal.
Finalmente ayer vio la luz el decreto 1844 de 2018 “mediante el cual se faculta a la Policía Nacional para combatir el microtráfico de drogas en espacios públicos”, firmado por el presidente, Iván Duque y sus ministros de Defensa, Justicia e Interior.
Después de un mes de especulaciones frente a cómo se articularía con las sentencias de la Corte Constitucional, que descriminaliza la dosis mínima y la de la Corte Suprema de Justicia, que avala cantidades superiores, finalmente se conoció que se trata de una norma de naturaleza administrativa, mas no penal.
En ese sentido, aclara la Presidencia, que “no se penaliza la dosis mínima y es totalmente respetuosa de las libertades protegidas por las altas cortes y por la jurisprudencia”.
En resumen, se trata de darle más dientes a la Policía, por medio de la modificación del Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Defensa y del artículo 222 del Código de Policía, que otorga la facultad para confiscar cualquier cantidad de droga que un ciudadano porte en el espacio público y evitar que haya comerciantes de droga –llamados jíbaros– camuflados como consumidores.
En ese sentido, se prevé que a quienes les sea confiscada una cantidad igual o menor a la dosis mínima permitida y demuestren, debidamente, su condición de adictos, esta les será devuelta.
EL COLOMBIANO consultó a distintos expertos sobre qué aspectos a favor y en contra generaría este decreto.
1 FORTALECE LA SENTENCIA DE LA CONSTITUCIONAL
Edward Rodríguez, representante del Centro Democrático, consideró que contrario a violar, el actual decreto fortalece la sentencia de 1994 sobre la dosis mínima.
“La sentencia lo que dice es que uno debe considerar diferentes herramientas, lo que no puede es penalizar sino restringir el consumo a los lugares privados. No podemos afectar a nuestros niños, entonces el decreto refuerza a la Corte Constitucional”, explicó.
En ese sentido, desestimó la polémica, pues “en el Código de Policía ya existía y prohíbe el consumo en espacios públicos”. Entonces “lo que hace es que se pueda incautar y que posteriormente se genere un procedimiento especial si alguien quiere recuperar su dosis”.
Por el efecto que puede tener en las calles, parques y demás sitios públicos, Rodríguez consideró que será una herramienta “efectiva”.
2 NO HAY NADA NUEVO EN EL DECRETO
Lucía Ramírez, investigadora de la línea de Política de Drogas en el instituto Dejusticia, recalcó que “no es una medida legislativa novedosa en realidad. Todo estaba en el Có- digo de Policía y esto lo hacen para cumplir una promesa”.
En ese sentido, dudó que haya algún efecto en la reducción del microtráfico con esta pieza: “El Gobierno dice que es para proteger los niños y perseguir jíbaros, pero le vuelcan a la Policía la tarea de identificar en la calle quién está haciendo qué y eso no ataca el mercado del narco menudeo, porque no persigue las cabezas del sistema”.
Además, un análisis de Dejusticia, en 2013, indicó que las actividades de la Policía tienden a concentrarse en aquellos lugares en los que hay una percepción de amenaza, y estos son selectivos hacia hombres, jóvenes y pobres. En una encuesta adjunta, el 23 % de personas de estrato 1 fueron abordadas por la Policía, versus el 14 % de estratos 5 y 6.
Agrega Ramírez que es un riesgo que el decreto no diferencie entre personas con problemas de adicción, consumidores recreativos y de traficantes, que son el objetivo.
3 LA DROGA ES UN TEMA DE ORDEN PÚBLICO
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, tras manifestar su respaldo al decreto, enfatizó que “el país está inundado de droga y eso es gravísimo en términos sociales, de adicciones y de orden público. Pero hoy el problema está directamente relacionado con el orden público”.
Según explicó, existe una correlación directa con el desmonte de estructuras criminales: “Los mafiosos cada vez obtienen más recursos del narco menudeo. Eso les da fortaleza financiera y por ende, militar”.
Además, explicó que las administraciones tienen claro que la orden no implica judicialización “y en eso estamos claros todos”, no obstante, advirtió que las alcaldías capitales están pidiendo acciones también frente a temas de salud pública.
En ese sentido, uno de los aspectos particulares del decreto es que no tiene participación del Ministerio de Salud y su redacción estuvo en manos de la cartera de Defensa.
4 HAY UN RIESGO IMPLÍCITO DESDE LA MOTIVACIÓN
Jorge Palomares, director del Observatorio Constitucional de la U. Libre, advierte que la redacción del decreto “es, en cierta medida, peligrosa. El decreto facultaría a la Policía a requisar a cualquier persona, en cualquier lugar bajo la excusa de ver en ella un consumidor de sustancias”.
Asimismo, el jurista aclara que “la lectura de las normas
da a entender, que no solo se es consumidor, sino que se es consumidor ilegal (dosis personal sin receta médica). Eso iría en contra de la presunción de inocencia y del debido proceso. Por ello, para que haya una debida aplicación del decreto, la Policía sólo podría requisar a una persona cuando vea que consume en los espacios prohibidos en el Código, mas no requisar a discreción”.
Este aspecto preocupa por la posibilidad de que el decomiso obligue al consumidor a reemplazar su dosis y eso termine beneficiando la demanda de estupefacientes en las calles. Todo lo contrario a lo pretendido por la Presidencia.
Palomares agrega que con el Observatorio se leerá cuidadosamente el articulado para analizar si es viable demandarla. De por ende en la Corte Constitucional ya cursa una acción contra los puntos del Código de Policía que fueron “reforzados”