El difícil camino de sanción a violadores
El referendo se ha presentado varias veces sin éxito. Esta vez parece tener voluntad política para que sea realidad.
El asesinato de una pequeña de 9 años en Fundación, Magdalena, no solo encendió las alarmas de las autoridades sino que revivió el debate de si los violadores y asesinos de niños merecen la pena de cadena perpetua.
La vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, sacudió la opinión pública afirmando este martes que el Gobierno “le declara la guerra sin cuartel a los violadores” y anunció que el presidente Duque pidió celeridad al referendo que les da prisión perpetua a quienes cometan este tipo de delitos.
Ayer presidente Iván Duque afirmó que está a favor de la cadena perpetua en estos casos. Dijo que apoya la iniciativa del referendo, aunque no especificó qué papel tendría el Gobierno en esta nueva oportunidad para que la medida pase las diferentes instancias políticas y jurídicas.
Esta no es la primera vez que se presenta esta iniciativa. Una de las más recordadas fue en 2010 cuando la recolección de firmas y la propuesta fue liderada por la fallecida exsenadora del Partido Verde, Gilma Jiménez.
Esa ocasión el referendo se hundió en la Corte Constitucional por vicios de trámite, además por no recibir el apoyo de Álvaro Uribe Vélez como presidente en su momento.
Entre los motivos más relevantes estuvo que la certificación que la Registraduría debía entregar ya estaba en trámite en el Congreso y la Ley indica que el documento debe ser anexado desde el principio.
¿Es la mejor opción?
Las consultas populares, plebiscitos, cabildos abiertos y referendos se crearon, a juicio de los constituyentes de 1991, para escuchar la voz del pueblo y darle la oportunidad a la ciudadanía de que participe y tome decisiones.
Sin embargo, a través de los años son muchas las iniciativas de este tipo que han sucumbido en algún punto del proceso. Consultas antitaurinas y la adopción de niños por parejas del mismo sexo son ejemplos que se quedaron en documentos y no llegaron a las urnas. Incluso el plebiscito para la paz y la reciente consulta anticorrupción no cumplieron el objetivo por el cual se presentaron, por negativa del electorado o por no pasar el umbral. Johana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, se apersonó de la lucha de su madre y defiende hoy la figura del referendo en honor a las víctimas y a las casi 4 millones de firmas que dice han recogido en 2009 y 2017. “El Congreso no ha estado a la altura de lo que los niños de Colombia merecen. Estoy convencida de que a esto le faltaba voluntad política y hoy con el presidente Duque la tenemos. Lo que no quiero es que politicen la iniciativa y se caiga como en el pasado”, aseguró.
Constitucionalistas opinan
Aunque el origen de los referendos y consultas es darle voz, voto y participación a la ciudadanía, el largo camino para que se haga realidad hace que se queden en el olvido.
Para José Gregorio Hernández, jurista y especialista en Derecho Constitucional, “este referendo fracasó en el pasado por motivos formales en la Corte Constitucional, eso significa que la propuesta puede volver a ser presentada y yo estoy de acuerdo, Colombia ocupa un deshonroso puesto en la protección de los menores de edad”.
Hernández agregó que es más factible que el referendo
vuelva a caerse si la propuesta la toma un congresista como bandera, ya que la norma establece que debe estar suscrita al Gobierno o a los ciudadanos.
Juan Manuel Charry, abogado y también especialista en Derecho Constitucional, manifiesta no estar de acuerdo con el referendo para la cadena perpetua contra violadores y asesinos de menores de edad. “Ese procedimiento se cae por su peso, la solución para ese delito no está en incrementar las penas porque va en contravía de los convenios internacionales de derechos humanos. Hay limitaciones en derechos fundamentales”, dijo el especialista.
Según Charry, en Colombia pretenden realizar reformas sensibles a la Constitución dependiendo de la coyuntura. “Venimos de una amnistía e indulto a delitos políticos y atropellos a los menores de edad. Requerimos de una política criminal coherente, pero plantean subir las penas y al mismo tiempo tenemos hacinamiento carcelario”