“Colombia no ha sido ajena a los cambios generados con la llamada “cuarta revolución industrial”, que se ven reflejados en el alto uso de servicios digitales y en el cambio del perfil de consumo de los usuarios”.
Colombia no ha sido ajena a los cambios generados con la llamada “cuarta revolución industrial”, que se ven reflejados en el alto uso de servicios digitales y en el cambio del perfil de consumo de los usuarios.
El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) presentó un proyecto de ley para modernizar el sector que incluye, entre otras, una reforma institucional que responda adecuadamente a los desafíos de la industria TIC. Colombia no ha sido ajena a los cambios generados con la llamada “cuarta revolución industrial”, que se ven reflejados en el alto uso de servicios digitales, en el cambio del perfil de consumo de los usuarios de los servicios de voz, datos, televisión, en donde sigue siendo la conectividad la base requerida para la transformación digital de los diferentes sectores de la economía nacional.
Dentro de las modificaciones institucionales propuestas se debe resaltar que el proyecto acoge las recomendaciones de la Ocde, al unificar las entidades de regulación sectorial, las cuales deben asumir el reto de tener una visión transversal e integral de los mercados y de sus posibles fallas. Esa modificación institucional también genera un impacto positivo en tanto que consolida las funciones de vigilancia y control en una sola entidad, con lo cual se reducen costos operativos de las Entidades sectoriales.
El marco normativo e institucional actual no puede desconocer las realidades del país, ni apartarse del contexto nacional. En la Encuesta de calidad de vida del Dane de 2017 la penetración en Colombia del internet móvil y fijo era de solo el 29,8 % de los hogares. Por su parte, el DNP indicó que solo el 41 % de la pobla- ción tiene acceso a internet de banda ancha móvil y el 12 % a banda ancha fija, mostrando que más de la mitad de la población del país aún debe conectarse e incorporarse a la economía digital.
Ante esta realidad, el proyecto de ley pretende, de manera oportuna, el establecimiento de palancas para el crecimiento del sector. Una de ellas propone migrar de un concepto fiscalista en aspectos como la contraprestación por la asignación de permisos para el uso del espectro, a un criterio de maximización del bienestar social, que propende por el uso eficiente de los recursos sectoriales, que va a permitir que se aumente la calidad, se incentive la innovación, se promueva la inversión, mejorando así mismo la calidad del servicio.
Otra palanca es la ampliación de los plazos de los permisos para el uso del espectro, que pasaría de 10 a 30 años, con lo cual se contribuye a la reducción de la brecha digital, el acceso universal, la ampliación de la cobertura, junto con otros cambios adicionales que resultan importantes para el sector, como permitir que los operadores desarrollen proyectos de ampliación de cobertura en zonas rurales, con cargo al pago de contraprestaciones, con lo cual se garantizan no solo este tipo de proyectos, sino además su sostenibilidad, como problema recurrente que se ha presentado en la mayor parte de las iniciativas gubernamentales que se han desarrollado, como por ejemplo, el plan nacional de fibra óptica.
Por lo que se ve, el reto para este proyecto de ley que es positivo para el país, va a estar en dos aspectos. El primero, que el Congreso lo asuma, como de hecho lo es, como un proyecto necesario para acompañar las políticas públicas que necesitan de las TIC como soporte para su funcionamiento y crecimiento y que una vez aprobado el Ministerio ejecute y ponga en funcionamiento las reformas planteadas