EDITORIAL
De los bienes que se comprometió a entregar la disuelta guerrilla, para reparar a víctimas, solo va el 3,5 %. Otra historia más de impunidad y pobres respuestas a quienes sufrieron daños terribles.
“De los bienes que se comprometió a entregar la disuelta guerrilla, para reparar a víctimas, solo va el 3,5 %. Otra historia más de impunidad y pobres respuestas a quienes sufrieron daños terribles”.
Migajas. Trastos sin ninguna posibilidad de ser comercializados. Bienes muebles o inmuebles, incluso semovientes, que han desaparecido desde el 15 de agosto de 2017, cuando las Farc se comprometieron a entregar $995 mil millones para reparar a las víctimas del conflicto armado que sostuvieron durante más de 50 años con el Estado colombiano. A la fecha, según agencias oficiales, solo se entregaron $35 mil 417 millones. Las explicaciones de sus propios voceros son vagas o, en lo esencial, no las hay.
Los integrantes del hoy movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común remiten las explicaciones a alias “Pastor Álape”, un exmiembro del Secretariado, máxima instancia que tuvo la Farc como guerrilla. Tras casi 15 días de gestiones de este diario, no se pudo conocer la versión de los reincorporados.
Las cuentas de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), agencia estatal encargada de recibir y administrar esos bienes prometidos por los subversivos desmovilizados, hablan por sí solas: apenas se ha recibido “el 3,55 % de lo que la Farc se comprometió, voluntariamente, a entregar para reparar a sus víctimas”.
Si se recuerda que uno de los fundamentos del proceso de paz con esa guerrilla era poner a las víctimas en el centro de los objetivos y beneficios de la desactivación del conflicto, hoy apenas se puede hablar de la disminución de las acciones violentas y de la reducción de los afectados por la guerra irregular y de baja intensidad que sostuvieron las Farc contra la sociedad colom- biana y sus instituciones gubernamentales y civiles.
El paso firme de la reparación aún es solo una huella en el terreno fangoso de las promesas y los constatados incumplimientos del proceso: del oro que devolverían, faltan $1.462 millones. De los semovientes, que eran 21.324, solo se han recibido 224. Por equipos y enseres se recibirían $21 mil 311 millones, el registro a hoy es de solo $200 millones. Y de infraestructura entraban a la reparación $196 mil 622 millones. Solo se pudieron verificar, en rastreo de EL COLOMBIANO, $1 mil 210 millones, que son más un asiento contable que una realidad patrimonial: venderlos, para obtener recursos, es un cometido de buenas intenciones.
De los 720 bienes, entre los que había 606 fincas, apenas van ubicados 299. Es decir, 513 están en el aire. Tarea dificilísima porque numerosos inmuebles están en zonas reocupadas por otros actores armados ilegales, que incluso ya ostentan su control.
Las Farc no son la excepción en materia de dilaciones a la reparación de las víctimas: mediante la ley y el proceso de Justicia y Paz, derivado de la desmovilización de los grupos paramilitares, los postulados solo aportaron el 6,4 % del valor de las reparaciones adelantadas, el 90 % salió del Presupuesto General de la Nación.
Las Farc y el Gobierno de Juan Manuel Santos dieron garantía de no repetición. ¿Qué condiciones objetivas hay para que hechos tan graves no se repitan, sin retaliaciones de cualquier índole, cuando las víctimas asoman a un contexto de incumplimientos y descuidos como este? De burlas, porque apenas obran la retórica y las promesas, y continúa una orfandad evidente.
Los acuerdos con las Farc cojean, no solo por los incumplimientos a los excombatientes rasos. También se deslegitiman y derrumban con informes que retratan la falta de compromiso de la guerrilla para sanar las heridas que causaron sus armas