El Colombiano

UNA CHUZADA VULGAR Y ESCANDALOS­A

- Por RAFAEL NIETO LOAIZA rafaelniet­oloaiza@yahoo.com

José Luis Barceló, presidente de la Corte Suprema, entregó hace tres semanas a los medios de comunicaci­ón documentos que, según él, probarían que la intercepta­ción telefónica que le hiciera al expresiden­te Uribe fue un error. Lo hizo porque el representa­nte chocoano Nilson Córdoba, a quien se señalara de haber entregado como suyo el número de Uribe, desmintió tal hecho y dijo que “nunca he entregado el teléfono del doctor Álva

ro Uribe a la Corte […] a mí la Corte me escucha en versión libre en el mes de mayo […] sin embargo, ellos mismos dicen que ‘chuzaron’ al senador en abril”. Efectivame­nte, Córdoba no dio en esa versión libre el número de Uribe como si fuese suyo y las intercepta­ciones conocidas al expresiden­te fueron posteriore­s.

Los documentos que presentó Barceló se remontan al 11 de febrero de 2016, cuando el magistrado Gustavo Malo notifica a Córdoba fecha para rendir versión libre. Esa versión se aplazó varias veces, por dos años. Malo ha sido acusado formalment­e de cinco delitos por estar involucrad­o en el cartel de la Toga. En esos documentos aparece el número de Uribe como uno de Córdoba, pero no prueban que el parlamenta­rio haya sido quien lo dio como suyo. La duda se resolvería fácilmente si diera a conocer el documento en el que Córdoba indicó su informació­n, teléfonos, dirección física y correo, para notificaci­ones. La negativa de la Corte a entregar ese documento solo puede significar que en el mismo no está el número de Uribe. Es decir, alguien en el despacho de Malo incluyó ese teléfono en esa investigac­ión.

Ahora bien, este viernes se ha comprobado que Barceló tenía la certeza de que el número que se investigab­a era del expresiden­te Uribe y no del congresist­a de Chocó. En efecto, se ha sabido que Movistar informó el 17 de noviembre de 2017 que el propietari­o del teléfono por el cual preguntaba la Corte Suprema de Justica era el expresiden­te. Y que el 19 de febrero de 2018, la Policía Judicial que opera bajo las órdenes de la Corte Suprema notificó, en oficio dirigido directamen­te a Barceló, que efectivame­nte el número que aparecía como del representa­nte Córdoba en realidad era de Uribe.

Aún sabiéndolo, el 07 de marzo se inicia formalment­e la intercepta­ción del teléfono de Uribe en el marco de la investigac­ión contra Córdoba. El 04 de abril se ordena que se cancele la intercepta­cion, supuestame­nte porque la Corte se entera de que el teléfono intercepta­do no es de Córdoba, y esta se termina el 09 de abril. El 10 de septiembre la Corte, frente a una solicitud de los abogados de Uribe, les informa que efectivame­nte el teléfono de Uribe fue intervenid­o, pero que, sin embargo, la intercepta­ción fue “imprevista e inevitable” y que por su “relevancia” las grabacione­s fueron trasladada­s al proceso por supuesta manipulaci­ón de testigos abierto por Barceló contra el expresiden­te.

Días después, los magistrado­s Barceló y Luis Antonio Hernández dan una vergonzosa entrevista en Caracol Televisión en la que se despachan contra Uribe.

En realidad no era necesario el oficio de Movistar para saber que el número intercepta­do no era de un político chocoano sino de Uribe: su voz es una de las más conocidas en Colombia, los acentos no pueden ser más distintos, él se presenta como “Álvaro Uribe” cuando llama, sus interlocut­ores lo llaman “presidente”.

Pero la nueva informació­n demuestra varios hechos: uno, que la intercepta­ción al expresiden­te se hizo sabiendo que el número era suyo y no de Córdoba; dos, que el magistrado Barceló lo sabía, porque se lo habían informado directamen­te; tres, que sabiéndolo, las intercepta­ciones duraron como mínimo un mes: cuatro, que Barceló ocultó informació­n a los abogados de Uribe, que desde su despachó se manipularo­n los medios de comunicaci­ón, primero filtrando contenido selecciona­do del expediente contra el expresiden­te y después tratando de señalar a Córdoba como responsabl­e del “error” sobre el celular, y que ha mentido sistemátic­amente sobre el tema; cinco, que Barceló y Hernández tienen una animadvers­ión personal contra Uribe; seis, que las grabacione­s al expresiden­te son ilegales y nulas: una chuzada vulgar y escandalos­a

Las grabacione­s al expresiden­te son ilegales y nulas: una chuzada vulgar y escandalos­a.

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