El reto es por la salud pública que proteja a los ciudadanos
¿Desde hace cuánto se empezó a librar esa lucha para el control del azúcar en exceso en Colombia?
“No es una lucha por el exceso de azúcar. Es una lucha por que se implementen medidas de salud pública para prevenir la epidemia de obesidad que afecta al mundo. Esto pasa por exigir no solo impuestos a las bebidas azucaradas y/o endulzadas, sino también por medidas de etiquetado claro, veraz y fácil de entender, así como medidas de restricción a la publicidad agresiva de productos ultraprocesados dirigida a menores de edad, entre otras medidas. Esta lucha la venimos trabajando con varias organizaciones desde 2016, pero muchos otros han jalado el debate desde antes”.
¿Ustedes lideraron una investigación sobre el tema, cuáles son esas conclusiones? ¿Qué posición han asumido las compañías responsables?
“Hemos desarrollado un monitoreo a colegios para ver si la autorregulación de la industria se está cumpliendo, pero también varios policy paper analizando el tema de publicidad dirigida a niños, así como visitas de campo viendo temas de publicidad disfrazada de ‘responsabilidad social’”.
Se habla de censura desde estos sectores económicos y la propia SIC, ¿por qué lo dicen?
“En 2016 Educar Consumidores hizo una campaña masiva por TV que fue censurada por la SIC. En 2017 fue Redpapaz quien lanzó una campaña similar, y esa vez fue censurada por el Consorcio de Canales (Caracol y Rcn) En ambos casos, hubo decisiones judiciales a favor de las organizaciones que protegieron su derecho a informar al público sobre los efectos de ciertos productos en su salud. Sin embargo, es frustrante ver que las instituciones se oponen a mensajes de salud pública y usan vías legales para censurar el mensaje. Estos mensajes deberían ser auspiciados por el Estado, ¡no censurados!”.
¿Las compañías los han contactado?
“En el tema de publicidad engañosa creemos que el procedimiento legal es que el Estado (SIC e Invima) contacten a la industria para aclarar la queja y definir si existe una posible sanción. Es lo que indica la ley. En materia de censura Redpapaz tuvo contacto directo con el consorcio quien respondió con frases disuasivas y exigiendo nuevos requisitos para dejarlos poner el mensaje de información de salud pública”.