Pensiones, falta plata
Informe de Trabajo Decente de la Escuela Nacional Sindical alerta sobre condición laboral de jóvenes.
En momentos en los que el debate sobre la reforma pensional tiene una serie de propuestas en la mesa para la discusión, el punto de convergencia, independiente del sector que la plantee, es que el país requiere con urgencia un esquema de protección a la vejez exitoso, incluyente, equitativo y sostenible.
En el informe de Trabajo Decente, presentado ayer por la Escuela Nacional Sindical (ENS), se indicó que en Colombia, en 2017, solo el 38,6 % de los trabajadores cotizaba activamente al sistema pensional.
A su turno, el 22 % de los trabajadores por cuenta propia o independientes figuran como afiliados, aunque los datos de la Superintendencia Financiera no dan cuenta de cuántos son cotizantes activos, por lo que no se conoce su grado de fidelidad al sistema (ver gráfico).
Alberto Orgulloso, director de la ENS, añadió que de cada cien adultos mayores (personas de 60 a 64 años o más), apenas 34 están pensionados, los demás, si no cuentan con una renta para vivir, tienen que sobrevivir de la solidaridad de la familia, del programa Colombia Mayor o en la indigencia.
“Esta situación de exclusión se da porque el sistema está diseñado para que solo se pensionen trabajadores del sector formal de la economía, con alta estabilidad laboral, altos niveles educativos y que trabajan en zonas urbanas. Los demás no tienen expectativas ciertas ni posibilidades de alcanzar el derecho a la pensión”, dijo (ver Opinión).
En ese mismo sentido, en diálogo reciente con EL COLOMBIANO el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Santiago Montenegro, expresó que el ordenamiento legal y reglamentario en el país está diseñado para la gente formal y deja por fuera a la gran mayoría de los trabajadores y sus familias.
Para Orgulloso el reto de la política pública es modificar de manera estructural el sistema pensional, de modo que se asegure a toda persona adulta mayor, independiente de su condición socioeconómica y de si ha cotizado o no al sistema, un ingreso mínimo vital de ciudadanía, que podría ser equivalente a menos de medio salario mínimo.
También propuso dos pisos o niveles más de protección: uno para los trabajadores que tengan ingresos labo-
rales entre uno y cuatro salarios mínimos mensuales, quienes obligatoriamente deberían afiliarse al régimen de prima media con prestación definida, administrado por Colpensiones, y un tercer pilar como un sistema complementario para quienes tengan ingresos superiores a cinco salarios mínimos que deje en libertad al trabajador para que ahorre.
Carolina Montoya, especialista en Derecho del Trabajo, criticó que algunas iniciativas apunten a eliminar el piso pensional del salario mínimo, de manera que el sistema solo reconozca el porcentaje que el fondo de pensiones aplique para otorgar la jubilación.
La coyuntura laboral
Hoy, en la celebración del Día del Trabajo Decente, la ministra de Trabajo, Alicia Arango, insistirá en que el país quiere promover la generación de empleos dignos y estables que garanticen los derechos fundamentales sin ningún tipo de discriminación, que contribuyan a la construcción de una Colombia con legalidad, emprendimiento y equidad. Desde la óptica de Consue
lo Bautista, vocera de la Asociación Colombiana de Empleados Bancarios (Aceb), la apuesta de la ministra no es clara. “Esto es más un acto protocolario, pero no hay iniciativas concretas para defender los derechos de los trabajadores como el respeto a la vida, a la negociación colectiva, a la libertad sindical y al derecho a la huelga”.
Y es que en cuanto a las condiciones laborales en el país, el reporte anual de la ENS sostuvo que se requiere un mayor esfuerzo para lograr la generación de empleos de calidad, estables y productivos, así como para bajar los índices de precariedad e informalidad laboral y controlar las condiciones de vulnerabilidad, especialmente en la ruralidad. La investigadora de la ENS,
Carmen Tangarife, comentó que a la luz de los pilares estratégicos propuestos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el trabajo decente, las condiciones laborales están en déficit.
“En generación de oportunidades, por ejemplo, solo basta mirar la clase de empleo que se está originando, es decir trabajo vulnerable en el que la mayoría corresponde a quienes trabajan por cuenta propia, sin acceso a la protección social”, dijo.
Adicionalmente, Tangarife aseguró que la oferta de más y mejores puestos de trabajo para los jóvenes es un desafío que el país no ha podido resolver, y es uno de los factores que más dificultan su inclusión en la sociedad.
Según las cifras de la Escuela, la tasa de desempleo de los jóvenes llegó a 16,1 % en 2017, la cual triplica la de los adultos ( 5,9 %) y casi dobla la tasa nacional de desempleo (9,4 %).
“El año anterior hubo 1,14 millones de jóvenes desocupados, el 49,4 % del total del país. Y cuando consiguen empleo, estos generalmente son de baja calidad. Seis de cada diez jóvenes se ven obligados a aceptar empleos en la economía informal en condiciones precarias, con bajos salarios y sin protección ni derechos”, precisó la investigadora.
Pero, ¿qué logró la llamada Ley 1429 de 2010 o Ley del Primer Empleo? “Esta no tuvo el impacto esperado, a casi ocho años de su expedición la tasa de informalidad laboral en jóvenes es alta, y hoy 2,5 millones no trabajan, no estudian, no se están capacitando y no buscan empleo, lo cual los expone a ser relacionados con la mendicidad o la violencia”
“Queremos empleos formales, dignos y estables, para contribuir a la construcción de un país mas equitativo”. ALICIA ARANGO Ministra de Trabajo.