Universidades públicas vuelven a las calles a exigir más recursos.
El déficit supera los $16 billones, según el Sistema Universitario Estatal. El Mineducación dice que con los $41 billones de presupuesto, para 2019, muestra su compromiso.
Como viene sucediendo cada año desde 1993, los estudiantes de las universidades públicas del país dejan en evidencia la difícil situación que enfrentan las instituciones donde se forman académicamente. Esta vez, el reflejo de su reclamo se basa en el déficit de $16 billones para funcionar, operar y mantener los indicadores de cobertura y calidad académica.
Aunque esta voz se eleva con la coyuntura de la discusión del Presupuesto General de la Nación, estudiantes, docentes y rectores consultados dicen lo contrario, y se refieren a “problemas coyunturales reales”, que se viven en las sedes de las 32 universidades públicas y que por esta vía sufren los cerca de 650 mil estudiantes matriculados.
Por esa falta de recursos y por lo que consideran desidia estatal volverán a las calles este miércoles, ese lugar de cada ciudad que les ha servido de escenario para mostrar sus inconformismos. En Medellín saldrán desde varios sitios (ver infografía), a las 2:00 de la tarde, para terminar en el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.
Se mueven
“Con esta jornada, en la que esperamos participar al menos 500 mil estudiantes en el país, buscamos que la sociedad se dé cuenta de lo que está pasando, que se entere que sin universidad no hay futuro”, asegura Alejandro Palacio, presidente de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de Educación Superior (Acres) que integra a estudiantes de universidades públicas y privadas.
La misma visión tiene Jennifer Pedraza, representante estudiantil ante el Consejo Superior de la Universidad Nacional, quien es clara al afirmar que “este reclamo no es nuevo, los problemas económicos de las universidades empezaron a registrarse desde la Ley 30 de 1992, es decir, llevamos 26 años viviendo lo mismo”, debido a que se congeló el presupuesto y se fijó su aumento solo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Lo peor del caso, dice Pedraza, es que no ha habido un solo gobierno que
ponga como prioridad la educación. Aunque en el gobierno Santos el presupuesto fue el más alto de la historia, con $37,49 billones, la inversión apenas llegaba a $3,42 billones. Los 34 billones restantes eran para gastos de funcionamiento divididos en varios items, entre ellos los más representativos: nómina, $8,51 billones y pensiones de $3,79 billones.
El rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema universitario Estatal (SUE), Jairo Torres Oviedo, sostienen que por eso saldrán a movilizarse, teniendo en cuenta que, aunque el dinero es “más que necesario” se deben solucionar otros problemas estructurales, como cobertura, mantenimiento de sedes y el cierre de brechas entre los sectores rural y urbano.
El Gobierno, por su parte, ha sido claro al plantear que no cuenta con los 16 billones que reclama la Universidad Pública. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, respondió ayer que “el compromiso de este gobierno se demuestra en el proyecto de ley de presupuesto, que está calculado para 2019 en $41,26 billones, que está dividido en gastos de funcionamiento e inversión, pero estos no están desagregados porque el presupuesto aún no ha sido aprobado en el Congreso.
Nuevamente el problema son los altos gastos de funcionamiento. Pues con esta cifra, realmente, en el mejor de los casos quedarían solo $4,4 billones para “palear” la crisis, según el proyecto de ley de Presupuesto.
Señala Angulo, este será el primer “impulso”, pues durante los cuatro años del gobierno se “priorizará la educación de los colombianos”
Preocupaciones
Por eso, Luisa Charry, delegada de la Universidad de An-
tioquia en la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior, sostiene que lo que se busca es que la reforma “sea estructural y no que responda a una coyuntura”. Además, plantea que no solo sea impulsada por los docentes o estudiantes, sino que comprometa al Ministerio, los rectores y representantes de la sociedad.
Otro punto que les preocupa a estudiantes y rectores es que no haya represalias contra quienes se movilicen y cesen sus operaciones. Por ello, en el pliego de peticiones radicado ante el Congreso, destacan que “exigimos que no se tomen medidas en contra de ningún miembro del movimiento, por lo tanto so-
licitamos a las diferentes organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos brindar apoyo durante la agenda de movilización que proponemos desde el movimiento estudiantil y así garantizar nuestro accionar seguro”, expresan.
¿Origen del problema?
Para entender el inicio del déficit presupuestal del sistema universitario, tan solo hay que mencionar la Ley 30 de 1992, pues congeló el presupuesto. Es decir, mientras las universidades crecían en estudiantes, profesores, investigaciones y, se les imponían nuevos indicadores de calidad, la plata para su funcionamiento en la actualidad resulta menor,
pues aunque aumenta con el IPC, hoy no se vive la misma realidad de hace 26 años.
“Se desconoció que con el paso del tiempo las universidades crecerían, aumentarían sus capacidades y se verían apretadas porque los mismos recursos no alcanzarían para todo”, resume Santiago Fonseca, representante estudiantil de la Universidad Nacional en Bogotá, quien también critica que la única apuesta sólida del Ministerio de Educación es la promoción de créditos educativos a través del Icetex, lo que genera endeudamiento, inequidad y reduce a un crédito el concepto de universalidad en la educación superior.
Frente a esta realidad, el rector de la Universidad de Antioquia, John Jairo Arboleda,
ha manifestado que la institución tiene “enormes problemas financieros, directamente relacionados con el desfinancimiento, por lo que se está trabajando dentro de la institución para reducir gastos”.
“Tenemos un déficit calculado, desde 2018, de $68.700 millones. El acumulado está cercano a los $113 mil millones. Ajustamos el gasto, vamos a fijar un marco fiscal que nos permita tratar de no invertir más de lo que recibimos”, explicó el rector.
Una idea similar tiene el economista y exministro Amilkar Acosta, quien en un análisis que realizó como antesala a la movilización de hoy, destaca que “está claro el descalce entre los recursos asignados por ley y los requerimientos de las 32 universidades públicas”.
El exministro, citando cifras de la Asociación Colombiana de Universidades, destaca que el número de estudiantes matriculados en pregrado pasó de 159.218 en 1993 a 611.800 en 2016, es decir, creció casi cuatro veces y la cobertura se amplió entre el 2010 y el 2016 del 37,1 % al 51,5%, lo que refleja “la necesidad de un mejor presupuesto”. “Si bien es cierto que el Gobierno Nacional y el Congreso han hecho un esfuerzo por mayores recursos, se han visto desbalanceados”