El retorno incompleto que viven las familias de Puerto Valdivia
Apenas 1.500 de las más de 2.000 evacuadas pueden retornar a sus hogares.
Aunque la alerta roja se mantiene sobre el corregimiento de Puerto Valdivia, en el norte de Antioquia, EPM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo autorizaron que este mes 1.500 de las más de 2.000 familias evacuadas regresen a sus viviendas.
Ana Milena Joya, gerente Ambiental y Social de EPM, explicó que la situación de alerta no ha cambiado desde el 14 de junio, cuando una circular de la Ungrd delimitó la mancha de agua (zona que se podría inundar en caso de creciente en el río Cauca, derivada del proyecto Hidroituango, calculada en 8.100 metros cúbicos por segundo. Ver mapa).
Según Joya, los funcionarios de EPM visitaron la zona y depuraron, casa por casa, quiénes quedaban en zona de riesgo. Como resultado, encontraron que 1.500 casas están por fuera de esa mancha y por eso sus dueños pueden volver y estar seguros.
“Antes del retorno les damos una capacitación en gestión del riesgo, un mercado, apoyo económico y sicosocial, y gestionamos la recuperación de los servicios públicos y de las zonas deterioradas. A hoy (ayer martes) ya regresaron 84 familias que estaban en los albergues espontáneos”, dijo.
Los que quedan
600 familias están dentro de la mancha de inundación y por eso seguirán en autoalbergues. EPM informó que a ellos se les seguirá pagando el auxilio de arrendamiento que va entre $1,1 y $1,5 millones, según el tamaño de la familia.
Jonás Henao, alcalde de Valdivia, aseguró que los pagos de esos auxilios están al día y que la Alcaldía tiene un convenio vigente con EPM para asegurarse de que los recursos se entreguen a tiempo.
“También estamos haciendo mantenimiento de un colegio y dos escuelas para que los niños regresen a clases. Y como el centro de salud está dentro de la mancha de agua, EPM nos pondrá una ambulancia con un médico, la EPS Coosalud tendrá un hospital de campaña y una unidad móvil y EPM tendrá que gestionar otra unidad móvil”, aclaró.
Los “fantasmas”
El problema de las autoridades son las 400 familias que aparecen en el registro de damnificados, pero cuyas viviendas no fueron ubicadas. “Sabemos de gente que vivía en Medellín hace 10 años y se regresó tras la emergencia”, dijo Henao.
Agregó que de las 226 familias instaladas en los albergues espontáneos, 95 no han podido comprobar su arraigo.
El coronel Luis Fernando Ortiz, representante de la Ungrd, dijo que estas personas podrán ser sancionadas con penas de entre 5 y 9 años de prisión, y multas que van desde 200 hasta 1.000 salarios mínimos, según la Ley 1474 de 2011