Peros de la inversión China
Según informe, el país asiático violaría derechos humanos en América.
Planes económicos de ese país han desplazado comunidades y afectado al medio ambiente en el continente, dice informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos. El panorama.
El avance económico China en América Latina en los últimos años ha dejado daños colaterales: comunidades indígenas desplazadas, impactos negativos en el ambiente y represión a líderes sociales. Esta es la conclusión del informe, que se conoció ayer, de la Federación Internacional de Derechos Humanos (Fidh), que analizó los efectos de 18 proyectos mineroenergéticos en Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador y Perú, liderados por bancos, compañías públicas y privadas del país asiático.
La investigación identificó un “patrón de violaciones de derechos humanos” en los procedimientos de ejecución de estas iniciativas económicas. Jimena Reyes, directora para América de la Fidh, le dijo a EL COLOMBIANO que “en la mayoría de los casos hay criminalización de quienes desde la comunidad se oponen a estos proyectos, así como un irrespeto sistemático a los estándares internacionales de expropiaciones”.
De los 18 proyectos que tuvo en cuenta la organización, 15 están en zonas de in-
fluencia indígena, 11 en áreas naturales protegidas, 5 en territorios que son patrimonio cultural y natural reconocido por la Unesco y 12 se desarrollan en la región amazónica ecuatoriana, boliviana y brasileña.
Unas de estas iniciativas, operadas por filiales de empresas estatales chinas en Ecuador, son los negocios petroleros Bloque 14 y 17. Contra la constitución de este país, estos operan en parte de la reserva de biósfera Yasuní, uno de los bastiones ambientales del planeta.
En el campo de la minería, las empresas asiáticas que adelantan los proyectos Mirador y San Carlos Panantza han interpuesto juicios civiles contra familias sin títulos de propiedad en las zonas y se han valido de estrategias jurídicas para desplazar a al menos 42
comunidades indígenas de su zona de influencia.
Debilidad institucional
“Es muy obvio que las empresas se aprovechan de la fragilidad estatal de los países de la región o presionan para que estos bajen sus estándares”, afirma Reyes. Una prueba de este oportunismo es el caso de Perú, donde desde 2009 la ley permite que las empresas extractivas contraten fuerzas se seguridad estatales o privadas para proteger sus actividades.
Por ejemplo, la Policía Nacional de Perú es la encargada de la seguridad de la mina de cobre Tomorocho, de la empresa estatal Aluminum Corporation of China. El informe señala que las fuerzas oficiales han “cometido actos de intimidación, hostigamiento y vigilancia” contra los residentes de la provincia de Yauli.
Pero China no solo se fija en América Latina por la eventual laxitud de sus leyes para proteger las comunidades. Como explica Pablo Echavarría, director del centro de estudios Asia Pacífico de la Universidad Eafit, “América Latina tiene recursos que le hacen falta a China, como energéticos y petróleo; así como alimenticios con la soya en Brasil y Argentina”.
Este interés ha incentivado la relación comercial entre la región y el país asiático, la cual se multiplicó 26 veces entre 2000 y 2016, según los boletines estadísticos del ministerio del comercio de China. Además, el Banco de Desarrollo de China se ha convertido en el mayor prestamista internacional de esta parte del continente , superando al Banco Mundial y al Banco Interamericano de Desarrollo. En 2017 los préstamos chinos llegaron a 145.000 millones de dólares.
Todo lo anterior deja a la potencia oriental en una posición de ventaja frente a unos gobiernos latinoamericanos que perciben los beneficios en el desarrollo de infraestructura. Entre tanto, las comunidades sufren las consecuencias