A cuadrar caja
Medellín sigue pendiente de qué pasará con la venta de acciones de esta empresa para superar la crisis de Hidroituango y lograr el dinero para inversión social. Este es el actual debate.
El proyecto de acuerdo 150, por medio del cual la Alcaldía busca el aval para vender participaciones accionarias de EPM para superar la crisis en Hidroituango, es el más taquillero del año.
La iniciativa, que todavía no tiene fechas definidas para los debates, será discutida durante el tercer periodo ordinario de sesiones que inició el primero de octubre y va hasta el 30 de noviembre en el Concejo de Medellín.
EPM pide el aval para sacar a la venta sus participaciones accionarias en ISA (10,1 %), en Hidroeléctrica del Río Aures (42 %), en Gestión Energética (0,1 %), en Inversiones de los Aseguradores Colombianos (0,03 %), en Terpel (0,004 %), en Emgesa (0,0007 %) y en Davivienda (0,0005 %).
A estos activos nacionales se suman las chilenas Aguas de Antofagasta y el parque eólico Los Cururos, paquete completo por el que EPM recibiría entre $3,5 y $4 billones.
2020 será el año crítico
EPM le transfiere cada año a Medellín el 55 % de sus utilidades. Estos recursos, en el periodo 2008-2016, correspondieron al 20 % de los ingresos totales del Municipio (ver gráfico histórico).
Este monto, según el Informe de Calidad de Vida de Medellín, representa un apalancamiento en la inversión pública, teniendo en cuenta que estos dineros deben ser destinados solo a inversión social, tal como lo establece un acuerdo municipal.
“Esto ha permitido sobresalir en el panorama nacional como la ciudad de mayor inversión per cápita entre las más importantes del país”, señaló el informe.
Educación (31,1 %), transporte (14,4 %) y recreación (9,4 %) fueron los sectores que más financiación recibieron en los últimos dos años.
Ahora bien, según la proyección de EPM, el año crítico para las transferencias a Medellín será 2020, cuando se
presupuestan solo $769.000 millones, la cifra más baja desde 2009. La razón es que para ese año se descontará de las utilidades la baja de activos por la casa de máquinas, todavía inundada por desviar el cauce del río Cauca.
El panorama mejorará en las vigencias posteriores, cuando EPM presupuesta el pago de los seguros por Hidroituango y el comienzo de la operación. Para 2021 espera entregarle al Municipio $1,03 billones y en 2022, una cifra récord con $1,8 billones. En 2023 se normalizará el flujo con $1,31 billones.
La justificación municipal
Con los dineros que EPM espera recibir por las enajenaciones (entre $3,5 y $4 billones) pretende asegurar el flujo de caja para cubrir los tres años de retraso que tendrá Hidroituango, estimando que el primer generador opere en 2021.
Orlando Uribe Villa, secretario de Hacienda de Medellín, contó que una vez se presentó la emergencia en el proyecto hidroeléctrico empezaron a estudiar las alternativas para garantizar cinco escenarios: poder recuperar la central; no frenar el plan de inversiones ($11,7 billones entre 2018- 2020); continuar pagando la deuda ($17 billones); y seguir transfiriendo utilidades a Medellín ($1,2 billones en 2018).
“La única alternativa que quedaba era enajenar activos”, dijo Uribe. “Este Municipio se sostiene con ingresos propios pero no mejora calidad de vida, necesita la plata de EPM. Medellín es la única ciudad en América Latina que tiene una empresa pública que genera ingresos por entre 300 y 400 millones de dólares anuales al presupuesto local”, añadió.
Jorge Londoño De la Cuesta, gerente de EPM, dijo por su parte que “por el momento que estamos viviendo, esta enajenación es lo más oportuno por la necesidad de financiación que tiene el Grupo. EPM no está afectada en sus fundamentales financieros, tiene hoy un problema de liquidez que lo va a cubrir”.
Un anticipo del debate
El primer debate del proyecto será en la Comisión Primera del Concejo, encargada de estudiar enajenaciones que propone el Municipio y, de ser aprobado, pasará a la plenaria.
Simón Molina Gómez, coordinador de concejales ponentes de la iniciativa, contó que en las socializaciones realizadas la semana pasada intervinieron la Contraloría, la Personería, los gremios (Andi, Cámara Colombiana de la Infraestructura, Camacol y el Comité Intergremial) y representantes de la academia.
“No se pueden mezclar temas en la discusión del proyecto de acuerdo. Nada tiene que ver con responsabilidades en Hidroituango ni las inversiones en Chile. Luego el Concejo seguirá haciendo control político, a exigir responsables, saber quien tomó decisiones que llevaron a la actual contingencia”, dijo Molina, quien añadió que “no implica la privatización de EPM, no es el objeto de la discusión. Se trata de darle herramientas para que pueda seguir adelante con su plan de inversiones en un momento de riesgo alto”.
El concejal Bernardo Alejandro Guerra dijo que aunque el proyecto pretende sacar del apuro financiero a EPM por la emergencia, “el debate no puede ser solo del 150, se deben abordar las causas y res-
“EPM no está afectada en sus fundamentos financieros, tiene un problema de liquidez que lo va a cubrir”. JORGE LONDOÑO DE LA CUESTA Gerente de EPM
ponsabilidades que originaron esta situación porque ningún Concejo de Medellín había autorizado una venta de activos por $4 billones para cubrir una emergencia”.
Guerra dijo que EPM ha en- tregado “información marginal y residual” y que mientras no “entregue toda la documentación, el debate y la toma de decisiones será muy difícil”. Opinó que antes de vender sus acciones en ISA, EPM debe enajenar sus acciones en UNE porque “ISA hace parte de su negocio, con la posibilidad de estar sentado en la mesa que define la distribución de energía en el país”.
Por la misma línea está la
concejal María Paulina Aguinaga, quien opinó que además de Hidroituango, la actual iliquidez de EPM se debe a decisiones administrativas que implicaron incumplimientos de indicadores de endeudamiento con entidades internacionales desde 2015.
Aguinaga también propuso desistir de la venta de la participación en ISA por la posición estratégica de los negocios de esta, tanto en Colombia como en Perú, Chile y Brasil, que la hacen un activo fundamental para los intereses del negocio de electricidad. “Venderla le restará posicionamiento estratégico a EPM y permitirá el fortalecimiento de su competencia”.
Sugirió, en reemplazo, vender el Grupo Deca II de Guatemala, dedicado a la transmisión de energía, y disminuir las transferencias extraordinarias a Medellín hasta 2021.
La concejala Luz María Múnera, quien anunció voto negativo, “espera que haya cambios en el proyecto 150 y que el alcalde y la gerencia piensen más en EPM y menos en los contratistas”, afirmó.
Opinó que la enajenación debe ser de los activos que la empresa tiene en el exterior y no de las participaciones accionarias nacionales. “Vender las acciones en ISA es un mal negocio. La plata que necesita EPM solo debe provenir de los activos que tiene en el exte-
rior”, concluyó Múnera.
Aura Marleny Arcila, presidenta del Concejo, pidió a EPM resolver todas las inquietudes de los concejales antes de empezar los debates. “Aspiro a que en este periodo se defina si se aprueba o no la solicitud que hizo EPM. Es importante definirlo porque es indiscutible el problema de liquidez que tiene EPM”.
Opiniones de más sectores
José Fernando Villegas, director Seccional de la Cámara Colombiana de Infraestructura, opinó que EPM está tomando decisiones convenientes para atender la situación generada por Hidroituango, que la obliga a tener caja con cierta velocidad con la venta de acciones en ISA y en Chile, además de pequeñas acciones repartidas en otras compañías sin ningún sentido estratégico.
“La emergencia no ha terminado, primero hay que salir de la crisis y después que se vengan las acusaciones. Todavía no sabemos la magnitud de los daños”, afirmó Villegas.
Martín Alonso Pérez, presidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, instó a que primero se restablezca la tranquilidad de las comunidades aguas abajo y recuperar la casa de máquina para que el proyecto pueda cumplir su fin de generar energía en 2021.
“Se deben despejar las dudas jurídicas, contractuales y saber qué fue lo que pasó. La mejor manera es entregar respuestas a los entes de control para determinar responsabilidades y responsables”, dijo.
El Comité Intergremial de Antioquia respaldó la venta de activos para enfrentar la contingencia y pidió que el debate se aparte “de intereses políticos y mediáticos para orientarse sobre información precisa que realmente lleve a superar la incertidumbre”
“Vender las acciones en ISA le restará posicionamiento a EPM y permitirá el fortalecimiento de su competencia”. MARÍA PAULINA AGUINAGA Concejala de Medellín