El Ejército en los barrios
En la situación singular de seguridad de Medellín, con sus altibajos, la presencia de militares, sin injerencia operativa, representa un factor clave de respaldo y firmeza a la autoridad del Estado.
El debatido papel del Ejército en tareas urbanas de seguridad, se despeja en Medellín y su área metropolitana cuando se analiza la pertinencia de su patrullaje y refuerzo para disuadir del delito a numerosos, complejos y diversos actores criminales que aprovechan las limitaciones del pie de fuerza policial para imponer condiciones y someter a la ciudadanía a un régimen de ilegalidad que, muchas veces, es acompañado por la violencia y el terror.
Las normas y las recomendaciones internacionales, y las mismas disposiciones constitucionales y legales colombianas, contemplan para el Ejército roles concretos de seguridad frente al conflicto armado interno y en materia de defensa y control fronterizos. Pero la realidad actual en la que la seguridad ciudadana debe ser una prioridad de Estado y gobierno (en la amplitud de sus escalas y jurisdicciones), reclama un Ejército activo, solidario en la contención de los fenómenos delincuenciales de ciudades y pueblos.
Medellín vivió la reciente experiencia, hace poco más de un año, en la intervención masiva de las Fuerzas Armadas en un territorio conflictivo como Castilla. Se demostró en la práctica la confianza que los habitantes de esa comuna depositaron en organismos como el Gaula del Ejército, para señalar a supuestos integrantes de los combos y bandas que allí extorsionaban y dominaban el microtráfico y otras finanzas ilegales.
Más que pedir o permitir que el Ejército desborde sus funciones y atribuciones, se trata de entender que su pa- trullaje, su presencia y cercanía con las comunidades debe significar un factor de tranquilidad y compañía a las instituciones de gobierno y seguridad que sí tienen la responsabilidad directa de operar y combatir a los criminales y su influjo de ilegalidad.
No se trata de otorgar o encomendar labores al Ejército que suplanten las de la Policía o la Fiscalía, sino de entender que dentro de los valores y misiones de los militares por supuesto está proveer a la comunidad un manto de respaldo y seguridad que no sobran, que, por el contrario, hacen falta en las condiciones aún frágiles de convivencia de Medellín y el Valle de Aburrá.
Incluso las tareas cívicas bien encomendadas a las tropas han mostrado resultados con otros grupos y sectores periféricos como las tribus indígenas del país. ¿Por qué habría que presumir que el patrullaje y el control de los militares solo desemboque en abusos de autoridad y situaciones adversas y confusas para la gente en los barrios?
Aunque pudiese haber algunas denuncias que deban atenderse sobre supuestas violaciones de derechos humanos o arbitrariedades, por parte de miembros del Ejército, ello no puede ser excusa ni argumento para tomar el camino fácil de invalidar la presencia de una fuerza militar que, en vez de estar inutilizada y pasiva en los batallones, refuerce campañas urbanas de seguridad y control.
Desconfiar o descartar, per se, los atributos y funciones del Ejército, dadas sus asignaciones claras y prioritarias de atender la soberanía nacional, resulta de una pobreza práctica inentendible cuando son evidentes la amenaza y el influjo constante de las bandas criminales en las comunidades barriales, muy en especial en los menores de edad.
Hay que elevar el prestigio y la calidad de las Fuerzas Militares, mediante una visión moderna de su papel clave para afianzar la democracia y las garantías ciudadanas